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ARAGÓN

Residencias geriátricas: entre la necesidad-derecho y el negocio-lucro

El aumento de la esperanza de vida y del número de personas de más de 70 años conlleva un aumento de la demanda asistencial de personas dependientes en la etapa final de sus vidas (1). La necesidad de ayuda para moverse, vestirse, hacer sus necesidades, alimentarse y realizar la higiene básica diaria requiere enormes recursos.

En España y, sobre todo en Aragón, cada vez hay más personas mayores dependientes (2) cuyos cuidados ya no son asumidos por la familia tradicional (frecuentemente a través de familiares directos de sexo femenino o de cuidadoras no profesionales), traspasando esa responsabilidad a los servicios sociales públicos, concertados o privados.

Dichos servicios ofrecen diferentes cuidados según las necesidades o grado de dependencia y según los recursos económicos del dependiente (ayuda en domicilio, centros de día, residencias asistidas, de carácter público, concertado o privado) (3). En Aragón, un 62 % de las residencias son privadas (4).

La mayoría de los ancianos españoles dependientes no disponen de los recursos económicos suficientes para asumir los costes asistenciales ya que el gasto mensual medio de una plaza residencial en un centro geriátrico español supera los 1.500 euros y la pensión media de jubilación española no llega a los 1.200 euros (5), siendo mucho menor la pensión de las mujeres (725 euros), según Comisiones Obreras (6). Por lo tanto, un número considerable de ancianos dependientes deben conseguir otros recursos, además de su pensión, para abordar su dependencia mediante el consumo de sus ahorros, del patrimonio, ayudas de la familia, Ley de la Dependencia (3) o concesiones de otras ayudas.

Existe una Ley que regula la provisión de recursos en residencias geriátricas y centros de día con la intención de asegurar una calidad asistencial adecuada (7, 8 y 9). Dicha Ley ha sido criticada repetidas veces por los trabajadores de las residencias (sobre todo personal auxiliar) (10), usuarios, sindicatos y hasta por el Defensor del Pueblo (Justicia de Aragón) por mostrarse claramente insuficiente (especialmente las ratios de personal auxiliar) debido al aumento progresivo del porcentaje de ancianos de edad muy avanzada con alto grado de dependencia que demandan muchos más recursos que los ofertados (11).

Las quejas sobre la insuficiencia de servicios en las residencias geriátricas no son sólo de tipo social (cuidados básicos, trabajadores sociales, actividades de ocio, talleres, animadores, música, lectura, animales domésticos, huerto, cine), sino sobre todo de tipo sanitario (auxiliares, fisioterapeutas, enfermeros, médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, podólogos) con el agravante de bajos salarios y exceso de carga laboral (12).

La insuficiencia de recursos (sobre todo humanos) en residencias geriátricas, en relación a las necesidades reales de los residentes, se traducen en las siguientes prácticas inadecuadas:

  • Déficit de atención sanitaria que causa sobrecarga asistencial de los centros de salud y hospitales públicos cercanos. No es infrecuente que éstos asuman tratamientos básicos que deberían ofrecerse en las residencias (úlceras por presión, fecalomas, infecciones de orina, cuidados paliativos con uso de vía subcutánea, etc.).
  • El desplazamiento de los ancianos a centros sanitarios frecuentemente corre a cargo del Estado (ambulancias) a pesar de que las residencias suelen disponer de transporte adaptado.
  • Exceso de tratamientos (13) (14) (15) financiados por el Estado y no por las residencias. Ejemplos:
    • El uso indiscriminado de pañales financiados por la sanidad pública en ancianos que no tienen incontinencia urinaria, pero que tienen problemas de movilidad. Se les ponen pañales (en ocasiones incluso pañal doble o compresa y doble pañal) por falta de personal que los movilice. Los ancianos se orinan encima y ello empeora la calidad de vida ya que, mucho tiempo con el pañal mojado, ocasiona enfermedades de la piel que precisan más tratamientos, una vez más, financiados por el Estado y no por la residencia.
    • El exceso de fármacos sedantes y antidepresivos (16) que mantienen a los ancianos adormilados. Ello es causa de aumento de complicaciones como caídas con fracturas, úlceras por presión, estreñimiento, broncoaspiraciones y neumonías, temblor, rigidez, etc.
    • El uso de tratamientos de dudosa eficacia y de alto coste (fármacos para la demencia)
    • Exceso de antibióticos que se usan inadecuadamente para encubrir la higiene personal deficiente. Sirva como ejemplo la falta de higiene bucal, o la tan temida transmisión de bacterias multirresistentes a los tratamientos (17).
  • Déficit de fisioterapia y de movilización, de terapia ocupacional y de estimulación cognitiva individual, con trabajo en grupo no adaptado a las necesidades particulares de cada anciano.
  • Exceso de contenciones físicas (18).
  • Ausencia de voluntades anticipadas y de planes o directrices anticipadas en caso de complicaciones (19) que evitarían excesos sanitarios, sobrecostes, derivaciones repetidas a centros sanitarios y prolongación de agonías o de malas calidades de vida.
  • Existe un déficit de cuidados paliativos sencillos, con escaso uso de la vía subcutánea y exceso de fallecimientos previsibles de ancianos en hospitales, cuando podrían morir mejor acompañados de sus seres queridos en sus lugares habituales de residencia.
  • Todo lo anterior transmite una percepción de las residencias geriátricas como simples “aparcamientos de ancianos que se deterioran rápidamente”. ¿Quién no ha visitado alguna vez una residencia geriátrica y se ha quedado consternado ante la visión de ancianos sentados delante de una televisión a todo volumen que nadie ve?, ¿o ancianos dormitando (o sedados o contenidos) en una sala en la que casi nunca hay personal por si necesitan algo? ¿No sería más estimulante ver un grupo reducido de ancianos a los que alguien les está leyendo un libro que ellos han elegido previamente?, ¿o grupos pequeños con las mismas necesidades y actividades más adaptadas?

¿Cómo podría mejorar esta situación?

Es difícil abordar un problema tan extenso como el descrito en unos pocos párrafos, pero iniciativas utilizadas en otros países donde el cuidado de los mayores en instituciones tiene una tradición más larga que en España, nos dan algunas ideas:

  • Mejorar la legislación que establece o regula los recursos mínimos y adaptar con mayor equidad esos ratios mínimos en cada centro a las necesidades reales, necesidades que no son estáticas, sino que varían con el tiempo. Se trata de ajustar los recursos a la demanda variable o dinámica del porcentaje de grandes dependientes institucionalizados. Los modelos de países del norte de Europa son un buen ejemplo de ello (20).
  • Planificar de antemano utilizando la demografía en la provisión de los servicios sociales y sanitarios que requiere una población envejecida, especialmente en zonas con baja densidad de población y gran dispersión geográfica como el Alto Aragón.
  • Aumentar la oferta pública de centros de atención a personas mayores integrando responsabilidades de todas las instituciones públicas implicadas como ayuntamientos, comarcas, gobiernos autónomos y sistema nacional de salud. Los modelos de países del norte de Europa son un buen ejemplo de ello (20).
  • Es necesario que la sociedad civil se involucre y ejerza presión política y social para que mejoren los cuidados universales y gratuitos de los mayores, como un derecho básico garantizado y no como un negocio lucrativo (fisioterapia, terapia ocupacional, salud dental, podología).
  • El exceso de tratamientos farmacológicos inefectivos genera un sobrecoste al sistema público de salud que, en caso de reducirse, podría ser utilizado para aumentar la oferta de recursos humanos en fisioterapia, terapia ocupacional y auxiliares de enfermería para el adecuado cuidados de los mayores.
  • La inversión en fisioterapia, terapia ocupacional, higiene bucal, actividades de ocio (21), etc., redundaría en una mejora de la calidad de vida, de la dignidad personal, evitaría complicaciones, prevendría determinadas infecciones y retrasaría el avance de la dependencia severa.
  • El encomiable objetivo de disminuir las contenciones (18) sólo será factible si se cumplen los protocolos existentes y se cuenta con los mínimos recursos humanos adecuados en cantidad y calidad.
  • Es imperativo que los servicios sociales y sanitarios apoyen a los ciudadanos a planificar el final de la vida (19) para evitar situaciones de prolongación de mala calidad de vida, evitar el abuso de tratamientos poco efectivos, y evitar sobrecostes innecesarios al sistema público de salud.
  • En las residencias privadas que ocupan terrenos cedidos por ayuntamientos o entidades públicas, o residencias que tienen plazas concertadas, se debería exigir transparencia económica sobre los ingresos, gastos e inversiones, como una forma más de intentar prevenir el lucro desmesurado (4) en detrimento de la calidad de los servicios prestados.

Finalmente, felicitar a todos los trabajadores de las residencias geriátricas que, a pesar de su gran dedicación, esfuerzo y humanidad, siguen soportando un durísimo trabajo, escasamente reconocido y con salarios exiguos.

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