Primeras críticas sindicales en Andalucía a que una universidad pública pueda impartir estudios de FP

La secretaria general CCOO de la Federación de Enseñanza Andalucía, Marina Vega, tras el anuncio de la Universidad de Málaga (UMA) para implantar a partir del próximo mes de septiembre un primer ciclo de FP, ha criticado que “la Junta está priorizando la enseñanza privada sobre la pública vendiendo la creación de figuras novedosas como de innovación educativa cuando realmente lo que están llevando a cabo es el desmantelamiento del sistema educativo público andaluz”.

“Este sistema híbrido de innovación educativa que nos quieren hacer creer como un puente de interconexión entre dos modelos distintos de formación superior, no es más que una prueba más, de que Málaga se está convirtiendo en el Madrid de Andalucía en cuanto a enseñanza se refiere”, ha advertido.

Además, ha considerado que este nuevo FP “va a incurrir en el incumplimiento de los principios básicos de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, por los que se rigen los procesos selectivos de docentes; ya que el profesorado de FP que impartirá las clases de esta formación Profesional no accederá a la profesión a través del concurso oposición, sino a través de un proceso de selección que establecerá la propia Universidad. Además, el alumnado que se matricule en estos estudios deberá pagar por esta formación, dentro de las instalaciones de una Universidad privada”.

La responsable ha asegurado que lo dice “en función a los datos objetivos que tenemos sobre la mesa”. “La Consejería de Educación a través de su Dirección General de Planificación emitió, el pasado mes de marzo, un informe favorable para acreditar a la Fundación General de la Universidad de Málaga como centro homologado de FP”.

Al respecto, ha apuntado que “quien va a desarrollar el primer ciclo superior autorizado (Guía, Información y Asistencias Turísticas, que empezará a impartirse el próximo curso 2022-2023) no es la UMA sino la Fundación General de la Universidad de Málaga; una organización privada de naturaleza fundacional, de interés general y carácter docente y cultural promovida por la Universidad”.

Según CCOO, “la Consejería de Educación para emitir su informe favorable, se ha regido por los mismos criterios del procedimiento administrativo reglado de una empresa privada especializada en FP”. Por ello, la secretaria general ha apuntado que “la Administración Pública sólo ha verificado que se cumplen con los requisitos de titulación de los docentes, estudios y programas homologados y la adecuación de sus instalaciones para impartir la formación solicitada”.

“Ahora bien, el perfil del profesorado, que en este caso, deberá ser especialista en Hostelería y Turismo, Formación y Orientación Laboral e idiomas como Inglés o Francés, será seleccionado mediante los procesos selectivos que esta Fundación estime oportunos. Es evidente que estamos ante otro chiringuito más donde colocar a los allegados”, ha agregado.

Por otro lado, ha recordado que el sistema universitario público andaluz depende de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimientos y Universidades, mientras que la Formación Profesional depende de la Consejería de Educación.

“Estamos ante dos sistemas que históricamente se han dado la espalda. Pero para que la situación cambie, los experimentos como este, no son los garantes del cambio. Son otras instancias de rango superior, como el Estatal, donde se elaboran las leyes. Y somos todos, las administraciones públicas y los actores que intervenimos en la toma de decisiones, los que debemos trabajar por acercar posturas y diseñar las mejoras necesarias en la norma para que la FP y la Universidad públicas confluyan en sendas comunes”, ha advertido.

Asimismo, ha apuntado que “como consecuencia de la alta tasa de desempleo que Andalucía ostenta desde la crisis financiera de 2008, las solicitudes para acceder a la formación profesional, han sufrido un incremento paulatino, siendo muy elevado el número de personas que cada año se quedan sin plaza en un instituto de FP”. “Para corregir este desequilibrio, entre la oferta y la demanda el Gobierno actual de la Junta no para de autorizar centros privados”, ha concluido.