La Junta de Andalucía no aclara la nómina de los auxiliares de playa: ¿1900 o 1300 euros?

El anuncio de que los nuevos auxiliares de playa de la Junta de Andalucía cobrarían 1.900 euros netos por cada mes de trabajo generó expectativas en los seleccionados e incredulidad entre expertos y la población en general. ¿1900 euros por seis horas de trabajo diarias a pleno sol, dedicadas a informar de las normas de prevención contra la Covid-19? La Consejería de Presidencia, Interior y Administración Pública, de la que dependen los contratos, mantiene que sí. Sin embargo, la primera nómina reflejó que no: según ha podido comprobar este medio, recoge un pago de unos 1.320 euros netos por el mes de julio, un tercio menos de lo prometido.

Desde la Consejería insisten en que la promesa se cumplirá al final del contrato, cuando se abonarán algunas retribuciones complementarias. Sin embargo, tampoco están muy claros los conceptos que se incluirán entonces. Por ejemplo, no se sabe si las vacaciones no disfrutadas se cobrarán: de hecho, al menos dos delegaciones provinciales (de Cádiz y de Málaga) han enviado un correo a los vigilantes en el que se informa de que no cobrarán las vacaciones y días de asuntos propios no disfrutados, a pesar de que se les dijo lo contrario.

“Las vacaciones y asuntos particulares que no hayan solicitado al final del contrato (sic) no se abonan en nómina”, dice una de esas comunicaciones, a las que este medio ha tenido acceso. Otro correo enviado en otra provincia anuncia a los trabajadores que se les indicará cuándo pueden disfrutar de las vacaciones, “ya que no se incorporan a la nómina”. Los días de vacaciones se calculan en función del tiempo trabajado, pero para la mayoría de los vigilantes (que se incorporaron el 15 de junio) serán de dos días al mes. En total, seis días.

Contradicciones

La advertencia de que no se cobrarán las vacaciones contradice frontalmente lo que manifestó el propio consejero Elías Bendodo en una comisión del Parlamento andaluz. “La parte proporcional de pagas extras e indemnizaciones que correspondan, por ejemplo vacaciones no disfrutadas, se cobrarán con el finiquito”, replicó Bendodo a Ismael Sánchez, diputado de Adelante Andalucía. Bendodo reprochó a Sánchez que preguntara por este asunto.

Además, el consejero explicó que hay conceptos, como los festivos trabajados, que se cobran a mes vencido en la siguiente nómina. Sin embargo, tampoco se ha incluido ese concepto para el mes de junio. Un portavoz de la consejería señala que “junio no se ha cobrado porque se ha incluido en una única nómina en julio”, y que se cobrará en agosto.

Según la consejería, los conceptos que se cobrarán al final del contrato son la parte proporcional de la paga extra no devengada, “la indemnización por vacaciones no disfrutadas” y la productividad. Sin embargo, no ha aclarado por qué se han enviado correos diciendo expresamente lo contrario.

La Junta de Andalucía sigue defendiendo que, con estos complementos, cumplirá el anuncio de que este personal, reclutado para garantizar la seguridad en las playas, cobrará 1.900 euros por cada uno de los tres meses trabajados.

“Daban por hecho que la Junta no iba a mentir”

De momento, sólo se ha emitido una nómina, que queda muy por debajo de los anuncios. Recoge el salario base (565,47 euros), el complemento de categoría, complemento de puesto trabajo, complemento de convenio y complemento de turnicidad. En total, unos 1.300 euros netos.

Ismael Sánchez cree que las dudas en torno al cálculo de la nómina y la constatación de que la primera no responde a lo anunciado compromete a muchos trabajadores. “Se anunció a bombo y platillo que iban a cobrar 1900 euros. Muchos habían organizado su vida en base a este anuncio, dando por hecho que la Junta no iba a mentir”, señala. Entre los trabajadores, hay quien había alquilado una vivienda en las provincias costeras o quien se desplaza diariamente. “Al estar recibiendo menos, hay personas a las que les está costando dinero. Es un despropósito”, protesta el diputado.

Varias fuentes confirman el malestar de algunos vigilantes. Sur publicó que algunos de ellos valoraban iniciar acciones reivindicativas, incluida una posible huelga, después de comprobar que no se les había pagado lo prometido.  

El anuncio de que estos vigilantes cobrarían 1900 euros causó extrañeza desde el principio, y ha sido motivo de comentarios entre la población en general, sorprendida por la cuantía y la naturaleza del trabajo. También los expertos dudaban de que pudiese alcanzarse esa cifra partiendo un salario base del grupo V. “Tengo serias dudas de que vayan a llegar a esos 1.900 euros”, advirtió en junio Carolina Ortiz, de CCOO Málaga. “¿Podrían cobrarlos? Es verdad que van a trabajar fines de semana, tardes, turnos, quizá alguna hora nocturna...”.

Otras polémicas con los contratos de los auxiliares de la playa

El salario no ha sido la única polémica con estos contratos. La Junta de Andalucía anunció que dedicaría 23,8 millones de euros a estos contratos. En un principio, se suponía que los vigilantes saldrían de la bolsa única de empleo, que sin embargo estaba ya cerrada. Finalmente, el método de selección para la mayoría (excluyendo a los provenientes de alguna bolsa específica) fue el de la rapidez en la solicitud: se abrió un plazo de 24 horas y se seleccionó por orden de llegada.

Se recibieron más de 84.000 solicitudes para 3000 plazas, y desde el principio hubo dudas con la selección. En Comisiones Obreras explicaron a este medio que habían recibido quejas de familiares que presentaron la solicitud a la misma hora, unos con respuesta y otros sin ella; o de candidatos que se presentaron sin saber que la selección sería por orden de llegada. CCOO solicitó los registros informáticos que certifiquen las solicitudes por provincia o del orden de llegada de las solicitudes.

La celeridad provocó que tampoco se fijase plazo de alegaciones o subsanación, indispensable en cualquier procedimiento administrativo. Esto dio lugar a casos como el de Mauricio Mejía o Antonio Cerván, revelados por este medio. Después de trabajar durante un mes, sus contratos fueron resueltos por la Junta de Andalucía sin que ellos pudieran alegar nada. Siguen sin cobrar por el periodo trabajado. 

A esto se suman las dudas sobre la legalidad de las contrataciones exprés, que la administración inauguró con los auxiliares de playa y que luego ha extendido a cientos de interinos para tareas tan diversas como administración general, conservación de patrimonio o ingeniería de minas. Estas contrataciones han sido denunciadas ante los tribunales por el PSOE, Comisiones Obreras y CSIF, ante la sospecha de que vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad, y de que son discriminatorias.