“La transmisión en los centros socio-sanitarios de Castilla-La Mancha está controlada”, según Bienestar Social

“La transmisión en los centros socio-sanitarios de Castilla-La Mancha está controlada. Todos tienen planes de contingencia” respecto a la COVID-19. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, responde así, entre otras críticas sobre la situación de estos establecimientos, a la petición del sindicato CCOO que reclama al Gobierno regional y también a los empresarios una mesa de trabajo ante la “fase de alarma” en residencias de mayores.

“En general son muchas las medidas que hemos desarrollado desde Sanidad y Bienestar Social para apoyar a los centros donde están los más frágiles y vulnerables. Hay afectación de residencias pero es leve. Por primera vez la pueden superar y se debe a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno junto con responsables y profesionales de los centros”, sostiene.

Sánchez asegura que existe un protocolo de colaboración entre su departamento y la Consejería de Sanidad para que los profesionales se sometan a pruebas diagnósticas tras un periodo vacaciones, ha destacado la “gran responsabilidad” de los centros para que los profesionales tengan material de protección y ha recordado que el Ejecutivo regional ya reguló ayudas COVID para comprarlo. En concreto, dos millones de euros en ayudas que han solicitado 300 de los 400 centros socio-sanitarios que existen en la región y que “se abonarán próximamente”.

La consejera insiste, sobre las denuncias sindicales que apuntan a falta de equipos de protección (EPI) o pruebas PCR para los profesionales en que “si algún centro tiene algún problema debe superarlo y entrar en el circuito de calidad”, pero dice “reconocer” a todos los centros residenciales por el trabajo que se viene realizando. Sobre las denuncias, ha dicho, “a veces creo que se pueden referir a casos concretos”.

Ha subrayado que todos los centros socio-sanitarios “tienen obligación de cumplir con los convenios colectivos vigentes” y que hay “un Plan de Inspección en el 100% de los centros para controlar el cumplimiento normas y la calidad en la atención”. En este sentido, en la inspección, detallaba, “se revisa cada medida en los centros: si hay EPI, si hay posibilidad de sectorización en el centro…”

También ha explicado que existe una “bolsa de trabajo social para apoyar a los centros con dificultades en la contratación” y ha pedido “corresponsabilidad de todas las administraciones para financiar el sistema de Dependencia”.

En su opinión, “toca apoyar, colaborar y proponer medidas para salir adelante de esta situación. No es momento de usar políticamente a los muertos” aunque ha reconocido que “queda mucho por hacer”.