Apudepa logra paralizar el derribo del antiguo edificio de Correos en Zaragoza para que se estudie si debe protegerse

El antiguo edificio de Correos de Zaragoza, en la avenida de Anselmo Clavé, se salva de la piqueta... al menos por ahora. El derribo, que había comenzado este lunes, ha sido paralizado por Patrimonio del Gobierno de Aragón tras un recurso de la asociación Apudepa, que ha reclamado su protección como bien de interés cultural.

La reforma del entorno del Portillo, cuyo proyecto de urbanización se aprobó hace casi un año, la impulsa Zaragoza Alta Velocidad, que está integrada por el Gobierno central –con el ADIF como socio mayoritario–, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza. Supone la transformación de una de las principales cicatrices de la ciudad, situada en pleno centro y de 14 hectáreas de superficie, y su coste será superior a los 30 millones de euros. Comprende un gran parque, pero también la construcción de 200 viviendas de lujo.

El emblemático inmueble de Correos pertenece al Gobierno central, al que la asociación ha trasladado ya la resolución de la Administración autonómica. Se trata de un edificio de carácter industrial construido a principios de los años setenta por el arquitecto José Luis González Cruz. La obra se encuadra en el denominado estilo brutalista, aunque no contaba por el momento con ninguna protección ni municipal ni autonómica.

Apudepa (Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) denuncia que ya transmitió al Gobierno de Aragón en enero la solicitud de que incoase un expediente de bien de interés cultural. Al ser de propiedad estatal, el Ejecutivo autonómico lo remitió al Ministerio de Cultura el martes, aunque para entonces las obras de demolición ya habían comenzado. Pero es que en octubre del año pasado ya se había producido una solicitud previa a la DGA, que esta derivó también al Ministerio, para que el edificio se catalogara como BIC.

El inicio del derribo ha motivado la presentación por parte de la propia asociación de una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. “Llegamos a la conclusión que se trata en el fondo de una operación urbanística y de remodelación del tráfico”, ha manifestado Apudepa.

Ahora, la suspensión cautelar está suscrita por Susana Montañés, jefa de la Sección de Protección del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

Manifiesto contra el derribo

Esta semana, también a raíz del inicio del derribo, colectivos sociales e intelectuales han suscrito un manifiesto en el que piden que se catalogue el edificio. “El derribo de nuestra arquitectura contemporánea atenta además a los más elementales parámetros de sostenibilidad bajo los que se debería regir el urbanismo de las ciudades del siglo XXI”, advierten los firmantes. Y recuerdan que no es el primer movimiento vecinal para tratar de salvar el inmueble, ya que la asociación Joaquín Costa y la propia Apudepa llevan recogidas más de 2.000 firmas para esta fin, del que también se han hecho eco otros agentes de divulgación del patrimonio arquitectónico como Gozarte o Esto no es un Museo.

Más allá de la protección el edificio, quienes suscriben este manifiesto -la Urbanización Parque Roma, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y Zaragoza No Se Vende, entre otras- exigen que se replantee el proyecto del Portillo en lo concerniente a la construcción de “viviendas de lujo”. “Queremos una ciudad que se desarrolle como en la línea de otras ciudades europeas. Una ciudad que se replantee los desplazamientos con criterios más sostenibles y poniendo en valor las aceras y los espacios públicos”, proclaman. También piden convertir ese espacio en “un gran pulmón verde para la ciudad de Zaragoza, que podría ser un gran refugio climático”.