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CCOO reclama mecanismos para garantizar que el aborto en Castilla-La Mancha sea gratuito y en la sanidad pública

EFE/ Joédson Alves

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Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, en el Día de acción global por el aborto legal, seguro y accesible, ha reivindicado el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y su salud, lo que implica el acceso universal a un aborto legal, seguro, gratuito y con garantías, así como a métodos anticonceptivos y a una educación afectiva sexual plena en todas las etapas de la vida.

Pese a valorar los avances contenidos en la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril que, entre otras cosas penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para abortar y garantiza el derecho efectivo al aborto a todas las mujeres en la sanidad pública con independencia del territorio en el que vivan, el sindicato reclama más garantías y seguridad para las mujeres que deciden libremente abortar.

“Reivindicamos especialmente la puesta en marcha de los mecanismos pertinentes que permitan a cualquier mujer de cualquier territorio poder ser atendida en una IVE de la sanidad pública sin tener que desplazarse lejos de su domicilio, respetando la calidad asistencial y la libertad de todas las mujeres a escoger el método más adecuado”, ha reclamado el sindicato.

CCOO se ha referido al Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo del Ministerio de Sanidad, que recoge que durante el año 2020 en la región se realizaron un total de 2.910 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que 291 fueron en jóvenes de entre 15 y 19 años. Todas ellas se realizaron en centros privados, no se registró ninguna notificación de interrupción voluntaria del embarazo por parte de los centros públicos.

La tasa por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años que abortaron fue en 2020 en Castilla-La Mancha del 8%, por debajo de la media nacional que es del 10,33%. En este sentido, Comisiones Obreras reivindica que en Castilla-La Mancha se aplique la ley para que todas las mujeres tengan la posibilidad de poder interrumpir su embarazo en centros sanitarios públicos con garantías de seguridad.

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