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Los sindicatos denuncian que el traslado del Centro de Atención a la Infancia y Familia supondrá una reducción de plazas y la desaparición de 30 puestos de trabajo: “Es una privatización total del servicio”

Menores en un centro de acogida.

Blanca Sáinz

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El Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) de Santander desaparecerá, previsiblemente, entre agosto y septiembre de este mismo año, y lo hará para trasladarse a dos chalets de Cueto con una capacidad para ocho usuarios y 22 trabajadores. Unos números muy diferentes a los actuales, ya que, según una de las trabajadoras del centro, se perderán 16 plazas de menores, además de los 30 empleos que denuncia, por su parte, Comisiones Obreras.

A pesar de que desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales indican que, con el cambio, se va a dejar “un módulo de referencia”, según Comisiones Obreras este cambio producirá que el CAIF deje de ser público y pase a estar gestionado por una fundación: “Es una privatización total del servicio, por mucho que rehúyan de la palabra”, explica a elDiario.es Carmelo Renedo, responsable de la Sección Sindical de Comisiones Obreras en el Gobierno de Cantabria. No obstante, desde el Ejecutivo mantienen la “garantía” de que el servicio continuará siendo público. “Ni se cierra, ni se externaliza. Se traslada de ubicación a otras instalaciones que también son públicas”, argumentan.

Parte de la queja del sindicato reside en que los Servicios Sociales hayan tomado esta decisión en base a un informe de los años 2008-2010 en el que “solo se dan recomendaciones”: “Desde entonces se han invertido miles de euros en el edificio para ir adaptándolo a las recomendaciones, y ahora alguien ha vendido la moto al Gobierno de que el traslado a Cueto supondrá un modelo de excelencia en atención al usuario”, asevera Renedo.

Algo en lo que, de nuevo, vuelven a diferir Consejería y sindicatos, ya que los primeros mantienen que el centro de General Dávila fue construido en los años 30 “como orfanato”, por lo que “no responde a un modelo de atención actual”. “Está obsoleto y alejado completamente de las directrices y estudios de expertos de todo el mundo… Las infraestructuras, la humanización de los espacios, son de vital importancia porque los contextos forman parte de la acción terapéutica”, señalan.

Por su parte, una de las trabajadoras del centro expone a este periódico que el CAIF mantiene un clima “familiar” a pesar de las dimensiones, ya que está dividido por unidades en las que la capacidad máxima son ocho personas. “La calidad de vivir como una familia no se hace solo por vivir en un chalet, sino por el entorno de convivencia que se tiene… Además, estos menores deberían tener una red amplia de servicios comunitarios para que puedan normalizar su vida, y los chalets de Cueto no lo tienen”, sentencia.

Aunque si hay algo en lo que incide el sindicalista es en lo “poco” que se deja para Cantabria en lo que respecta a atención de menores, ya que “solo” quedarán ocho plazas “que a lo sumo se pueden convertir en doce”. Ante ello, y tal y como revela el sindicalista, desde el Gobierno aluden a que estos menores recibirán una atención “de mayor calidad”.

Pérdida de empleos y recolocación

La noticia saltó a los medios en el mes de marzo, cuando se calculaba que el cierre se produciría en uno o dos meses, y, como cuenta la empleada del centro con la que ha contactado elDiario.es, a la vez que el resto de la población se enteraron los trabajadores, quienes comenzaron a hacer cábalas sobre cuáles eran sus opciones futuras. Finalmente, y según revela, estas quedaron reducidas a tres: el traslado a Cueto, la recolocación en otros centros o la pérdida de sus empleos. 

Ahora, una vez resuelta la incertidumbre, cada uno ya sabe cuál será su destino tras el cierre del centro, y como indica Carmelo Renedo, de aquellos que se van a reubicar “unos van al CAD de Sierrallana, otros al CAD de Cueto, y otros al CAD de Laredo”: “Lo que esconden es que, a corto plazo, entre jubilaciones y plazas vacantes que no se van a cubrir desaparecen 30 puestos de trabajo. Además, en esos centros a los que van hay puestos que están ocupados por contratos de relevo que en cuanto terminen tampoco se van a cubrir”, insiste.

La trabajadora, que es maestra en las dependencias, admite que “probablemente” resultará más barato para el Ejecutivo mantener una plaza en una fundación privada que en lo público, pero revela que desde el CAIF se han hecho propuestas “para que el centro sea viable”, aunque siempre sin respuesta. Por último, desde la Consejería afirman “entender la preocupación de los sindicatos por el empleo”, pero concluyen con que el cambio no tendrá impacto para los trabajadores.

Reunión con Revilla

Precisamente este viernes, el comité de empresa del Gobierno de Cantabria ( formado por UGT, CCOO, TU, SIEP y CSIF) ha decidido por unanimidad solicitar una reunión con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, antes del 7 de mayo para que aclare cuál será el futuro del Centro de Atención a la Infancia y Familia y qué política de infancia pretende aplicar el Ejecutivo autonómico.

El órgano sindical, que representa al personal laboral del Gobierno de Cantabria, ha precisado en un comunicado conjunto que hasta el momento solo se ha celebrado una reunión “meramente informativa” con la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, cuya propuesta “supone modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo para gran parte de los trabajadores y trabajadoras del CAIF”.

Según los sindicatos, tanto la Consejería de Empleo y Políticas Sociales como la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria les aseguraron que “no iba a haber pérdida de plazas públicas” y que “habrá amortizaciones sistemáticas en cuatro centros del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para la recolocación del personal del CAIF”.

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