La adjudicataria del servicio recogida de basuras en Santander repite en la lista de morosos de Hacienda

El Grupo Sadisa y una de sus empresas dependientes, Geaser, que forma parte de la UTE que gestiona el servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza de Santander, vuelven a repetir en el listado de principales morosos del Ministerio de Hacienda que acaba de hacerse público sobre datos de 2019. El Grupo debe a la Agencia Tributaria 2,4 millones de euros, 400.000 euros más que en 2018; mientras que Geaser forma parte de una UTE con Ascán Servicios Urbanos SLU, que tiene contraída una deuda tributaria de 2,7 millones, 1,1 millones más que en 2018.

Geaser es gestora del servicio de basuras de Santander, junto con Ascán Empresa Constructora y de Gestión, desde 2013. La UTE es objeto actualmente de fiscalización por el Ayuntamiento de Santander y tiene sobre ella pendiendo una resolución del contrato ante los graves incumplimientos de las condiciones del mismo que detectó la Intervención General.

Geaser fue durante más de una década la empresa encargada de la recogida de residuos en Torrelavega, pero el Ayuntamiento de Torrelavega ha devuelto a la esfera de lo público el servicio. Desde febrero, Aguas de Torrelavega gestiona tanto la recogida de basura como el suministro de agua a la capital del Besaya, una decisión que el equipo de gobierno de Javier López Estrada (PRC) entiende que ha supuesto un ahorro de 130.000 euros a su Ayuntamiento.

Contrainforme y pignoración

La UTE Ascán-Geaser está ultimando un contrainforme que presentará en el proceso de alegaciones que se abre con motivo del expediente de resolución del contrato de recogida de basura que ha sido abierto por el Ayuntamiento de Santander. El contrainforme pretende dar respuesta al largo rosario de incumplimientos de las condiciones del servicio que ha detectado la Intervención General entre 2013 y2018.

El expediente de resolución del contrato durará cinco meses, aproximadamente, y en el trámite se dará audiencia a las empresas adjudicatarias, las cuales, según han manifestado fuentes de las mismas a este medio, darán respuesta a las imputaciones hechas desde el órgano de control del Ayuntamiento de Santander.

Ascán-Geaser no detalló en qué términos recurrirá pero sí ha indicado que la pignoración de los ingresos de la contrata (el pago que mensualmente paga el Ayuntamiento por el servicio) que en 2014 la concesionaria ofreció en prenda a un grupo de bancos no está en vigor. Justifica la adjudicataria que la pignoración fue consecuencia de la crisis económica.