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Puertas al campo: un camino público vuelve a enfrentar a un magnate belga con un pueblo de Cádiz

La empresa del multimillonario Marnix Galle solicitó el viernes que se suspendiera la apertura del sendero público que atraviesa su finca de Grazalema (Cádiz)

El Ayuntamiento no ha podido culminar este lunes un deslinde, que pretende acabar con la usurpación y vallado de un camino público, y va a solicitar amparo judicial

La senda acumula polémicas: tres extrabajadores de la finca están imputados  por urdir un complot contra el ecologista Juan Clavero, al que introdujeron 47 gramos de coca en su vehículo

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Interrupción del deslinde del camino entre Benamahoma y Zahara

Interrupción del deslinde del camino entre Benamahoma y Zahara

El sendero de la polémica. El camino de Grazalema (Cádiz) en el que le tendieron una trampa con 47 gramos de cocaína al ecologista Juan Clavero vuelve a ser noticia. La finca del magnate belga Marnix Galle bloquea desde hace años un camino público que une dos pueblos de la Sierra de Cádiz con alambradas, cancelas, cámaras, guardas y hasta amenazas de muerte y trampas con drogas, como han denunciado los ecologistas de la zona.

Fue así como la lucha histórica de Juan Clavero por el deslinde, es decir, la señalización de un camino público usurpado por la finca de Galle y otras propiedades privadas, acabó en emboscada: una encerrona urdida por tres extrabajadores del multimillonario centroeuropeo, la detención de Clavero (y su posterior puesta en libertad sin cargos), la imputación de cuatro personas y un guardia civil involucrado.

Este lunes, el ecologista ha estado cerca de lograr el objetivo que persigue desde hace varios años: que el sendero entre Benamahoma y Zahara de la Sierra, dos municipios de la Sierra de Grazalema, quede abierto a los senderistas. No ha sido así.

El viernes a las dos de la tarde, el Ayuntamiento de Grazalema recibió un burofax de la empresa para que "no se llevara a cabo el apeo del camino", según señala el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García (PSOE), a eldiario.es Andalucía. "Los juristas (del Ayuntamiento) entendieron que sí había que seguir con el apeo, algo que pretende tumbar ahora la empresa mediante un procedimiento contencioso. La empresa va a utilizar todos los procedimientos posible para ir en contra de lo que opina el Ayuntamiento", abunda el regidor del municipio gaditano.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía certifica que existe dicho camino público y, según el Ayuntamiento de Grazalema, ahora toca una segunda fase para definirlo y que, ante las trabas de la empresa (que pertenece al millonario belga Marnix Galle), van a solicitar amparo judicial, porque "la vía administrativa se encuentra en punto muerto".

Movilización para la apertura del camino en 2017

Movilización para la apertura del camino en 2017

El camino no solo figura en el inventario de caminos municipales, sino que la Justicia y el propio Ayuntamiento de Grazalema han ratificado que el camino es público y que hay que proceder a su deslinde. Esta mañana, un "nutrido grupo" de autoridades (Ayuntamiento, Diputación y Parque Natural) y ciudadanos han acudido a la ejecución del deslinde mediante GPS y estacas, pero al llegar a la finca propiedad de la Sociedad Breña del Agua se han encontrado cerrada la valla. 

Desde la empresa señalan, efectivamente, que "hemos solicitado la suspensión del apeo. La cancela estaba cerrada, porque el apeo estaba suspendido legalmente". Si la hubiera habido, indican fuentes de Breña del Agua, "habrían podido entrar en la finca e iniciar el deslinde".

Según explica el propio Juan Clavero a eldiario.es Andalucía, "hemos empezado el deslinde con los aparatos de Diputación y cuando hemos llegado a la primera parte, no ha habido problema, pero cuando hemos llegado a la famosa valla (de la finca Breña del Agua), estaba cerrada. Los dueños se han presentado, pero los guardas estaban escondidos entre los matorrales haciéndonos fotos. Resulta que el Ayuntamiento no había perdido permiso a la Justicia".

Según la nota de Ecologistas en Acción, la organización a la que pertenece el activista gaditano, éste pidió "que se procediera a su apertura, pero el instructor aseguró que sin mandato judicial no se podía abrir el vallado y acceder a las fincas para señalizar el camino, solicitud que no se había realizado por parte del Ayuntamiento de Grazalema. Mientras tanto, guardas privados de la finca grababan a los asistentes escondidos entre el matorral al otro lado de la valla, lo que es manifiestamente ilegal".

Así se urdió la trampa

Lo ocurrido este lunes es un hito más de una larga lucha en la que Clavero ha sido detenido, insultado, apedreado, amenazado con armas de fuego y, en una ocasión, hasta a punto de ser agredido con un puñetazo. "Te vamos a enterrar en la finca", asegura que le llegaron a decir.

El clímax del conflicto entre el activista y los responsables de la finca llegó el 26 de agosto de 2017, cuando le tendieron una trampa introduciéndole 47 gramos de cocaína y 4 de hachís (unos 3.000 euros) en su coche. Tres guardas de la finca y un esbirro, el que se encargó de meter la droga en el automóvil, se encuentran imputados. El guardia civil que se vio involucrado no ha sido imputado y ha sido llamado a declarar como testigo.

Juan Clavero durante la caminata del 26 de agosto de 2016

Juan Clavero durante la caminata del 26 de agosto de 2016

En una entrevista concedida a eldiario.es Andalucía, Clavero explicaba que, rumbo a una movilización contra la ocupación de dichos caminos, "se nos acercó un señor que decía que era amigo de Ecologistas en Acción de Jerez y que quería hacer el camino con nosotros. Le dijo que era un camino conflictivo, pero no se nos ocurrió que fuera un infiltrado".

Con la excusa de que había podido perder sus gafas en la furgoneta de Clavero, el tipo "empezó a buscar debajo de los asientos de mi coche y ahí fue cuando dejó la droga. Le hicieron una llamada, me pidió que lo dejara por el camino e inmediatamente me paró la Guardia Civil, quienes no terminan de explicar muy bien qué hacían justo allí". 

Los investigadores de la Guardia Civil señalan que los tres trabajadores de la empresa, "José Miguel H., Manuel A., Óscar G. y Juan Luis P. se concertaron en el espacio y en el tiempo, para perjudicar a Juan Clavero por su condición de ecologista activo en la defensa de los caminos públicos presuntamente usurpados por algunos propietarios de fincas, introduciendo maliciosamente en su vehículo 47 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís, y asegurándose de que fuera interceptado por la Guardia Civil mientras lo conducía y que encontraran las drogas".

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