El marido de Silvia Clemente presentó a la Junta un documento “manipulado” sobre su subvención y el tribunal pide una investigación penal

El marido de Silvia Clemente, el empresario patatero Javier Meléndez, intentó cobrar dos subvenciones distintas por el mismo trabajo. Esa es una de las conclusiones  de la sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al que recurrió Meléndez cuando una subvención concedida por la Consejería de Agricultura mientras su esposa estaba al frente de la misma, fue anulada en 2017 con Milagros Marcos al mando.

Pero este fallo tiene consecuencias aún más graves. En la vía administrativa, tanto la Junta como Meléndez se requirieron distinta documentación. La Junta trasladó a Meléndez, ya al final de todo el proceso, que no constaba más documentación adicional que acreditase la actividad que debía subvencionarse. Cuando Agricultura finalmente cerró el expediente y anuló la subvención, el empresario recurrió al TSJ en octubre de 2017 y volvió a solicitar esa misma prueba documental.

Documentos borrados en 2013

Así, el tribunal la requirió al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), que en marzo de 2018, denunció en Fiscalía la desaparición de la misma. Faltaban un informe final, y el contrato, protocolo y cuadro financiero que acreditarían si Meléndez cumplió o no con los requisitos. Según la denuncia realizada por el director del Itacyl, sólo se hallaron documentos aislados y varias versiones del informe final, del que no se podía garantizar su autenticidad ya que no se habían podido confrontar con el original. Además, precisó que se había comprobado que los informes que se les solicitaban fueron eliminados de las carpetas digitales “en abril de 2013 por indicación del entonces jefe de Área de Innovación y Optimización de Procesos, responsable también de la Unidad de Transferencia Tecnológica, Manuel A.M, que actualmente no es empleado del Itacyl”.

Pero ese informe final que Meléndez solicitó primero en la vía administrativa y luego en la judicial, lo había aportado él mismo en la primera fase de la pelea con la Consejería de Agricultura, el 6 de julio de 2016, como documentación complementaria. Ese informe aportado por el empresario, llega de la mano de la Junta al tribunal con una explicación. Según la letrada del Gobierno Autonómico, el documento es más que sospechoso, impresión que comparte el tribunal. Solo aparece el nombre y la firma de Manuel A.M (el mismo que supuestamente hizo desaparecer los archivos) y la fecha, en la primera hoja (26 de septiembre de 2012), y además, siendo de 2012 hay un punto en el que se hacen consideraciones que sólo pudieron asumirse de 2015. El informe sólo tiene el membrete del Itacyl en la primera página. Destaca el tribunal que Meléndez no solicitó la prueba testifical del que firma ese informe final ni de ninguno de los integrantes del equipo de investigación del Itacyl a pesar de que la Junta cuestionaba su autenticidad.

Falsedad documental

Por todo ello, el TSJ pide que se deduzca testimonio de particulares al Ministerio Fiscal y al juzgado de Instrucción número 3. Es decir, que el juzgado que ya investiga un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos por la eliminación tanto física como informática de los archivos, se ocupe también de esta presunta manipulación. Según fuentes judiciales  a las que tuvo acceso eldiario.es, los presuntos delitos serían una falsedad documental y una estafa procesal atribuibles, en principio, a Javier Meléndez, que es quien aporta el documento manipulado a su favor.

La subvención cuya anulación ha ratificado el TSJ se concedió el 31 de diciembre de 2009. El  Gobierno de Juan Vicente aprobó la línea de Ayudas para proyectos de I+D Agrarios o Alimentarios para llevar a cabo una “Evaluación e impacto de diferentes estrategias de envasado en la vida útil, seguridad y calidad de productos de IV Gama y Prefritos derivados de la patata’. La inversión que pretendía acometer la empresa patatera era de 598.000 euros y la Consejería de Agricultura que presidía entonces Silvia Clemente, novia en aquel momento y hoy esposa de Méléndez, concedió el 100% del importe.

Sin embargo, ocho años después, en agosto de 2017, Agricultura retiró esa ayuda por entender que Patatas Meléndez SL no había ejecutado las actividades amparadas por la concesión de subvención del expediente VA/080122/S31 en los términos previstos. Así, precisó que “una parte sustancial de los trabajos realizados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), dependiente de la Consejería, ya habían sido incluidos en la justificación de otra ayuda, el expediente VA/08/0121/S21 y, por lo tanto ya habían sido ”objeto de auxilio público“, o lo que es lo mismo, ya se había subvencionado.

En concreto, el estudio de envasado se desarrolló y se reportó en la línea S21 y recibió la parte proporcional de ayuda en su correspondiente solicitud de liquidación, por lo que no procedía “auxiliar el mismo estudio en el expediente de la línea S31” porque era incompatible.

Gastos carentes de lógica y proporción

Además, precisaba que Patatas Meléndez había intentado colarle gastos que no correspondían. “Los gastos indicados por Patatas Meléndez SL como consumo de materias primas inherentes a la ejecución de las actividades objeto de subvención carecían ”de proporción y lógica técnica“ y además existían ”incongruencias entre lo declarado en la justificación del proyecto“ y con lo indicado en el contrato firmado con el Itacyl, en relación al suministro de las materias primas, motivó la Junta.

Así, el TSJ no solo ratifica la anulación de la subvención, sino que abre la vía penal por una presunta falsedad documental. Meléndez también ha sido condenado en costas aunque cabe recurso.

La investigación por la desaparición de documentos, adelantada por eldiario.es el pasado viernes y confirmada por la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, provocó que Javier Meléndez declarase en un diario local que no había tal desaparición y que todo se trataba de “una maniobra política”. La empresa de Javier Meléndez, Patatas Meléndez SL ha anunciado que se personará en la investigación penal sobre la desaparición de los expedientes de la subvención denunciada por la Consejería de Agricultura.