La Unión Europea asume la falta de vivienda asequible y apuesta por los fondos comunitarios como solución

La cumbre informal sobre vivienda y urbanismo que han celebrado este martes en Gijón ministros y representantes de los 27 países de la UE ha constatado que hay un problema de vivienda a precios asequibles y ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que refuerce los recursos y financiación en este ámbito y se favorezca la transición ecológica del sector inmobiliario.

“Valoramos los importantes recursos financieros europeos disponibles para la renovación de edificios, especialmente las oportunidades que ofrecen los fondos Next Generation, e instamos a la Comisión Europea a que refuerce los mecanismos actuales para complementar los planes de apoyo nacionales, regionales y locales en el sector de la vivienda”, han concluido.

Así se recoge en la llamada “Declaración de Gijón” con la que se ha cerrado este encuentro, presidido por la ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el que han estado presentes los ministros del ramo de Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Malta y Eslovenia, así como representantes del resto de países de la Unión Europea.

Viviendas asequibles y sociales

Tras reconocer la “necesidad de continuar desarrollando políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y adecuada ” bajo los principios de “subsidiariedad y de cooperación entre todos los niveles de gobierno”, se plantea la posibilidad de conseguirlo mediante la “creación y promoción de un parque de viviendas asequibles y sociales”.

Para los estados miembros de la UE es preciso “estimular un parque de viviendas adecuado”, en particular en aquellas zonas con un mercado residencial tensionado, pero también desarrollar instrumentos normativos que hagan frente a fenómenos como el alquiler a corto plazo y mejorar los procedimientos administrativos vinculados a la vivienda.

Según los últimos datos de Eurostat, el 8,7 % de la población europea, es decir, más de 40,8 millones de personas, destina más del 40 % de sus ingresos a pagar la vivienda, porcentaje que se eleva al 20,8 % si se considera el conjunto de familias que residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado. 

Reconoce además la importancia de mejorar los sistemas de financiación para el desarrollo de la vivienda, en particular para los alquileres sociales o asequibles, por ejemplo, permitiendo la aplicación de modelos de colaboración público-privada.

Apuesta por la sostenibilidad

La Declaración de Gijón, además de reclamar más fondos, insta a la Comisión Europea a estudiar la definición de vivienda social, “que puede considerarse un servicio de interés económico general para facilitar la aplicación de las ayudas estatales”, y asume el compromiso de reforzar la dimensión territorial de las políticas de vivienda “mediante un enfoque territorial integrado”.

Tras reconocer que las políticas urbanas nacionales a que se refiere la Nueva Carta de Leipzig son un instrumento adecuado para facilitar la coordinación y promover ciudades y pueblos más competitivos económicamente y sostenibles medioambientalmente, apuesta por “mejorar el estado del parque de viviendas existente, con un enfoque basado en el ciclo de vida”.

Para los estados miembros de la UE, deben afrontarse los principios de conservación, funcionalidad y accesibilidad y sostenibilidad teniendo en cuenta que los hogares son responsables de una parte significativa del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero y que, por lo tanto, la transición ecológica en el sector inmobiliario debe ir acompañada de medidas sociales.

Arquitectura de calidad

Apuesta además por reconocer la “arquitectura de alta calidad” que beneficia el bienestar de toda la ciudadanía y tiene un amplio potencial transformador, y por avanzar en la aplicación de los valores fundamentales de la Nueva Bauhaus Europea, que representa una apuesta por una arquitectura de calidad que busca mejorar la vida de las personas.

Para los miembros de la UE también es fundamental continuar apoyando a la industria de la construcción residencial “como sector estratégico en la reactivación de la economía y la creación de empleo” y “ser ambiciosos” a la hora de dar respuesta a las personas sin hogar mediante el establecimiento de marcos estratégicos que respeten los derechos humanos.

En definitiva, la UE ha hecho un llamamiento para ofrecer soluciones de vivienda o financiación para los hogares de rentas medias y bajas, personas sin hogar, jóvenes o personas con discapacidad, sin perder de vista la necesidad de contar con un entorno de alta calidad, saludable, inclusivo y medioambientalmente sostenible en entornos rurales y urbanos.

La mayor parte de la población europea vive en zonas urbanas y muchos hogares europeos se enfrentan a dificultades a la hora de encontrar una vivienda adecuada y asequible, especialmente en las zonas y barrios con mayor demanda.