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Sobre este blog

Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en eldiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas.

El frente judicial de la pandemia se moverá en pocas semanas

Fachada del Tribunal Supremo

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La metáfora bélica de la que tanto abusaron algunos durante las primeras semanas de la pandemia ("estamos metidos es una guerra", "el enemigo es poderoso y despiadado, pero lo venceremos", "todos somos soldados", "tú puedes ser un héroe con tus pequeños gestos cotidianos", etc) ya casi ha desaparecido del lenguaje político, pero algún coletazo aún queda. Por ejemplo, en lo de los frentes. 

En el frente sanitario, la situación ha empeorado durante el verano y la tendencia es a hacerlo aún mucho más en las próximas semanas. En el frente político, el Gobierno central cree que las cosas le van algo mejor desde la desescalada, pero también es consciente de que la llamada cogobernanza con las Comunidades Autónomas puede aún salpicarle y mucho. En los frentes económicos y sociales, todos se temen que lo peor está por llegar, especialmente para los ciudadanos. ¿Y en el frente judicial?

El frente judicial se le abrió muy pronto a Pedro Sánchez. A primeros de abril pasado, en los días de peores datos de muertos y contagiados por COVID-19, ya habían llegado al Tribunal Supremo media docena de querellas o demandas contra él o contra miembros de su Gobierno (de Carmen Calvo a Pablo Iglesias, de Salvador Illa o Fernando Grande-Marlaska a José Luis Ábalos o Irene Montero) y se preparaban varias más. Se les acusaba, entre otros presuntos delitos, de omisión del deber de socorro, prevaricación administrativa y homicidio –miles de homicidios– por imprudencia. Palabras mayores, especialmente estas últimas. Como contamos aquí, hubo quien vio ante todo ese despliegue un escenario en el que el Ejecutivo acabaría sometido a un gran macroproceso, una suerte de "juicio de Núrenberg por la pandemia" que tumbaría al Gobierno tan pronto como varios de sus miembros fueran imputados.

Cinco meses después de aquello, las querellas y demandas en el Supremo han seguido creciendo, y van camino de las sesenta, y las hay incluso contra Isabel Díaz Ayuso (PP), que como presidenta de la Comunidad de Madrid tiene en ese tribunal su aforamiento, pero la avalancha no ha superado ni siquiera el primer dique. Cuando acabó el confinamiento, la Sala de lo Penal del Supremo, que preside Manuel Marchena, dio traslado a la Fiscalía para que se pronunciara, y la fiscal general, Dolores Delgado, le encargó al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, un dictamen sobre el asunto. El dictamen, según fuentes de la Fiscalía, probablemente esté listo "en semanas".

Navajas es un fiscal de 72 años de edad y larguísima trayectoria. Tiene incluso un récord infrecuente: ha sido fiscal general interino en cuatro ocasiones: en diciembre de 2014, tras la renuncia al cargo de Eduardo Torres-Dulce, durante un mes; en noviembre de 2017, tras la muerte repentina de José Manuel Maza, durante otro mes; en junio de 2018, tras la caída del Gobierno de Mariano Rajoy por la moción de censura socialista y el cese de Julián Sánchez Melgar, durante una semana; y en enero pasado, durante un mes, entre María José Segarra y Dolores Delgado, las dos fiscales generales nombradas durante gobiernos de Pedro Sánchez. El hecho de que Delgado lo mantuviera en el cargo en el Supremo hasta su jubilación, prevista para diciembre, y de que le encargara en junio pasado el dictamen sobre las querellas por la pandemia se ha interpretado en algunos ámbitos jurídicos de la derecha como una forma de asegurarse el Gobierno una cierta tranquilidad en esta fase del frente judicial. Dan por hecho que Navajas se pronunciará por la no admisión y por el archivo de las querellas y denuncias y/o por la no competencia del Supremo en esos asuntos. En el entorno de la Fiscalía General, sin embargo, dicen que todo está aún "en estudio" y no dan por segura ninguna resolución.

Dictamine lo que dictamine la Fiscalía, la última palabra la tendrá la Sala de lo Penal del Supremo, para la que es preceptivo escuchar al fiscal, pero que puede pronunciarse en sentido diferente al del Ministerio Público. E incluso puede ver indicios muy diferentes en las diferentes querellas y demandas, lo que les llevaría a resoluciones también diferentes. En cualquier caso, en el Supremo recuerdan de modo constante que eso es un tribunal que toma sus decisiones por razones jurídicas y no por razones políticas, forma educada de decir que ese frente, el jurídico, no quiere estar condicionado o subordinado a ninguno de los otros.

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Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en eldiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas.

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Publicado el
31 de agosto de 2020 - 22:42 h

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