Aragón incluye por primera vez el ámbito educativo en el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la violencia machista
Desde 2008, el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas en Aragón no se había actualizado. Ya se ha hecho, y la principal novedad es la inclusión del ámbito educativo.
Tras el asesinato de una mujer, en 2016, que fue apuñalada en un punto de encuentro en Zaragoza, recuerda la directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, se creó un grupo de trabajo para la actualización del protocolo que, como reconoce la propia directora, “se había quedado obsoleto”.
El texto se divide en distintos ámbitos: sanitario, judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sociales y educativo. Los cuatro primeros ya formaban parte del anterior documento. En su elaboración participaron varios departamentos del Ejecutivo autónomo, la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Fiscal Superior, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Colegio de Abogados y la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
Planes de convivencia y de igualdad
Aunque se ha remozado de manera general, la novedad principal es la inclusión del ámbito educativo. Se pretende con ello plantear distintas actuaciones de carácter preventivo, formativo y curricular para los centros. Entre las 12 medidas de prevención listadas en el documento, destacan las de promover una actualización de los planes de convivencia y elaborar planes de igualdad que incluyan actividades para visibilizar a las mujeres en estudios y trabajos en todas las esferas de la vida (artistas, literatas, directivas, científicas, políticas…).
También se propone desarrollar jornadas y cursos de formación sobre planes de igualdad y prevención y detección de la violencia de género, e impulsar y promover la creación de “territorios libres de violencia de género”, así como formar al alumnado como mediadores en este tipo de conflictos.
Se establece, además, un protocolo de actuación que se inicia con la identificación y la realización de actuaciones de urgencia –si así se precisa– tendentes a garantizar la inmediata seguridad de la alumna. Posteriormente –estatuye el itinerario– se informará a las familias, se comunicará al resto de profesionales que atienden a la víctima y se recogerá más información.
Los siguientes pasos serán la aplicación de medidas disciplinarias, la comunicación a la comisión de convivencia y a la Inspección Educativa y las actuaciones finales.
