La Invisible se enfrenta a su desalojo
La Casa Invisible afronta otra vez una situación que parece de no retorno, pero ahora la amenaza es muy concreta: el ayuntamiento de Málaga está decidido a recuperar el inmueble que durante los últimos once años ha servido de avanzadilla de los movimientos sociales y a la cultura alternativa a la oficial de terrazas y museos. El procedimiento avanza sin pausa. El equipo de gobierno, que nunca vio con buenos ojos el proyecto, adoptó la decisión de ordenar el desalojo de La Invisible en la Junta de Gobierno Local de este viernes, cuyos diez integrantes son del PP. El posible desalojo de la Invisible agita el tejido asociativo de la ciudad y tiene claras implicaciones políticas. Los activistas entienden que la orden es ilegal.
La Junta de Gobierno Local ordenó el viernes el desalojo del edificio, un inmueble del siglo XIX de propiedad municipal, okupado por los activistas en 2007, que ha albergado desde entonces actividades culturales, talleres, charlas y distintas reuniones de movimientos sociales (la PAH o, más recientemente, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas tienen allí su germen). El ayuntamiento alega que las actividades que allí se desarrollan no son seguras, que el edificio amenaza ruina y que los activistas han incumplido sistemáticamente la orden que emitió a finales de 2014, prohibiendo realizar actividades de pública concurrencia.
Después de años barajando la opción de ceder el edificio, de firmar un protocolo de intenciones (con foto de entrega de llaves de Francisco de la Torre, el alcalde, a los activistas) y de arrastrar los pies durante los últimos tiempos para dar una solución definitiva al asunto, el equipo del PP se agarró a una protesta de Ciudadanos a cuenta de una obra artística para decidir que su tormentosa relación con la Invisible había terminado.
En octubre de 2015 el alcalde había declarado: “Siempre he mencionado el concurso como una de las posibilidades, pero ahora mismo estamos más centrados en la alternativa de la cesión directa”. Los activistas habían constituido una fundación de interés público para optar a la cesión y habían entregado un proyecto de rehabilitación del inmueble por fases. También habían avanzado en las fórmulas de financiación.
Dos años después, en octubre de 2017, el equipo de gobierno encontró la excusa política para desencallar la situación. La Invisible mostró en su fachada una bandera de España con forma de horca, dentro de una exposición colectiva titulada La Guerra. Espacios-tiempos de conflicto. En la agitación política por la consulta en Cataluña, Ciudadanos montó un escándalo y llevó a Pleno la petición de que el inmueble saliera a concurso. Para sorpresa de los activistas, el equipo de gobierno la apoyó. La programación, meses después, de una charla con dos ex miembros de Grapo (finalmente cancelada) aceleró el proceso.
En febrero de 2018, el ayuntamiento rechazó formalmente la cesión que pedía la Fundación constituida por los activistas y a la vez inició el expediente para desalojarlos. El consistorio argumenta que se ha incumplido reiteradamente la orden de no realizar actividades de libre concurrencia en el edificio, porque sigue habiendo charlas, reuniones y eventos en el patio. “La paradoja es que han consentido esa situación, no han resuelto en tres años un recurso que se interpuso para levantar la medida en relación al patio”, explicaba a este medio Amanda Romero, abogada de La Invisible, en un repaso a la situación el pasado abril.
Los activistas aseguran que “jamás” se les ha notificado denuncia alguna, y en ese mismo patio el festival de cine de Málaga han programado en los últimos años actividades del MAF (Málaga de Festival), con la colaboración y la publicidad activa del propio ayuntamiento.
Creen que la orden de desalojo es ilegal, porque el mismo acuerdo de iniciación del expediente es nulo al acudir a la vía de recuperar un inmueble usurpado. Según alegan, ese no es el caso de La Invisible, que suscribió con el ayuntamiento un protocolo de intenciones en 2011 válido para el uso del inmueble por un año. Desde que pasó el año estarían en precario, pero no usurpando lo que previamente el ayuntamiento les había cedido. Los activistas no entienden por qué si el ayuntamiento y el propio alcalde han contemplado la cesión directa e incluso les han instado a constituir una fundación para realizarla, ahora se produce este giro. En los últimos meses han iniciado una campaña para avalar la rehabilitación, como se explicó en eldiario.es/Andalucía, y han realizado campañas para visibilizar la situación.
El ayuntamiento debe notificar ahora la orden de desalojo, que concederá 15 días a los activistas para que desalojen el inmueble. Si no se produce, como es previsible, el ayuntamiento podrá ordenar el lanzamiento.
¿Y después qué? El propio informe jurídico advierte de que caben dos alternativas: o el ayuntamiento rehabilita a su costa (más de un millón de euros) y saca a concurso el inmueble ya rehabilitado; o propone un concurso para la gestión del espacio que obligue al adjudicatario a rehabilitar el inmueble. Pero en ese caso, el propio asesor jurídico municipal advierte de que difícilmente será rentable para el concesionario si el inmueble se limita a un uso cultural previsto en el planeamiento, lo que obligaría a darle un uso también mercantil. Muchos temen otro mercado gourmet, tiendas o cualquier otra fórmula que incida en la mercantilización del Centro Histórico.
El ayuntamiento quiere echar a los activistas antes de resolver este dilema. Si finalmente lo consigue, deberá resolver qué hacer con un inmueble que en la última década ha supuesto una de las pocas alternativas al modelo cultural y social de una ciudad entregada a la cultura del museo franquicia, el maná del turismo y un modelo de Centro Histórico copado por bares, terrazas y apartamentos turísticos, donde cada vez viven menos vecinos.
