Plan para conseguir empleo a 800 perceptores del salario social

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto contra la exclusión social para lo que queda de año. Mejora el que está en vigor desde hace un año y, entre sus novedades, figura la ya anunciada de vincular la percepción del ingreso mínimo de solidaridad -también conocido como salario social- a la consecución de un empleo. De este modo, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales pretende ensayar una fórmula por la que firmaría convenios con las empresas, especialmente vinculadas a la economía social, que quieran contratar por un mínimo de seis meses, a jornada completa, a estas personas y a cambio la Junta de Andalucía aportará 2.500 euros, o sea, la cantidad que recibirían del salario social por ese periodo.

Con ello se persigue que ganen en dignidad estas personas, porque como ha subrayado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, “no quieren una ayuda, sino un puesto de trabajo”. En la misma línea, María José Sánchez Rubio, ha calculado que se puedan firmar 800 contratos de este tipo de aquí al 31 de diciembre, límite para la ejecución del presupuesto, que para estos contratos está dotado con dos millones de euros. O sea, 2.500 por las 800 contrataciones que se quieren conseguir. No parecen muchas en una comunidad autónoma donde hay más de 55.000 perceptores de este salario social que ronda los 400 euros y se otorga cuando las personas se quedan sin ningún tipo de prestación. Pero se trata, según ha insistido la consejera, de un ensayo para ver cómo funciona el modelo.

“El perfil de la gente que percibe el salario social ha ido cambiando y hay gente plenamente capacitada para encontrar un trabajo, por lo que tenemos que ayudarles”, ha apuntado la consejera. No es que vaya a ser obligatorio para todos los que perciben el salario social, entre otras cosas porque no hay dinero para subvencionar esos 2.500 euros por contrato, pero sí se vinculará la posibilidad con el convenio que se firme con los perceptores que reúnen el perfil adecuado para ello. Cabe recordar, de hecho, que las personas que reciben este ingreso mínimo de solidaridad firman un convenio por el que, entre otras cosas, adquieren un compromiso de reinserción laboral y formación, entre otros.

El decreto, como en el aprobado el año pasado, son un conjunto de medidas extraordinarias de solidaridad, para conseguir corregir los desequilibrios y cuenta con presupuesto cerrado para todo lo que resta de ejercicio. Son, por un lado, 64 millones de euros (ocho más que hasta ahora) para tres programas de lucha contra la exclusión social, a los que hay que sumar 90,6 que se van en pagar los ingresos mínimos de solidaridad y otros cuatro aproximadamente para programas de otras consejerías en la línea también de evitar la marginación.

Las tres claves del programa

Los tres programas clave del decreto son, por un lado, el de la reinserción laboral, que además de la citada medida de contratos para perceptores del salario social, dotada con dos millones de euros, incluye otros 40 con los que se pretenden generar 25.000 puestos de trabajo sobre todo a través de las administraciones locales. De hecho, el dinero se distribuirá entre los consistorios en función del número de desempleados en cada municipio. Son subvenciones para contratos de entre 15 días y tres meses para personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. Para optar a estos contratos hay que ingresar como máximo entre 1 y 1,7 veces el Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples).

En segundo lugar, y lo que supone la segunda gran novedad, hay lo que se ha bautizado como “plan extraordinario de solidaridad” y que cuenta con 11 millones de euros para suministros vitales (6,5) y prestaciones de urgencia (4,5). Es decir, por un lado, se repartirá esta cantidad entre los consistorios para “reforzar la tarea que ya hacen” salir al paso de la gente que no puede pagar los recibos de luz, agua o gas, y tampoco sus cuotas de hipoteca o alquiler. En este mismo paquete se prevé también la posibilidad de facilitar a estas familias dinero para el equipamiento básico de sus viviendas. Y por otro lado, están las ayudas que se contemplaban ya para que las familias puedan hacer frente a necesidades urgentes de alimentación y vestido. Esta segunda parte es la que afecta especialmente a los menores. “Muchas familias nos dicen que no pueden ya hacer frente al cuidado de sus hijos porque no tienen para darles de comer, por lo que con este programa se persigue que puedan seguir en sus casas”, ha ejemplificado la consejera.

Y finalmente, también se repite el plan de garantía alimentaria, dotado con otros 11 millones, y destinado a que los menores y la tercera edad puedan tener garantizadas tres comidas diarias, los primeros a través de sus colegios y los segundo, en los centros de participación activa (antiguos hogares del pensionista). De hecho, este curso se han beneficiado de este servicio cerca de 21.000 niños a través de comedores escolares y unos 3.500 mayores. Para cuando acabe el curso, se seguirá con el reparto de comida a través de las escuelas de verano, un servicio al que se acogieron 3.500 menores el año pasado, “y este año pueden ser más”, según la consejera.

Ésta ha reconocido que es “un problema ante el que no se puede mirar para otro lado” y que se produce en otras comunidades autónomas. Ha invitado así al PP a no “mirar sólo para abajo, porque no significa que no haya niños en otras comunidades autónomas que no lo necesiten”. En la misma línea, ha sido tajante: “Es una realidad que tenemos que afrontar. Hay niños que sólo comen lo que se les da en el colegio”.

En total, este decreto pretende dar cobertura a unas 160.000 personas, 10.000 más que el anterior. No significa esto que la población en riesgo de exclusión haya crecido en 10.000 personas en menos de un año, sino que se han ampliado los objetivos, según han explicado desde la Junta de Andalucía.

Críticas del PP-A

Desde el PP-A han criticado el decreto porque debería haberse puesto en marcha en el mes de enero. Un retraso, a su juicio, propiciado por el propio gobierno para “ahorrarse presupuesto”, en palabras de su vicesecretaria de Políticas Sociales e Igualdad, Ana Vanesa García. En su opinión, la financiación de las medidas de este plan viene del “recorte” del presupuesto que la Junta de Andalucía destinaba a la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), que asciende a unos 180 millones de euros en los presupuestos de 2013 y 2014, mientras que las aportaciones del decreto apenas llegan 60.

Por otra parte, critica que las medidas destinadas a las familias sin recursos vayan a financiarse con 10 millones de euros, una cantidad “ridícula” comparada con la deuda que mantiene el Gobierno de Andalucía con las corporaciones locales. Ha calificado de “burla” y “broma de mal gusto” la inversión de 6,5 millones de euros para el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social para toda Andalucía, “una cantidad significativamente inferior a los 20 millones anunciados hace meses por el consejero Diego Valderas”.