Luz y taquígrafos para Juan Carlos I

“Por la vía parlamentaria, la investigación del nuevo escándalo tiene difícil recorrido. Unidos Podemos la impulsa, pero ni PSOE ni PP la facilitan. Pero la vía judicial es imprevisible e incontrolable”. Así acababa 'Juan Carlos de Borbón, ex Tabú I de España', un artículo que publiqué en estas mismas 'Crónicas del poder' hace casi 20 meses, en julio de 2018.

El nuevo escándalo del rey emérito al que se refería aquel texto es el mismo que estos días ha vuelto a ponerse de actualidad, ampliado y detallado con novedades sustanciosas: la Fiscalía suiza investiga una donación de 65 millones de euros recibida por Corinna Larsen, examante de Juan Carlos l, desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña que a su vez disponía de unos 100 millones de euros procedentes de otra donación realizada por el ministerio de Finanzas de la casa real saudí. Corinna Larsen ya ha prestado testimonio ante la justicia suiza, y su abogado ha asegurado que su cliente recibió en su día “un regalo no solicitado del rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado”.

Los nuevos coletazos judiciales del escándalo han tenido ya tres efectos entre nosotros. Uno, han rasgado aún más el manto del tabú que durante muchos años envolvió y protegió al anterior jefe del Estado. Dos, han despertado a la justicia española, que hace menos de dos años archivó el caso y que ahora podría reabrirlo, pues ya han pedido el juez y el fiscal españoles a sus colegas suizos la información de que dispongan. Y tres, están poniendo a prueba la cohesión interna del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que discrepan sobre qué hacer con esta nueva patata caliente.

Los indicios de que el rey anterior pudo estar involucrado en algunas prácticas de corrupción y de que dispone de una fortuna personal de incierto origen y muy superior a toda lógica contable no son nuevos, pero ahora se multiplican. Tras los datos destapados por la justicia suiza, ni el Gobierno ni el resto de las instituciones del Estado deberían mirar hacia otro lado. El problema es grave, su evolución está en manos y voluntades ajenas -la justicia de otro país-, lejos del alcance de la acción tradicional de todos los resortes institucionales internos, y no se debería dejar que el enredo crezca él solo sin tratar de atajarlo y resolverlo. No para enterrarlo, sino para lo contrario: desbrozarlo cuanto se pueda y exigiendo después las responsabilidades que correspondan. Mejor luz y taquígrafos y trasparencia y jueces y fiscales ahora sobre la fortuna y las actividades económicas del rey anterior que lamentos en unos meses o unos años sobre sus efectos en la institución que representó y que aún representa.

Si la comisión parlamentaria de investigación que ha pedido Podemos no es el formato idóneo para un problema tan singular como es este, debería buscarse otro más adecuado. También la Casa del Rey tendría que tomar alguna medida y estudiar si el actual monarca ha de poner alguna distancia más con su padre y antecesor antes de que sea demasiado tarde. El incendio ahora avivado no sólo puede llevarse la reputación que le queda al rey emérito sino también chamuscar injustamente la de su hijo y la de la Corona, y poner en riesgo la forma de Estado en su conjunto. La determinación que mostró Felipe con su hermana Cristina y con su cuñado durante el caso Urdangarin, sacándolos de la vida pública y retirándoles la asignación presupuestaria, va a ponerse ahora de nuevo a prueba.

Como se vio en el caso Nóos, la opinión pública española puede asimilar el impacto de una hija del rey sentada en un banquillo de los acusados y de un yerno del rey ingresando en prisión. Lo que ahora probablemente no toleraría es que se echara tierra sobre un asunto tan feo como este que afecta al rey emérito y menos aún el bochorno de que tuviera que ser un sistema judicial ajeno al nuestro el que lo esclareciera.