A Carmina le costaba cada vez más salir de casa. No por falta de ganas, sino porque ya apenas oía a sus amigas. Un audífono roto, una subvención denegada y una brecha digital e institucional la empujaban al silencio; pero ella no se va a rendir. Mientras tanto, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) asegura en su memoria que actúa con “una perspectiva sumamente personalizada y adaptada a cada caso”. Este organismo, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, afirma en sus memorias que quiere “mejorar y optimizar sus servicios en aras de ofrecer actuaciones lo más eficaces y resolutivas posibles”. Pero la realidad, al menos en algunos casos, desmiente ese propósito.
El envejecimiento de la población es una realidad cada vez más evidente en Cantabria y en otras comunidades del norte de España. Según datos del INE de 2024, nos hallamos en el cuarto lugar del índice de envejecimiento con 187 mayores de 65 años por cada 100 menores de 16. Este cambio demográfico debería implicar una transformación profunda en los modelos de atención a las personas mayores. Y esa transformación no pasa por la digitalización acrítica ni por la aplicación rígida de procedimientos administrativos, sino por una atención verdaderamente humana.
Carmina (nombre ficticio para proteger la identidad de una persona real) llevaba doce años con un audífono que ya no le servía. El aparato había quedado obsoleto para su nivel actual de sordera, y el coste de uno nuevo, entre 2.000 y 4.000 euros, le resultaba inasumible. Esta mujer de 74 años, que intentaba practicar el envejecimiento activo, comenzó a aislarse: primero dejó de acudir a reuniones con amistades, luego abandonó sus clases de arte y yoga. Le costaba seguir las conversaciones, no entendía a los profesores, se sentía torpe. Poco a poco, se fue desconectando del mundo. Su autoestima también se resintió.
La pérdida de audición influye negativamente en el bienestar emocional y puede condicionar mucho la vida personal. Si se suma al capacitismo asociado a la sordera el edadismo que enfrentan las personas mayores, la exclusión se multiplica. Según los psicólogos, la sordera puede generar soledad, frustración, vergüenza, inseguridad y baja autoestima, así como un claro retraimiento social.
Ante el empeoramiento de su sordera, Carmina acudió a su médica de cabecera, quien la derivó a Otorrinolaringología en Valdecilla. Allí se confirmó la necesidad de cambiar de audífono. Tiempo después, alguien le habló de las “Subvenciones para la promoción de la vida autónoma” del Gobierno de Cantabria, gestionadas por el ICASS. Dado que su unidad familiar cumplía los requisitos económicos, Carmina inició la solicitud. Una de las modalidades permite presentar el contrato de financiación del audífono tras la compra.
Pero aquí surgió el problema: como trabajadora del hogar no remunerada —o “ama de casa”—, sin ingresos propios ni historial crediticio, Carmina tuvo que recurrir a un contrato de financiación a nombre de su marido. El ICASS le denegó la subvención. La razón: “el contrato de financiación no está a nombre de la persona solicitante”. Poco importaron los documentos que acreditaban su situación económica, su sordera, y que ella y su esposo son cotitulares de la cuenta bancaria. La respuesta fue invariable.
Por otro lado, al comentarlo con conocidos, Carmina ha sabido que no estaba sola y que esta no es, ni mucho menos, la primera vez que esto ocurre. ¿Ignora el ICASS la realidad de tantas mujeres que por carecer de salario y derechos laborales el trabajo del hogar carecen de acceso al crédito? ¿Es aceptable que la literalidad de una cláusula administrativa anule el derecho a una ayuda que tiene sentido precisamente para personas como ella? ¿No parece este exceso de celo una estrategia para quitarse de encima a personas que necesitan la subvención?
Negar esta subvención a mujeres que han dedicado su vida al trabajo doméstico y que no pueden contratar créditos a su nombre constituye, como mínimo, una insensibilidad burocrática. Pero también puede interpretarse como una discriminación por razón de género y situación económica. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 38/2003, General de Subvenciones, exigen a la Administración eficacia en la protección de derechos, no excusas para negarlos.
Ahora, Carmina, con la ayuda de sus hijos, prepara un recurso de amparo: quiere que revisen su caso y le concedan la subvención, pero, sobre todo, quiere que se adopten medidas que eviten que esta discriminación indirecta de las cuidadoras principales del entorno familiar se repita en futuras convocatorias o trámites. Se pregunta cuántas otras mujeres, sin apoyo familiar o formación digital, se rendirán antes. Está previsto que remita su queja a la consejera del área, Begoña Gómez del Río, quien ha declarado recientemente que su consejería quiere “afrontar el reto de servir a los cántabros que más lo necesitan”. Queda por ver si esas personas incluyen a las mujeres mayores, con sordera, que fueron amas de casa. De momento, y a tenor de lo vivido, parece que el ICASS no está sabiendo o queriendo cuidar de ellas.
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