Una alto cargo del Govern alega que denegó “por error” el reingreso de un joven con autismo a su residencia

La subdirectora general de atención y promoción de la autonomía personal de la Generalitat, Maria Vinardell, ha declarado este jueves ante la jueza como investigada por vetar el reingreso a su residencia de Barcelona de Àlex, un joven con autismo superviviente de un trasplante de hígado y con un 75% de discapacidad. La alto cargo ha alegado que la resolución por la que la conselleria de Derechos Sociales validó la suspensión del contrato entre la familia y la fundación llevaba su firma “por error”, y ha insistido en que Àlex tiene derecho a volver a su hogar-residencia.

Vinardell ha declarado durante algo más de una hora ante la magistrada de Barcelona que la investiga a ella y una directiva de la fundación Pere Mitjans en una causa judicial abierta por el conflicto que mantienen la familia del joven, la administración y la entidad privada. Àlex pasó en casa el confinamiento domiciliario durante la primera etapa de la pandemia, pero en junio de 2020 sus padres pidieron su reingreso al centro donde tiene plaza desde 2016 ya que no podían asumir sus cuidados todo el día.

A partir de entonces dio comienzo un desaguisado que ahora trata de desenmarañar la jueza y que mantiene a este joven sin su plaza reconocida, ya que más de un año después de pedir su reingreso sigue viviendo en casa de sus padres. Si bien la residencia siempre ha mantenido que rechaza la vuelta del joven porque no dispone de las instalaciones necesarias para aislar a sus miembros en caso de contagio, la actuación de la Generalitat en el asunto ha sido contradictoria.

En un primer momento, la conselleria de Derechos Sociales aceptó la suspensión del contrato de la fundación con la familia del joven porque había sido “de mutuo acuerdo”, en una resolución con la firma de Vinardell. Pero después, en otra resolución firmada por Vinardell, la conselleria aceptó el recurso de los padres de Àlex, reconoció que se había equivocado y que la familia “no había renunciado a los servicios reconocidos”, por lo que ordenaba el retorno del joven a su hogar–residencia.

Según fuentes jurídicas, en su declaración Vinardell ha alegado que la primera resolución fue un error ya que fueron, según su versión, los servicios técnicos de la conselleria los que insertaron su firma “de forma automática”. La alta cargo ha alegado que su firma aparece “en más de 30.000 resoluciones al año” y que no toda las rúbricas son de su puño y letra, ha insistido en que cuando “conoció” de primera mano el asunto sí firmó la resolución en la que rectificaba y reconocía que no había ninguna renuncia de la familia a los servicios.

La declaración de este jueves de Vinardell se suma a la que ya prestó, también como investigada, una directiva de la fundación Pere Mitjans el pasado mes de junio. Al margen de la imposibilidad de un buen aislamiento de la residencia, la fundación asegura que la familia no quiso firmar un documento privado para asumir cualquier consecuencia del reingreso de Àlex en enero de 2021, un extremo que no contemplan los protocolos ni las resoluciones de reingreso del joven. Ahora la magistrada tendrá que decidir si archiva el caso, lo envía a juicio o acuerda nueva diligencias.

El Síndic de Greuges apoya a la familia

Además de acudir a los tribunales, la familia ha pedido ayuda al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán. Tras una investigación propia, este miércoles el Síndic, Rafael Ribó, comunicó a la familia que ha pedido a la conselleria de Derechos Sociales que haga “todos los esfuerzos y gestiones necesarias” para que Àlex pueda tener acceso “en el menor tiempo posible” a los recursos asistenciales que tiene reconocidos por ley y a su plaza residencial “con los medios de seguridad exigibles, sin perjuicio que se entiende que el riesgo cero no existe”.

El Síndic también pide a la conselleria que responda los escritos de la familia sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Govern después de que no se cumpliera el reingreso en su residencia ordenado el pasado mes de febrero. “El tiempo transcurrido desde que se pidió el reingreso sin que se haya hecho efectivo es excesivo, teniendo en cuenta además que la atención de Àlex está recayendo en la familia con las dificultades que ello conlleva”, concluye el Síndic.