Los derechos no se conceden: se garantizan

Este 20 de mayo de 2025 ha entrado en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería. Aunque se han introducido avances que permitirán la regularización de personas en situación administrativa irregular y que caminan en la buena dirección, consideramos que la nueva normativa se queda aún corta y deja fuera a una parte de la población migrante en España, con las consecuencias que ello acarrea para sus vidas y el acceso a derechos.  

Desde entidades como la nuestra, que tiene entre sus objetivos el acompañamiento con las personas migrantes en su camino hacia la igualdad de derechos y plena inclusión, tenemos que valorar positivamente medidas que se recogen en este Reglamento como la reducción del tiempo exigido para solicitar el arraigo social o la mejora en el arraigo socioformativo. Pero no podemos obviar, como decimos, que desgraciadamente también incluye requisitos que perpetúan la irregularidad durante largos periodos de tiempo, generando situaciones de vulnerabilidad. 

Esta nueva normativa penaliza a las personas solicitantes de asilo cuyas peticiones son rechazadas, ya que el tiempo que han pasado esperando una respuesta no contará como periodo de residencia para acceder a permisos por arraigo. Además, muchas de ellas, si aún no han recibido una resolución, se ven forzadas a desistir de su solicitud para que ese tiempo empiece a contar cuanto antes. Es decir, estas personas, que han vivido durante uno o dos años con una autorización para residir y trabajar, perderán todos esos derechos una vez resuelta su solicitud, y no se les reconocerá ese tiempo de permanencia para futuros procesos de regularización. El resultado es una pérdida injusta y evitable de derechos, que además afecta gravemente a quienes ya estaban trabajando y cotizando de forma legal. 

¿Cómo es posible que la normativa obligue a vivir durante al menos dos años en situación irregular para poder iniciar un proceso de regularización? ¿Qué significa esto en la práctica? Significa vivir con miedo, sin acceso pleno a derechos, en la precariedad, sin posibilidad de alquilar una vivienda, de firmar un contrato de trabajo o de acudir con normalidad a un centro sanitario.  

España debe impulsar políticas migratorias que fomenten la plenitud de derechos de aquellos y aquellas que forman parte de su presente y de su futuro

Estas restricciones se aplican sobre personas con nombres, historias, familias, y con una implicación profunda en la vida colectiva del país. Personas que enriquecen nuestro tejido social, cultural y comunitario, aportando diversidad, iniciativa y vínculos esenciales para la construcción de la convivencia, además de sostener sectores clave de nuestra economía: desde los cuidados y la agricultura, hasta la construcción, la limpieza, la restauración o la atención domiciliaria.  

Durante los primeros meses de este año, miles de personas han tenido que tomar decisiones cruciales para sus vidas sin saber cómo se interpretaría el nuevo Reglamento. Con todo, el Ministerio de Inclusión ha publicado además unas instrucciones que, aunque bien intencionadas, consideramos que deben avanzar aún más para ofrecer la seguridad jurídica necesaria. 

España debe impulsar políticas migratorias que fomenten la plenitud de derechos de aquellos y aquellas que forman parte de su presente y de su futuro. Las personas migrantes deben ser reconocidas como parte inherente de la ciudadanía y también como protagonistas fundamentales de nuestro proyecto común. La igualdad de acceso a derechos no puede depender de un permiso de residencia: debe ser un principio rector de toda sociedad democrática. Hoy, más que nunca, necesitamos una política migratoria centrada en las personas, que reconozca la dignidad de todas, sin excepción. Una política que entienda que los derechos no se conceden: se garantizan.