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ARAGÓN

La planta de biomasa de Monzón: ¿Un proyecto con todas las garantías o un riesgo para la salud pública?

Forestalia ha paralizado su puesta en marcha, que iba a suponer una inversión de 100 millones y la creación de 50 puestos de trabajo en la capital de la comarca del Cinca Medio

Señala como causa la demora en la tramitación administrativa, que lleva seis años en marcha, mientras que Ecologistas en Acción ha llevado el proyecto a los tribunales

La planta se iba a levantar en el centro urbano, a 600 metros de unas viviendas, y los ecologistas alertaron sobre los problemas que podía generar a sus habitantes

Acción de protesta contra la instalación de una planta de biomasa en Monzón.

Acción de protesta contra la instalación de una planta de biomasa en Monzón.

Un proyecto que ha dividido a una población se encuentra, por ahora, paralizado. La puesta en marcha de una planta de biomasa en Monzón está en suspenso después de que el grupo energético aragonés Forestalia haya cancelado un proyecto en el que iba a invertir 100 millones de euros y habría generado unos 50 empleos directos en la capital del Cinca Medio. El motivo, la demora en la tramitación administrativa; también subyace la fuerte oposición de los ecologistas, que mantienen que su funcionamiento supondría gravísimos riesgos para la salud pública.

Forestalia no considera que la responsabilidad de su decisión se encuentre en el Ejecutivo autonómico sino “en un estado de las cosas que ha generado incertidumbre”. En todo caso, señala que la reactivación del proyecto depende de una nueva convocatoria pública que todavía se encuentra sin fecha. Los plazos para la planta de biomasa que se preveía en Monzón echaron a andar en 2012 y contaron desde el primer día con la réplica de Ecologistas en Acción, que la ha llevado a los tribunales.

El alcalde, el socialista Álvaro Burrell, tomó el bastón de mando en 2015 con el proyecto en plena tramitación. Comprende que exista una postura dividida tanto en la localidad como entre las formaciones políticas, pero siempre ha afirmado que “no podemos prescindir de ninguna industria que cumpla con la normativa, hoy en día hay mecanismos de producción y de control suficientes para asegurar la calidad del aire”.

Uno de los principales reparos se halla en que se plantea el levantamiento de este complejo junto al casco urbano de la localidad, sobre unos terrenos recalificados para impulsar el proyecto y a solo 600 metros de unas viviendas. Ecologistas en Acción acudió a la Justicia debido a los problemas que podía generar una instalación de 49,5 megavatios. Pese a sus demandas no siempre se les ha dado la razón.

Reveses para los ecologistas

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Huesca ha rechazado una demanda de Ecologistas en Acción contra el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y la empresa Solmasol. Además, el juzgado le ha condenado a pagar las respectivas costas. Se trata de dos resoluciones del Inaga, de enero y mayo de 2016, en las que acordó inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión formulado por Ecologistas en Acción, que pedía la nulidad de pleno derecho de la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada.

Ecologistas en Acción también impugnó la resolución que acordó inadmitir a trámite el recurso de alzada por haberse interpuesto fuera de plazo. Para Forestalia se trata de “una excelente noticia, que demuestra una vez más que todo se tramitó siempre de acuerdo a derecho, siguiendo los procedimientos ambientales legalmente establecidos”. Esta seguridad jurídica, “permitirá retomar el proyecto a raíz de nuevas subastas u oportunidades de desarrollo”.

Quedará por emitir una sentencia sobre otro recurso contencioso-administrativo, relativo a la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada. En todo caso, Ecologistas en Acción “se felicita” por la decisión de Forestalia de paralizar el proyecto de incineradora y cree que es “una buena noticia para Monzón”. Agradecen “el apoyo de la Plataforma contra la Incineradora de Biomasa y de la ciudadanía, que se movilizó en contra y apoyó con más de 5.000 firmas”.

Ante las acusaciones de Forestalia por haber recurrido y ser la causa de esta decisión, Ecologistas en Acción afirma que está “en su legítimo derecho de defensa” de lo que cree que son “los intereses de la ciudadanía de Monzón”, y que seguirá “con los procesos judiciales abiertos con la pretensión de aclarar las irregularidades que han protagonizado la tramitación de la incineradora”. Recuerda que este proyecto pretendía quemar 1,2 milones de kilos de virutas de madera al día “generando ingentes cantidades de humo y contaminantes peligrosos como las dioxinas y los benzopirenos”.

Ecologistas en Acción afirma que Forestalia tiene “problemas de viabilidad económica con sus proyectos de incineración de biomasa”. El vicepresidente, Fernando Muñoz, “lo ha afirmado al decir que la biomasa no es viable sin la prima recogida en la subasta y fueron ellos quienes pujaron a cero ante la perplejidad del resto de inversores”.

“El Inaga debe garantizar que es seguro”

Así, seguirán con los procesos judiciales abiertos puesto que quiere “aclarar dos aspectos que fueron la causa de los contenciosos presentados”. El Inaga, en la primera autorización que otorgó a Forestalia, “dio por bueno un estudio de contaminantes que luego se demostró que obviaba los más peligrosos, como los benzopirenos y las dioxinas. ¿Qué hubiera pasado sin las denuncias vecinales y ecologistas? ¿Se hubiera aprobado sin más? Ecologistas en Acción quiere llegar hasta el fondo de este asunto, pues el Inaga es el organismo que debe asegurar que los proyectos que tramita son seguros para la salud de las personas y el medio ambiente”, apuntan.

Por otro lado, “el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Monzón otorgó una autorización especial para que, en un suelo no urbanizable y a 600 metros de la población, se pudiera instalar una industria calificada oficialmente como tóxica, peligrosa, insalubre y molesta”. A los ecologistas les preocupa “que se siente un precedente que abra la posibilidad para que otras industrias contaminantes se puedan instalar a las puertas de la población”, motivo por el que proseguirán con “el contencioso presentado para asegurar que se preserva la salud de la ciudadanía”.

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