El Gobierno de Page no ve “perentorio” aprobar la Ley de Renta Garantizada que hizo Podemos en el Ejecutivo
De las dos leyes que pivotó Podemos cuando todavía formaba parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, de momento solo una tiene visos de ser aprobada en breve. Será la Ley de Participación (antes Ley de Participación Ciudadana) que el Consejo de Gobierno registrará en las Cortes el próximo lunes junto a otras tres normativas que quedaron pendientes en la anterior legislatura: la de Evaluación Ambiental, la de Economía Circular y la del Estatuto de las Mujeres Rurales. Por el momento, la otra normativa que elaboró la formación morada, la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, no será remitida a las Cortes castellanomanchegas.
Así lo ha detallado la portavoz de la Junta, Blanca Fernández, tras la reunión del primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones. Concretamente, ha señalado, preguntada por la ley que regularía la renta garantizada, que conviene ser “prudentes” debido a la situación de inestabilidad política a nivel nacional.
También ha apuntado como factor determinante que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya anunciado una normativa estatal para regular las rentas mínimas. En definitiva, “no es perentoria la situación y lo más responsable es esperar a ver qué sucede en el marco nacional”, ha añadido.
Otras leyes pendientes
En cuanto al resto de normativas pendientes de tramitación, sobre la del Estatuto de las Mujeres Rurales, la portavoz ha afirmado que responde al compromiso de dar visibilidad a las mujeres en el medio rural“, y ha añadido que con ello se ”pretende cubrir el déficit que tienen“ en este ámbito, donde sufren una doble discriminación. ”Por un lado, el difícil acceso al mercado laboral y, por otro, el de la conciliación“.
En este contexto, ha recordado, se enmarca el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres en el medio rural a través de diversas fórmulas, entre ellas, fortaleciendo la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y “haciendo que la mujer sea visible”, lo que se traduce, por ejemplo, en que figure en los papeles como poseedora de los derechos de la Política Agraria Común (PAC) y como agricultora o ganadera.
En este punto, ha valorado que, durante la pasada legislatura, un total de 800 mujeres se incorporaran al campo, un tercio del total de jóvenes que comenzaron su actividad en el medio rural gracias al impulso del Ejecutivo castellano-manchego, así como se consiguiera quintuplicar el número de titularidades compartidas en la comunidad autónoma.
Economía circular, evaluación ambiental y participación
En cuanto a la Ley de Economía Circular, será a primera sobre esta materia en España y con ella, ha subrayado, se impulsa el cambio de modelo de la economía regional, de uno lineal a uno circular, incluyendo conceptos como “la reelaboración, reutilización, reparación, recogida y reciclado”, transformando el residuo en recurso y que “va a permitir generar 30.000 puestos de trabajo”. La norma incorpora los incentivos para las empresas que apuesten por la economía circular; las tasas para la gestión en vertedero de residuos potencialmente recuperables y fianzas para las empresas que gestionen residuos peligrosos en Castilla-La Mancha dentro de la Estrategia Regional de Lucha contra el Cambio Climático.
En cuanto a la Ley de Evaluación Ambiental, ha destacado que supone simplificar la interpretación de la normativa para los múltiples actores que intervienen en los procedimientos de evaluación ambiental, como son ciudadanos y empresas; funcionarios del órgano ambiental y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos. “Se trata de facilitar la tarea, en especial a los pequeños ayuntamientos, o bien los organismos o entidades consultadas. De esta forma se evitarán inseguridades jurídicas y falta de claridad”, ha remarcado Blanca Fernández.
Por último, de la Ley de Participación ha puesto el acento en la contribución de más de 700 personas y 70 entidades en la elaboración del anteproyecto, una normativa que regulará el procedimiento para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión sobre políticas públicas de Castilla-La Mancha, ya que hasta ahora había procesos de participación que no tenían reglas claras. Además, la futura ley incorpora tres elementos, como son los presupuestos participativos, la rendición de cuentas de cargos públicos y la evaluación y control de las políticas públicas.
