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El Gobierno de Cantabria estudiará posibles ceses por la trama de presunta corrupción en Obras Públicas

Coches de policía en la entrada de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria.

Rubén Alonso

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El Gobierno de Cantabria asegura estar a la espera de que este viernes se levante el secreto de sumario de la investigación por presunta corrupción en la Consejería de Obras Públicas para tomar, si fuera pertinente, “alguna decisión política para depurar responsabilidades”.

Así lo ha dicho este jueves el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Pablo Zuloaga (PSOE), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. De esta forma, el bipartito estudiará posibles ceses cuando dentro de 24 horas se conozcan los detalles de las pesquisas que está llevando a cabo la Justicia y que en la jornada de este miércoles se saldaron con ocho detenidos y registros en la Consejería que dirige Jose Luis Gochicoa (PRC) así como en varias empresas y domicilios particulares.

Zuloaga ha confirmado que solo uno de los detenidos es funcionario del Gobierno autonómico, si bien no ha corroborado si se trata del jefe de Conservación de Carreteras. “Sabemos que hay un funcionario que ya habría tomado declaración ante la Policía y la Agencia Tributaria, pero no sabemos más”, ha asegurado sobre el empleado público que está en el foco de todos los indicios.

“Cuando se levante el secreto de sumario habrá más elementos de juicio para entender si la investigación afecta únicamente a un funcionario, como parece ser, o hay que tomar también alguna decisión política”, ha sentenciado en referencia a las presuntas irregularidades investigadas en la adjudicación de contratos públicos en el Servicio de Carreteras.

“Mayor control”

De hecho, Zuloaga ha señalado que, al no tener conocimiento oficial de las empresas investigadas, por el momento el Ejecutivo “trabaja con normalidad” con respecto a los contratos relacionados con este ámbito. Y es que, según ha remarcado, los contratos del departamento de Gochicoa por ahora no se van a suspender, sino que “tienen que seguir su normal funcionamiento, si cabe con mayor control, porque los trabajos son absolutamente necesarios para mantener unas condiciones de seguridad en las carreteras, especialmente ante las nevadas e inclemencias meteorológicas que se están produciendo”.

Cuestionado por si este asunto se ha abordado en el Consejo de Gobierno y si se han pedido explicaciones al consejero de Obras Públicas, el vicepresidente ha señalado que las deliberaciones que se producen en estas reuniones “son secretas”.

Pese a ello, sí ha reiterado que el estado del consejero es de “máxima preocupación”, y que la postura del Gobierno es de “absoluta colaboración” con la Justicia y “máxima transparencia” para esclarecer lo sucedido, además de que los miembros del Ejecutivo ya vienen desde ayer hablando con Gochicoa para entender lo que sucedía a raíz de que a primera hora de la mañana se personaran en la sede de la Consejería agentes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional precintaran algunos despachos del servicio de mantenimiento de carreteras.

Además, ha avanzado que tanto el consejero como el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), tendrán la oportunidad de dar “todas las explicaciones” en el Parlamento tras las peticiones de comparecencia que han registrado varios partidos.

Finalmente, preguntado sobre si cree que el estallido de este caso tiene que ver con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, lo ha negado explicando que una investigación como esta depende de las decisiones de la jueza que lleva el caso. “Eso son circunstancias de los tiempos”, ha dicho. “No depende del momento del año, sino de cómo madura la investigación y de que la jueza responsable permita las acciones que hemos visto ayer”, ha concluido.

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