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La Junta de Andalucía refuerza las ITV sólo hasta abril

Veiasa refuerza el servicio de ITV con la contratación de 207 profesionales para reducir los retrasos en citas previas

Néstor Cenizo

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VEIASA ha incorporado a esta semana a 165 inspectores y 42 administrativos. Con esta medida la empresa pública que gestiona las estaciones de ITV de Andalucía intenta poner fin a las largas colas que, en las primeras semanas de enero, había provocado la escasez de personal. Sigue en el aire qué ocurrirá cuando este plan de choque, previsto para tres meses, llegue a su fin. También hay dudas de las consecuencias para los conductores de un vehículo con la ITV caducada. La ley recoge multas para quien circule en estas condiciones, pero las aseguradoras no son claras respecto a la cobertura de los vehículos que hayan intervenido en algún siniestro.

Con las contrataciones, la Junta de Andalucía da “por resuelto” el problema generado por los retrasos en la expedición de citas para la ITV. La incorporación de un refuerzo de inspectores del 21% (respecto a la plantilla total, que suma ahora 950 inspectores) permitirá abrir nuevas líneas con las que descongestionar la bolsa de vehículos por revisar, según fuentes de la Consejería de Fomento, que aseguran que las citas ya se dan, como tarde, para dentro de una semana y media.

Durante las primeras semanas de enero las citas llegaron a darse con una media de cinco semanas y en algunas estaciones el retraso llegó a los tres meses, según fuentes sindicales. Esto provocó que muchos conductores hicieran noche en algunas estaciones (por ejemplo, en Málaga o Algeciras) para no perder la vez y pasar la revisión sin cita. 

Los sindicatos expresaron su temor a que se pusiera en marcha un plan para privatizar VEIASA, una empresa pública andaluza que ha generado 15 millones de euros de beneficio en los últimos cinco años. 

Déficit de personal

En realidad, el problema con los retrasos viene de antiguo y generó situaciones parecidas en la segunda mitad del año pasado. El origen es la reticencia de la Consejería de Hacienda a autorizar contrataciones temporales, ya sea renovando las vigentes o con nuevas contrataciones, ante el riesgo de generar derechos adquiridos en trabajadores eventuales.

El protocolo de calidad implantado en VEIASA prohíbe que haya más de tres inspectores por línea, y limita las revisiones por inspector a 3,3 vehículos a la hora. Esto, unido a la falta de personal, provocó que se acumularan las tareas. Los retrasos para expedir las citas se solventaron transitoriamente en diciembre, cuando se autorizaron nuevas contrataciones, pero reaparecieron en enero.

El plan de choque puesto en marcha ahora por la Junta de Andalucía durará hasta finales de abril, pero no hay nada previsto a partir de entonces, según fuentes de la Consejería. Fernando Puentes, delegado de Comisiones Obreras en VEIASA, asegura que a lo largo del año “vendrán otros tipos de contratos de refuerzo” y que le han asegurado que, tras el plan de choque, se ampliarán las contrataciones para cubrir bajas. “Estamos abiertos para hablar del déficit de personal en VEIASA, por la apertura de nuevas o móviles que no se han dotado de personal fijo, y de la organización del trabajo. Es esencial que está situación no se vuelva a repetir y fortalecer un servicio público esencial”, señala Puentes.

Javier Ramírez, director general de Industria, acaba de ser nombrado consejero delegado de VEIASA, un cargo en el que podrá asumir labores ejecutivas. Desde la consejería aseguran que su gran tarea ahora es realizar un “informe de situación” para “mejorar la capacidad de la empresa y dar un giro a su gestión que la haga más eficiente”.

Multas de 200 euros y dudas con el seguro

En el aire quedan también las consecuencias de los retrasos de las últimas semanas. ¿Qué pasa con las citas concertadas, en algunas estaciones, para hasta dentro de tres meses? “Si llaman y anulan y piden cita nueva se lo darán mucho antes”, responden desde la Consejería.

Los retrasos ya han generado problemas a conductores particulares y a profesionales. Las organizaciones agrarias han mostrado su preocupación por las repercusiones que puedan tener en las campañas agrícolas.

Quienes circulen con la ITV caducada se exponen a varios riesgos, tal y como han denunciado repetidamente los sindicatos. El primero de ellos es el de ser multados. Si no se ha pasado la ITV en tiempo o se ha pasado con resultado desfavorable, la sanción es de 200 euros (100 euros si se realiza el pronto pago); si el vehículo ha sido rechazado, asciende a 500, sin posibilidad de reducción.

Más dudoso es qué ocurre con la cobertura de los accidentes de tráfico en los que participe un vehículo que no haya pasado la ITV. De hecho, a mediados de enero la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) propuso al nuevo Gobierno que intente dificultar, o incluso prohibir, la renovación y subrogación de pólizas de seguros a los vehículos que no tengan la ITV al día.

“El seguro no se hace cargo. Cuando hay un accidente lo primero que miran es si tienes la ITV pasada y pueden alegar que las condiciones del vehículo no son las óptimas para circular”, explica Fernando Puentes. El seguro sí cubrirá los daños a terceros, pero podría evitar la cobertura de los daños propios.

Miguel Ángel Serrano, miembro del equipo jurídico de FACUA, explica que si la póliza excluye la cobertura por no tener la ITV, el consumidor no podrá reclamar. Si no recoge nada, será determinante “poder demostrar por parte del consumidor que su vehículo se encontraba en perfectas condiciones para circular y que hubiera pasado la ITV con éxito”. Probar esto es muy complicado, más aún con un vehículo siniestrado. “Podría argumentarse que se ha pasado una revisión previa en un taller y que el coche estaba correcto”, opina Serrano.

RACE también advierte de posibles consecuencias para los conductores que sufran un accidente. “Hay que solicitar cita y si está colapsado, intentar pasarla, pero lo que habría que hacer es ir a Tráfico y pedir una autorización para circular por el tiempo hasta la cita”, señala Ángeles Miguel, responsable jurídica de RACE, que pide implicación a las administraciones: “La Administración debe ocuparse de que los plazos sean razonables y las ITV sean ágiles y sirvan para lo que fueron diseñadas y no sólo un requisito a pagar”.

El problema no se establece ninguna previsión de con qué antelación debe solicitarse una cita, lo que permitiría determinar si el retraso es imputable o no al conductor. “Si te dan para tres meses más tarde, entiendo que es un problema que tiene que se tiene que solucionar. No puedes pedir al pasar la ITV una cita para el año siguiente”, explica Miguel.

UNESPA (la asociación que agrupa las aseguradoras y reaseguradoras) señala que se trata de “una interpretación legislativa”, por lo que ha evitado valorar qué ocurriría si un vehículo siniestrado no hubiese pasado la ITV por los retrasos en la asignación de citas.

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