Azcón externaliza la angustia financiera: la causó “la izquierda” y debe resolverla Hacienda
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha optado por “externalizar” la apocalíptica crisis que, según viene sosteniendo algunos miembros de su equipo de Gobierno, padece el Ayuntamiento de la capital aragonesa: la provocó “la izquierda” en 16 años de gobierno y debe resolverla el Ministerio de Hacienda que, en funciones, dirige María José Montero.
Esa parte de la narrativa conservadora, a la que siguen sin sumarse, al menos en público, sus socios de gobierno de Ciudadanos, tiene un claro tono de ‘deus ex machina“, esos artilugios que se utilizan en el teatro para introducir en la escena elementos hasta entonces ajenos a la trama que la cambian.
Él propio Azcón contaba hace unos días en sus redes sociales cómo acababa de solicitar por carta una reunión a Montero para “que nos explique las medidas” que “quiere poner en marcha para ayudarnos a remontar la pésima situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza después de 16 años de gobiernos de izquierdas”.
“Cualquier nueva medida del ministerio, que nos facilite afrontar la situación de bancarrota, será bienvenida”, añadía, utilizando la misma palabra que en la empresa se utiliza para referirse a la “quiebra” o la “ruina”; es decir, a la insolvencia.
Un escándalo de segunda mano
El principal apoyo de Azcón en esta narrativa sobre la “herencia recibida”, habitual de los cambios de color político en las institucionesm aunque casi nunca con tonos tan apocalípticos, es su teniente de alcalde y concejala de Economía, María Navarro, que hace unos días, se refirió como “losa enorme” que “pone en jaque la economía” a la cascada de sentencias que obligan al Ayuntamiento a pagar algo más de 60 millones de euros a varias contratas municipales por revisiones de precios.
Se trata, según informó Heraldo, de seis sentencias del Supremo, varias de ellas revocatorias de otras tantas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que habían dado la razón al Ayuntamiento, a las que se suman otras tres por llegar y que suman una deuda de 63 millones de euros de los que el consistorio tiene 25 pendientes de pago.
Lo curioso, o no, del primer escándalo financiero de la legislatura es que no es nuevo. Está, en su mayor parte, ya usado y llega, más allá de la suma, en diferido: la mayoría de esas sentencias comenzaron a conocerse en marzo, cuando todavía gobernaba Zaragoza en Común (ZeC), ya que las adelantó FCC en su web y los medios locales se hicieron eco tanto de su existencia como de la tormenta política que generaron en el Ayuntamiento.
Menos de la mitad de la merma de recaudación que planea el PP
El núcleo de la actual tormenta, que tiene su origen en desacuerdos con las contratas en la etapa de Juan Alberto Belloch como alcalde, se encuentra en los 25 millones pendientes de pago, que han llevado al equipo de gobierno a plantearse pedir la ayuda de Hacienda en forma de créditos de bajo interés y a estudiar abrir negociaciones con las empresas acreedoras para tratar de minimizar los daños.
En cualquier caso, esos 25 millones son menos de la mitad de los ingresos que, pese a las amplias bonificaciones para las rentas medias y bajas, sigue recaudando al cabo del año el Ayuntamiento de Zaragoza con el impuesto de Plusvalías, cuya eliminación ha convertido en bandera programática el PP local dentro de su “revolución fiscal ( )”. En 2018 aportó 68,5 millones y para este había una anotación de 55 en el proyecto de presupuestos que no llegaron a ver la luz.
La cifra tampoco anda muy lejos de los 20 millones, en este caso anuales, cuyo ingreso impidió el acuerdo PP-Cs-PSOE que impuso las ordenanzas fiscales de 2016 tras tumbar la reforma que impulsaba ZeC, que, junto con CHA, pretendía acabar con las ‘vacaciones fiscales’ de la gran empresa en el IBI.
El apocalipsis y los datos
El portavoz municipal de Hacienda del PSOE, Horacio Royo, reclamó a los conservadores, sin obviar “la evidencia de que estas sentencias complican la situación económica del ayuntamiento”, que dejen de utilizar esas decisiones judiciales para “afianzar el discurso apocalíptico que llevan defendiendo desde que llegaron a la Alcaldía”.
Fernando Rivarés, concejal de Economía con ZeC y hoy concejal de Podemos-Equo, no deja de reivindicar su gestión al frente de esa área en los últimos cuatro años. “De 1.100 millones de deuda financiera e impagos, a 648 millones. De un 126% de nivel de endeudamiento (límite legal 110%) al 92% a 31 de diciembre de 2018”, recordaba en sus redes sociales.
A eso se le suma una espectacular reducción de la deuda con un recorte de 160 millones de euros, de 834,4 a 674,7, en el principal de los créditos pendientes de amortización y una rebaja de casi quince (de 27,6 a 12,8) en la factura anual de los intereses por esos préstamos.
Eso no soluciona por sí solo la situación económica del ayuntamiento, ni mucho menos, aunque deja claro que, discursos catastrofistas al margen, esta lleva ya unos años mejorando.
