La misión del Parlamento Europeo en el Estrecho constata la impunidad del narco: “Las penas no están a la altura del delito”

Una delegación de diez eurodiputados, con representación de todos grupos políticos, ha culminado este miércoles un recorrido de tres días por Barbate, Algeciras y Sevilla para investigar las “condiciones laborales” con las que operan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español en la frontera sur de la UE, uno de los principales focos de lucha contra el narcotráfico.

El objeto de la misión mutó nada más constituirse, aprobándose una visita al municipio gaditano donde dos guardia civiles murieron arrollados por una narcolancha la noche del 9 de febrero de 2024, un crimen del que PP y Vox responsabilizaron al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por falta de recursos y personal en el Estrecho.

A finales de 2023, llegó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la solicitud de un policía nacional de Madrid pidiendo que se considerase su oficio “profesión de riesgo” en toda la UE, y que se incluyera la agresión a un agente en la lista de Eurodelitos. En este asunto -prácticamente el único- ha habido consenso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, según trasladaron sus representantes a los miembros de la delegación.

Pero la misión volvió a mutar sobre el terreno, recabando posiciones muy críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual hizo que los eurodiputados socialistas acusasen a sus compañeros del Grupo Popular y de Patriots (donde está Vox) de “instrumentalizar” la misión del Parlamento Europeo. Incluso el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, lanzó desde Madrid el lunes un mensaje inusualmente duro, alertando de la implantación del narcotráfico en el Estrecho, de armas de guerra, “cocaína y sangre”.

En este clima de fondo, el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzońca, ha hecho balance de la misión este miércoles en Sevilla, donde ha admitido que existe una “disonancia” entre lo que representantes del Gobierno central han trasladado a la delegación parlamentaria sobre seguridad y lo que han escuchado, durante tres días de reuniones, de parte de fiscales, alcaldes, policías y sindicatos.

Rzońca ha insistido en que no han venido a emitir juicios, sino a “recoger información y buscar soluciones”. Sin embargo, sí ha dejado claro que las percepciones del territorio no coinciden con las cifras y explicaciones del Gobierno: “Necesitamos analizar toda la información antes de poder pronunciarnos definitivamente, pero lo que nos ha sorprendido es que hay una cierta disonancia entre los datos que aportan desde el Gobierno y lo que denuncian los ciudadanos”.

Una de esas discrepancias ha aparecido en la reunión con fiscales antidroga: “Nos dijeron que las penas que se imponen no están a la altura de la gravedad de los delitos cometidos”, explicó el eurodiputado polaco. Rzońca compartió el testimonio de un agente herido en acto de servicio al ser embestido por un narcotraficante: “Cuando ese delincuente salió de la cárcel, fue recibido como un héroe. No podemos aceptar eso. Nos aterra esa situación: que alguien entre en prisión, se lo pase bien y salga celebrado por organizaciones criminales”.

Una situación “preocupante”, pero sin posicionamientos cerrados

Aunque evitó adoptar conclusiones políticas, Rzońca fue claro en su valoración general: “La situación en el Campo de Gibraltar es más peligrosa y más violenta”. Añadió que la petición que dio origen a esta misión, registrada por un integrante de la Confederación Española de Policía, “ha tenido un gran impacto en nosotros”, y que lo ocurrido en Barbate le “conmueve enormemente” y le “sorprende muchísimo”.

Durante su estancia en Andalucía, los eurodiputados han escuchado, según Rzońca, una reclamación repetida: que se declare como profesión de riesgo la labor de Policía Nacional y Guardia Civil. “Lo hemos oído en multitud de ocasiones, y es algo que nos preocupa mucho. La situación laboral de los agentes necesita atención”, afirmó.

Sobre el debate presupuestario, el presidente de la delegación fue cuidadoso: reconoció que desde el Gobierno central se les han presentado datos que apuntan a un aumento de la financiación en seguridad, pero aún así remarcó que “desde los ayuntamientos y representantes locales se pide insistentemente más inversión y mejores condiciones para los agentes”.

La Junta acusa a Sánchez de “falta de interés”

El acto ha sido el colofón de una visita de tres días al sur de España, impulsada por la petición que un agente de la Policía Nacional destinado en Madrid, David Gutiérrez Prieto, secretario de relaciones institucionales del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano que recibe las consultas y quejas de cualquier ciudadano de la UE, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024. Aunque la misión arrancó en Cádiz y se desplazó también a Barbate y Algeciras, ha sido en Sevilla donde el Ejecutivo andaluz del PP ha querido poner el foco, implicándose directamente en la agenda y dotando al cierre de una dimensión institucional y política mayor.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha convertido en prioridad su ofensiva contra el Ejecutivo central por la situación de seguridad en el Estrecho, una estrategia que se ha intensificado esta misma semana. El lunes, el presidente de la Junta acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “falta de interés” y anunció que pediría “responsabilidades” por lo que considera una respuesta inadecuada ante el auge del narcotráfico. En declaraciones a los medios, Moreno llegó a comparar la situación con la que vivió España durante el terrorismo de ETA: “Entonces se reforzó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con todos los medios del Estado. Ahora hay que hacer lo mismo”, reclamó.

Un día después, su consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ahondaba en ese relato y expresaba su respaldo a la misma demanda que originó la misión parlamentaria: que los agentes destinados en zonas como el Campo de Gibraltar sean reconocidos como profesión de riesgo a nivel europeo.

Apoyo sindical y confrontación política

La visita de la delegación europea ha sido recibida con entusiasmo por los sindicatos policiales, especialmente por JUPOL, cuya petición abrió la puerta al desplazamiento de los eurodiputados. El sindicato denuncia desde hace años la falta de medios, la presión creciente de las mafias del narcotráfico en el Estrecho y el deterioro de las condiciones laborales.

El Ejecutivo andaluz ha aprovechado esa corriente para cargar también contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de haber desmontado el Plan Especial del Campo de Gibraltar y de no haber reaccionado con contundencia ante la muerte de los agentes. Vox se ha sumado a las críticas con un discurso aún más duro, mientras que el PSOE ha acusado al PP de politizar la tragedia. La eurodiputada Lina Gálvez lamentó esta semana que la visita se haya convertido en “una operación del PP andaluz con la extrema derecha para hacer campaña con la seguridad”.

Aunque el acto de este miércoles en Sevilla ha sido la cita más institucional de la agenda, el detonante de la misión fue el asesinato de los guardias civiles en Barbate. La escena —dos agentes embestidos por una lancha en el puerto cuando intentaban interceptarla— generó una fuerte conmoción, pero también una oleada de críticas por la precariedad de medios con que operaban los efectivos. Las imágenes de la embarcación oficial, muy inferior en potencia a las de los narcos, se convirtieron en símbolo del desamparo que denuncian los sindicatos.

La presión política ha sido constante desde entonces. El Congreso ha debatido en varias ocasiones el refuerzo de medios y la responsabilidad del Ministerio del Interior. A pesar de las críticas, Interior ha defendido que el Plan Especial sigue en marcha y que el número de efectivos en la zona supera los 5.000. Además, ha recordado que las incautaciones han crecido y que el fenómeno del narcotráfico es complejo y transnacional.

Un objetivo político compartido lejos de concretarse

Tras la visita, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo deberá elaborar un informe con sus conclusiones. Aunque no tiene capacidad legislativa directa, puede recomendar actuaciones a la Comisión Europea o promover debates en la Eurocámara. La Junta de Andalucía aspira a que esta presión sirva de palanca para activar compromisos concretos, tanto en Bruselas como en Madrid.

De momento, el principal objetivo político compartido —la inclusión de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo a nivel europeo— está lejos de concretarse, pero ha ganado protagonismo. Las elecciones europeas del 9 de junio y la creciente preocupación por las redes delictivas en las fronteras exteriores de la UE podrían dar alas a esta reivindicación, si logra consolidar apoyos.

El Gobierno andaluz, por su parte, ha dejado claro que no dejará enfriar el tema. Y la visita de los eurodiputados, culminada con un acto público en la sede de la Junta, refuerza su intención de mantener el foco. Lo que hasta hace unos meses era un clamor sindical ha sido convertido por el PP andaluz en bandera institucional.