La PAH prevé un repunte de desahucios para otoño
Un vistazo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sirve para extraer la conclusión de que, en apariencia, hay una tendencia a la baja en inscripciones de ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales en Castilla-La Mancha desde el primer trimestre del año. Pero no ocurre así con los desahucios propiamente dichos, datos que aporta el Consejo General del Poder Judicial y que marcaron un repunte de lanzamientos judiciales en su último informe. Se trata de un “desfase” de datos que actualmente está analizando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y que normalmente trabaja con datos aportados por los juzgados.
A la espera de las cifras de lanzamientos del segundo trimestre del año, que el CGPJ no publicará hasta mediados de octubre, la interpretación que hace la Plataforma castellano-manchega es que “hay mucha más gente” que acude a pedir ayuda con la ejecución hipotecaria ya comunicada. Es decir, cuando el proceso de embargo de la vivienda entra en el juzgado. De ahí a que se produzca el alzamiento judicial pueden pasar tres o cuatro años, conforme a la llamada Ley de Segunda Oportunidad que aprobó el Gobierno central.
Esto ha provocado, afirman fuentes de la PAH, que cada vez más personas se encuentren en un “limbo judicial”, especialmente en zonas como la comarca de La Sagra toledana, la más afectada en número de desahucios. “Los teléfonos no paran de sonar”, apuntan.
De cualquier forma, se trata de una “maraña” de datos que desde este colectivo van a analizar el próximo día 26 de septiembre en una reunión a nivel regional en Tomelloso (Ciudad Real). Quieren sacar en claro las cifras reales de Castilla-La Mancha, utilizando tan solo lo aportado por las tramitaciones en los juzgados. Pero con las peticiones de las que ya disponen, adelantan que habrá un repunte de desahucios en los meses de octubre y noviembre.
La necesidad de políticas reales de vivienda
Su posición ahora es de “expectativa”. Durante la campaña de las elecciones autonómicas, los activistas antidesahucios se convirtieron en el “caramelo” de muchos partidos políticos que se adhirieron a su manifiesto. “Ahora estamos a la espera de que se hagan políticas reales de vivienda”, concretan, recordando que las mociones aprobadas en algunos ayuntamientos, declarándose ‘libres de desahucios’ han sido un impulso muy importante. El paso siguiente, agregan, es el que dé el Gobierno regional para el que están “a la espera” tras haber anunciado una Oficina Regional de Atención a Situaciones de Desahucio.
Por su parte, la PAH llevará las Cortes el año que viene una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) siguiendo la estela de la presentada en Barcelona. En Castilla-La Mancha parten de cero al no haber “normativa clara” sobre vivienda, pero llevan nueve meses trabajando en el texto. El objetivo es pedir la regulación normativa del alquiler social, del derecho a la vivienda, de la protección de avalistas (más vulnerables debido a la Ley de Segunda Oportunidad) y de las alternativas habitacionales.
