Amenaza de desalojos en las 'casas de los maestros' de Almería tras 30 años de ocupación

Imagen de la concentración el sábado contra los desalojos de las 'casas de los maestros'.

Iñigo Mas

Almería —

Casi medio centenar de personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Almería, se concentraban este sábado para protestar por la decisión del Ayuntamiento de Almería de desalojar a 36 familias de sus viviendas de la avenida Vílchez, junto a la plaza de toros de la capital. Son las conocidas como 'Casas de los Maestros', construidas en la década de 1940 para ser habitadas por el profesorado de la época. Hace más de 30 años dejaron de tener esa función y desde entonces están habitadas por personas sin hogar que no pagan alquiler. El Ayuntamiento mantiene que las casas se encuentran ocupadas ilegalmente, no reúnen las condiciones mínimas de salubridad y seguridad y los domicilios no tienen contador de agua ni luz. Hoy lunes está citada la primera de las familias Juzgado de Primera Iinstancia número 7.

El concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, negaba que se tratara de un proceso de desahucio masivo puesto que “hay un acuerdo unánime adoptado por el Pleno municipal celebrado en agosto por el que se encomendaba a la Empresa Municipal de la Vivienda Almería XXI el desalojo de 22 viviendas municipales que se encuentran, en su mayoría, ocupadas ilegalmente”. El Ayuntamiento informó en un comunicado la intención de resolver el problema “después de conocer, tras un trabajo exhaustivo, la situación de las personas que ocupan estas viviendas". "Las deficiencias estructurales detectadas alertan del peligro de desprendimientos y caídas en elementos como antepechos de balcones y cubiertas”, apuntan desde el Consistorio, que recuerda que los domicilios no cuentan con contador de agua ni de luz. “El objetivo final de todas estas actuaciones es que en las fincas donde hoy se encuentran las 'Casas de Maestros' se construyan nuevos edificios destinados principalmente a viviendas, con especial atención a las de protección oficial”.

José del Águila, miembro de la PAH, apuesta por “defender el derecho de los vecinos, que llevan muchos años aquí, a seguir residiendo en ellas", denunciando que ahí viven 40 niños escolarizados en la zona que incluso han nacido en estas casas. "Aquí hay vecinos que llevan viviendo más de 15 años. Pedimos una solución de realojo estable porque la gran mayoría de los vecinos están en situación de desempleo”, mantiene el miembro de la PAH, quien recuerda que “cuando las ocupaciones se alargan más de diez años en vivienda no registrada, se adquiere un derecho de uso”. En relación a los posibles enganches ilegales a la luz y el agua, el portavoz de la PAH argumentaba que “yo no tengo constancia de ello, aquí estamos solamente para defender el derecho a tener un techo, lo que también conlleva el derecho básico al agua y la luz”, aseveraba.

Viviendas abandonadas

Las viviendas fueron abandonadas cuando los maestros dejaron de ocuparlas y, desde hace 30 años, han venido siendo el hogar de familias que no tenían posibilidad de acogerse a otro “y se les quiere poner en la calle sin ninguna razón de urgencia porque el Ayuntamiento no tiene ningún proyecto definitivo ni aprobado, ni siquiera partida presupuestaria, para acometer ningún tipo de obra en estas viviendas. En muchas de ellas los vecinos han invertido dinero para rehabilitarlas”, afirma José del Águila.

Los afectados consideran que “ha habido una permisividad del Ayuntamiento en la situación, siendo también responsabilidad municipal el mal estado de los edificios puesto que es el propietarios". Añaden que, por estar en el centro Almería, los edificios tienen una estética que no está de acorde con lo que requeriría la ciudad, pero es también una falta del Ayuntamiento como propietario que no ha acometido ningún tipo de reforma ni obra para mantener una estética adecuada, pero hay una peritación hecha y los edificios se conservan en muy buen estado”.

En octubre del año pasado ya se requirió civilmente para que se desalojara, pero ahora tiene lugar la primera vista oral judicial. Se va a citar a cada familia por separado. Mohamed, que habita en una de las casas, pide que “se cambie la ley de una vez porque esto es injusto. ¿Qué van a hacer estas familias después que les desahucien y se queden en la calle? Es una terrible injusticia. Aquí estamos todos luchando cada día. Este es el comienzo, vamos a seguir porque todos juntos sí podemos. Hay gente que lleva 20 y 30 años viviendo, yo llevo ocho y las casas están bien por dentro, están rehabilitadas y en condiciones”, exclama indignado ante la presencia de la Policía, que vigilaba el sábado el mantenimiento del orden durante la protesta.

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