Podemos denuncia “nueva fragmentación irregular de contratos” en los parques eólicos PE Las Américas 3 y 16

Podemos Cantabria ha denunciado una “nueva fragmentación irregular de contratos” en los parques eólicos PE Las Américas 3 y 16, ambos con una potencia de 49,99 MW, justo por debajo del umbral de 50 MW que permite la competencia estatal.

Por ello, ha exigido que el MITECO y el Gobierno regional “revisen y unifiquen los proyectos fragmentados, aplicando la normativa vigente, reforzando la transparencia administrativa y asegurando que ningún proyecto de gran envergadura pueda eludir la evaluación ambiental y la supervisión ministerial”.

Según ha explicado la formación en un comunicado, ambos proyectos son promovidos por la misma empresa, registrada bajo distintos CIF, y forman parte de un conjunto mayor, de más de 500 sociedades con el mismo nombre y sede social, lo que para Podemos “sugiere la existencia de una estrategia sistemática de fragmentación de proyectos y contratos para eludir la competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)”.

El partido morado considera que esta práctica constituye un fraude de ley, ya que permite eludir la evaluación ambiental ordinaria y reducir la visibilidad de los impactos acumulativos sobre el medio ambiente y la población afectada. Además, la fragmentación irregular de contratos dificulta el control administrativo y compromete la transparencia en la tramitación de estos proyectos, ha insistido.

Podemos Cantabria ha advertido que, si los parques eólicos salen adelante bajo esta fragmentación, emprenderá acciones legales contra la empresa promotora y el Gobierno de Cantabria “para garantizar la legalidad y la protección del interés público”.

Según el partido, estos casos “reflejan un patrón que no es aislado, sino parte de una tendencia creciente en Cantabria y otras comunidades, donde grandes proyectos energéticos se dividen artificialmente para evitar la supervisión estatal y la evaluación ambiental completa”, lo que “pone en riesgo la integridad del procedimiento administrativo y la protección del medio ambiente”.

Asimismo, la fragmentación de proyectos genera inseguridad jurídica para los vecinos y los municipios afectados, que se ven obligados a tramitar consultas y alegaciones de manera fragmentaria, sin poder evaluar los impactos globales de la instalación completa. Esto limita la participación ciudadana y debilita los mecanismos de control público.