Las comunidades del PP piden de nuevo una convocatoria urgente sectorial de la situación del lobo

La Junta de Castilla y León, junto a otras diez comunidades y las dos ciudades autónomas, ha remitido este jueves una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que se exige nuevamente la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sobre la situación del lobo.

Esta petición se realiza en virtud del artículo 12 del reglamento de dicho órgano y ante la negativa del Ministerio a celebrar una sesión extraordinaria tras su cancelación unilateral, han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En la carta enviada al Ministerio, firmada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y sus homólogos de Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia, Cantabria, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, se denuncia el carácter arbitrario e injustificado de la suspensión de la Conferencia, prevista para el pasado 22 de julio.

También se señala la negativa del Ministerio a atender la solicitud de su convocatoria a petición de un número superior de comunidades autónomas al previsto en el Reglamento de dicho órgano.

El documento subraya que el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo —que ha sido el argumento del Ministerio para no convocar la reunión— no afecta al derecho al informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, ni incluye solicitud de medidas cautelares que impidan la aplicación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Además, las comunidades recuerdan que la aprobación de dicho informe sexenal, exigido por la Directiva Hábitat, debe realizarse antes del 31 de julio y no está vinculado a la consideración legal del lobo como especie protegida.

En la propuesta de orden del día, también se incluían otros acuerdos urgentes como el reparto de fondos de los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025, imprescindibles para ejecutar inversiones en conservación de biodiversidad.

Las comunidades firmantes advierten que, de no atenderse esta solicitud en un plazo de dos días hábiles, se reservan el derecho de emprender acciones legales.

El orden del día propuesto por las comunidades autónomas abarca el acuerdo sobre distribución territorial del PIMA Cambio Climático, reparto de fondos para conservación de Especies Críticas y aprobación del informe sexenal de la Directiva de Hábitats.

“Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la legalidad, el respeto institucional y la defensa de los intereses del medio ambiente y del mundo rural”, según dichas fuentes.