Las dos horas y media de trabajo no presencial de los empleados públicos se controlarán como la jornada laboral ordinaria
El Consejo de Gobierno ha ratificado este martes el acuerdo entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT que establece la vuelta a la jornada laboral de 37,5 horas semanales, pero de las que dos y media no serán presenciales para evitar romper con la dinámica que se había creado este último año. Con ello “se cumple la sentencia de Tribunal Constitucional (TC)” que tumbó el decreto por el que la Junta de Andalucía implantó desde enero de 2017 las 35 horas, en palabras de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.
Ésta ha explicado que el control se hará igual que con la jornada laboral ordinaria, porque “no tiene sentido” establecer un sistema extra de vigilancia, si bien se está ultimando un catálogo de las tareas fuera del centro de trabajo que podrán computarse dentro de esas dos horas y media. Como por ejemplo, el estudio de legislación, la preparación de casos clínicos, trabajos de investigación o la formación.
El objetivo es que el 8 de enero de 2018, cuando termine el periodo de vacaciones navideñas, esté en vigor el nuevo modelo, con el citado catálogo, si bien éste podrá irse incrementando con nuevas posibilidades para computar esas dos horas y media. Eso sí, la consejera ha explicado que el cómputo se hará por año, igual que ha matizado que “cada sector tiene un sistema de seguimiento distinto”.
En esta línea, la consejera ha recordado que mientras que los docentes tienen regulado su horario con la jornada lectiva, en el caso de los servicios sanitarios no hay este tipo de control, sino que lo hacen los responsables de personal en cada centro de trabajo, mientras que en la administración general hay edificios con tornos y otros que no disponen de los mismos.
Ha recordado que “la Junta de Andalucía tiene plenas competencias en la ordenación de la jornada laboral”, por lo que este acuerdo nace con todas las garantías. De hecho, pese a que se remitió para su revisión en el Tribunal Constitucional (TC), ha dicho que se hizo por el “contexto” en el país, con la crisis de Catalunya como telón de fondo, por lo que no no querían dejar “ninguna duda de la voluntad del Gobierno de Andalucía de acatar su sentencia”.
“El Gobierno de Andalucía hace de contrapeso a los que quisieron debilitar lo público y mermaron los derechos de los empleados públicos”, ha enfatizado María Jesús Montero para defender las bondades de este acuerdo, dejando claro que van a “batallar” por la recuperación de los mismos.
“El Gobierno de España deberá explicar por qué ha aprovechado la crisis para quitar derechos a los trabajadores públicos”, ha continuado la consejera. Ésta ha recordado que “son el corazón de los servicios públicos” y ha incidido en su “generosidad” para mantenerlos pese a la situación.
Cuando en 2012 el Gobierno de España decidió obligar a una jornada laboral de 37,5 horas para ahorrar en empleo público, había nueve comunidades autónomas cuyos trabajadores disfrutaban de un horario de 35 desde 1999. El resto, igual que los de la Administración General del Estado (AGE) trabajaban y trabajan las 37,5.
