Ahora que tenemos Gobierno, y que las encuestas reflejan un repunte en la confianza del ciudadano, podemos asistir a la constatación de lo obvio: Nostradamus fallaba más que una escopeta de feria o una empresa demoscópica, pero la clase política española conoce a la perfección el cuerpo electoral y actúa en consecuencia... sin sorpresas. Es lo que hay y el ciudadano obtiene lo que no reclama. Sarna con gusto, no pica.
Nuevo Gobierno y subidas de impuestos. Y subidas de impuestos indirectos que es un ejercicio de hipocresía fiscal. Quien se llame a andanas es porque quiere. Bruselas impone recortes y alguien tiene que pagar la factura lo que, en un ejercicio de cinismo, permite constatar que las drogodependencias (alcohol y tabaco) son un bien protegible (fiscalmente) por el Estado.
Nuevo Gobierno y fagocitación del principal partido de la oposición (que ya no es el principal partido de la oposición, sino un comparsa de lujo).
Nuevo Gobierno y ataque a las pensiones, en un contexto además en donde un cuarto del país vive de ellas. Pero convendría aclarar un par de cosas antes de caer en el pensamiento torticero de los telediarios.
Nuestro sistema de pensiones se basa en dos ideas clave, a saber:
1. Un consenso social como no lo hay en otro campo.
2. Un concepto redistributivo, no de capitalización.
Todos los gobiernos, sí, todos, han tenido en mente pegarle un hachazo a nuestro sistema de pensiones, pero lejos de caer en la tentación se han cuidado muy mucho en solo amagar. La clase política siempre está tanteando a la ciudadanía y cuando constata aguas pantanosas, se lo toma con calma.
¿Hay que recordar que millones de votantes de los partidos gobernantes, incluido el PP, se nutren del voto de jubilados? ¿Hay que constatar que un cuarto del país vive de la pensión de esos mismos jubilados y que la paz social pende de este hilo cada vez más sutil? ¿Será por ello que las profesiones ligadas con el uso de la porra sean un nicho de empleo efervescente y una inversión para el poder ante lo que pueda ocurrir?
Sin embargo, se acaba de descubrir, como si se saliera de la infancia, que el sistema es caro y difícilmente sostenible por sus propios medios. Pero quien no acaba de perder la inocencia es la ciudadanía, confiada en que esto es todavía inamovible. Yo estoy convencido de que, de aquí a diez o veinte años, o no habrá pensiones o serán tan endebles que apenas se diferenciarán las contributivas de las no contributivas. Yo, en todo caso, hace tiempo que me despedí de ellas, y me veo aporreando el teclado hasta que aparezca la Parca.
Este camino de desmantelamiento ya se inició. Desvincular la evolución de la pensión del encarecimiento de la vida y vincularlo a los ingresos del Estado, obedece al mismo pensamiento que vincula el empleo y el empleo de calidad a las expectativas, a futuro, de empresas. Y ya sabemos a qué ha conducido todo esto: cierre de empresas y depauperación de condiciones laborales, desaparición de la negociación colectiva e irrelevancia de los sindicatos. Si los ingresos del Estado no viven su mejor momento, si el gasto lo sobrepasa y el déficit galopa con entusiasmo, nunca se dará la condición idónea para revalorizar las pensiones de manera acompasada con el encarecimiento de la vida.
Aquí empieza un rosario de mentiras, medias verdades e intereses creados: se achaca a la demografía, la inversión de la pirámide poblacional, la precariedad del sistema (la población española mayor de 65 años es la séptima en términos cuantitativos de la UE, mientras que el gasto dedicado al pago de pensiones está por debajo de la media de la Unión, según el Instituto de Estudios Económicos). Pero no se dice que el principal ataque al sistema de pensiones procede del mismo marco laboral, del cual el Gobierno de turno es uno de los principales árbitros.
Un sistema de pensiones puede ser autofinanciado siempre y cuando haya empleo de calidad. No se puede sostener un sistema en un país de camareros. Con empleo abundante y de calidad habrá cotizaciones altas; con empleo-basura, no. Por lo tanto, la mejor manera de robustecer ese pacto a futuro con los que hoy hacen el país es mejorar y no dinamitar el mercado laboral; es no abonarse a la economía de casino y apostar por una economía productiva sobre bienes concretos y de alto valor añadido; es apoyar el empleo estable y de calidad, que a la larga, y no tan a la larga, mejorará la competitividad de las empresas y generará los ingresos necesarios para el sostenimiento de un sistema que es caro como es caro un Parlamento, y no por ello se cierra.
Ese pacto social supone la aceptación histórica por el ciudadano del carácter redistributivo de las pensiones, que es la segunda premisa de la que antes hablaba. Esto para el liberal es un dolor de muelas, pero no menos dolor es tener que recurrir a los impuestos de todos para salvar a la banca y se hizo.
Ese pacto, digo, se basa en el carácter redistributivo que entraña un concepto solidario y también la promesa de que quien hoy contribuye mañana se beneficiará. Este sistema es un sistema ideológico y tal vez sea ese el problema y por eso se le ataca. Apelar al recorte del sistema es propiciar en el contribuyente la idea de que él aporta a quien no se lo merece y, a cambio, no obtendrá nada.
Este discurso, tan ideológico como lo que ataca, hace que los sistemas privados de capitalización sean el refugio del miedo. Incluso desde un punto de vista ideológico-egoísta, demostrado queda que la rentabilidad de esos planes privados en muchos casos es negativa (según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, Inverso, en los últimos 10 años solo 40 de los 117 fondos de planes individuales en España se han situado por encima del poder adquisitivo). Es lo que tiene el miedo: se ve lo que se quiere ver.
En sentido inverso, los planes de pensiones privados son un instrumento financiero de primer orden en el mundo. Son como una chupona de ahorros y lo que interesa es captar más dinero, para lo cual son los principales interesados en el desmantelamiento de sistemas públicos de protección solidaria e intergeneracional.
Yo creo en un sistema retributivo, aunque no tenga papeletas de beneficiarme de él. Porque no hay otra y porque es mi visión política de la sociedad. Creo que hay que pagar impuestos para financiar los servicios del Estado y creo en una política de redistribución social.
Con las pensiones pasará como con Laura Ingalls y su casita en la pradera. Camino hacia el Oeste de la desprotección social, primero irá el padre; luego se sumará la madre; luego irán las hijas de una en una y al final y, sin apenas darse cuenta, la casa original en Wisconsin habrá desaparecido.
Para desmantelar el sistema de pensiones no hace falta un bulldozer, basta con llevarse un ladrillo cada día.
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