Elisa Fernández, de la Marea Roja de Investigación: "Hay que cambiar el modelo productivo y la forma de invertir en Ciencia"

Protestas de la Marea Roja de la Investigación por la reforma de la Ley de Ciencia en España

La Coordinadora Marea Roja de la Investigación se reúne este miércoles con el Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Este colectivo se movilizó la pasada semana en distintas ciudades españolas, entre ellas Ciudad Real, contra la reforma de la Ley de Ciencia que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de España.

“Estamos adquiriendo conciencia de que la I+D+i es fundamental para enfrentarse a los grandes retos sociales”

“Estamos adquiriendo conciencia de que la I+D+i es fundamental para enfrentarse a los grandes retos sociales”

De forma paralela, el Ministerio de Ciencia e Innovación mantiene reuniones con distintos sectores de un colectivo que integran 18 grupos entre asociaciones, organizaciones o sindicatos, como la que tuvo lugar el lunes entre Rafael Rodrigo, secretario General de Investigación y la Asociación de Investigadores Hospitalarios (ANIH).

Elisa Fernández es bióloga y vive en Toledo. Es la representante de CCOO-CSIC en la Coordinadora Marea Roja de la Investigación. “El ministerio todavía no nos han llamado a los sindicatos”, detalla, pero se muestra optimista en que el texto normativo pueda cambiar.

Licenciada en el año 2005 es uno de los cientos de ejemplos del periplo de los investigadores en España. Pasó por la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, para recalar después con contrato en el Hospital Nacional de Parapléjicos para pasar al Instituto Español de Mastocitosis, con sede en el toledano Hospital del Valle.

Con la llegada de la crisis de 2008 y su traslado a la inversión pública en investigación en 2011 en Castilla-La Mancha que se tradujo en “brutales recortes”, tal y como recuerda la investigadora, “me quedé en el paro”.

Mientras valoraba marcharse al extranjero, salió una convocatoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para técnicos superiores especializados y “mientras iba echando curriculums y agotando el paro, me puse a estudiar. Estudié mucho y saqué la plaza”.

Eso fue en 2013 y reconoce que tuvo “mucha suerte porque lo que yo he conseguido no es lo habitual”. Hoy hay un 40% de temporalidad en los contratos de investigación en el ámbito público que llega al 80% en el sector sanitario.

La llegada de una nueva norma para el sector científico en España ha defraudado. Para Elisa Fernández, el anteproyecto de Ley de Ciencia es “un lavado de cara, pero realmente no afronta la gran problemática que tiene el sector de la investigación. Falta más inversión y sobre todo que sea estable”.

La Coordinadora Marea Roja de la Investigación fue creada en 2013 un contexto de recortes derivados de la crisis de 2008 y surgió como otras ‘mareas’ relacionadas con la vuelta de tuerca que entonces daba el Gobierno del PP a la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.

Desde las grandes manifestaciones de la época las cosas han cambiado poco, reconoce. “El problema es que todavía no nos hemos recuperado de la crisis de 2008. Los presupuestos de inversión en investigación en España siguen siendo menores a los de 2009”, comenta Elisa Fernández, y están lejos de la media europea en inversión en I+D+i que se sitúa en un 2% del PIB.

“Si hoy tenemos algo más reflejado en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se debe a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero no por las aportaciones española en los Presupuestos Generales del Estado”, aclara.

Así lo refleja un detallado análisis del presupuesto desagregado, elaborado por CCOO que, dice el sindicato, “no invita a la celebración”.

El aumento de los presupuestos Generales del Estado para este 2021 en I+D+i es sólo del 7,6 % sobre el presupuesto anterior. El gasto real se sitúa en los 3.115 millones de euros, un 25 % por debajo del presupuesto de 2009.

“El impacto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consigue aumentar el peso de la política de I+D+i sobre el PIB del 0,25% del PIB al 0,64%. Sin embargo, este incremento se aplicará principalmente a gastos del sector empresarial, al cual se dirige el 86% de estos fondos”, explica el mismo informe del sindicato.

“No estamos en contra de la colaboración público-privada, pero hay que defender los recursos humanos y la investigación pública”, explica Fernández.

“No pinta bien que la investigación ocupe el puesto nueve, el penúltimo, en el plan nacional de recuperación”

Elisa Fernández también apunta a que la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 no será la única. “Como este coronavirus hay más de uno y más de dos. Cuando todos estemos vacunados no podemos seguir mirando hacia otro lado. Hay que cambiar el modelo productivo y la forma de invertir en Ciencia”.

En este aspecto, dice que “no pinta bien que la investigación ocupe el puesto nueve, el penúltimo o que se considere la digitalización como I+D+i”, en el plan nacional de recuperación post pandemia.

Recuerda que “con la explosión de la COVID, todo el mundo puso los ojos en los científicos: vacunas, mascarillas con viricidas…La Ciencia española no ha podido responder como podría haberlo hecho si la inversión se hubiera mantenido o incrementado, como ha ocurrido en otros países”, lamenta para apuntar que la “maravilla científica” de las vacunas en tan solo un año, recuerda, es el resultado de “la inversión, muy fuerte, de otros países. La respuesta española no ha podido ser la misma porque nos falta personal e inversión”.

¿Cuáles son las reivindicaciones de la Marea Roja?

El Anteproyecto de Ley de Ciencia de España, dice este colectivo, no resuelve el creciente envejecimiento de las plantillas del personal de la investigación, en el que las edades de acceso al sistema investigador alcanzan los 43 años.

Además, las tasas de precariedad suponen el 40% en las universidades y en los organismos públicos de investigación (OPI) y superan el 80% en el sistema sanitario. El sector privado presenta situaciones similares ante la drástica reducción del número de empresas innovadoras, apunta este colectivo.

Por otro lado, la norma no plantea una carrera profesional para el conjunto de personal de investigación. De hecho, sostienen, “ignora al personal de gestión, desprecia y excluye al personal técnico, y no reconoce los derechos laborales plenos para los trabajadores y trabajadoras del sector”. Tampoco hace referencia al personal investigador sanitario y no afronta la necesaria coordinación de la movilidad y promoción interna dentro del sistema.

Una de las modificaciones más importantes de la nueva ley se refiere al sistema de acceso del personal científico. Se sustituye la escala funcionarial de Científicos Titulares (55% del personal científico en el CSIC y el 100% en los OPI) y se declara a extinguir a cambio de poner en marcha el Tenure-Track, una figura teóricamente que permite la fijeza, pero con dos cláusulas de despido. “Un contrato fuera de la legislación española y que vulnera el Derecho Internacional”, recuerda la Marea Roja aludiendo a lo que sostiene el Ministerio de Trabajo, que lo considera “un contrato temporal más”.

El texto normativo tampoco menciona la cuestión de la financiación y la Marea Roja denuncia que “la brecha en el gasto en I+D+i respecto al PIB sigue creciendo respecto a la media europea”. Tampoco se afrontan los problemas de coordinación entre las distintas administraciones públicas y se propone una modificación mínima de las funciones del Consejo General de Ciencia y Tecnología, “sin la relevancia y visibilidad de los Consejos de Sanidad o Política Fiscal”.

La iniciativa “tampoco apunta a construir un modelo eficaz para asegurar una transformación de nuestro sistema productivo hacia un modelo centrado en la innovación”.

El Instituto de Investigación de Castilla-La Mancha

Durante el pasado fin de semana, el Gobierno regional anunció la creación del Instituto de Investigación de Castilla-La Mancha, a través de la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos sin que, de momento se conozcan más detalles.

“Es muy necesario siempre y cuando se legisle en condiciones”, sostiene Elisa Fernández, porque recuerda que “en las comunidades autónomas la investigación biosanitaria todavía no está bien conformada y tenemos un montón de personal que está en el limbo legal, sin convenios, sin retribuciones, sin carrera profesional…”

Fernández confía en que el Instituto de Investigación “no sea solo un lugar en el que depositar dinero de inversión, sino una manera de llevar a los investigadores a buen puerto”. 

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