Barcelona ha enviado 450 requerimientos a grandes propietarios para que ofrezcan alquiler social antes de desahuciar

Activistas celebran haber parado un desahucio durante la desescalada

La Unidad Anti-Desahucios del Ayuntamiento de Barcelona ha enviado desde 2019 un total de 449 requerimientos a grandes propietarios de vivienda por considerar que estaban incumpliendo la legislación catalana vigente por no ofrecer una alquiler social antes de llevar a cabo un desahucio. De todas esas comunicaciones, el 66% (es decir, unas 296) corresponden a entidades financieras y fondos de inversión, según un reciente informe de esa unidad al que ha tenido acceso elDiario.es. 

Barcelona advierte de un "estallido social" tras contar más de 400 órdenes de desahucio desde el 14 de septiembre

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Fue esta unidad la que advirtió a principios de noviembre de un posible "estallido social" en Barcelona al tener constancia de 443 órdenes de desahucio en tan solo un mes y medio. Esos datos los envió el gobierno municipal de Ada Colau al Ministerio de Fomento para reclamar una moratoria de los lanzamientos para todas las familias vulnerables (una propuesta que ahora Unidas Podemos, ERC y Bildu han presentado en forma de enmienda a los Presupuestos).

En un nuevo informe, la Unidad Anti-Desahucios amplía los detalles de esos 443 casos detectados entre el 13 de septiembre y el 23 de octubre –el 90% se acabó paralizando– y añade una retrospectiva sobre todos los requerimientos enviados a grandes propietarios por no cumplir la legislación, concretamente a la hora de ofrecer un alquiler social antes de iniciar un proceso de desahucio. Este paso es obligatorio en Catalunya para todos los grandes propietarios (empresas o particulares que tengan más de 15 viviendas) desde que el Tribunal Constitucional avaló en 2019 la ley 24/2015 de emergencia habitacional y contra la pobreza energética. 

Del informe del consistorio destaca la relación de entidades financieras y fondos de inversión que han recibido estos cerca de 300 requerimientos. A la cabeza se sitúa Blackstone o alguna de sus filiales (Budmac, Gescat o Anticipa), a los que el consistorio atribuye el 26% del total. Esto serían 77. El resto, por orden de cartas enviadas, son Sareb (15,3%), BBVA (14,9%), el fondo Cerberus (13,8%), Banc Sabadell (9,7%), Bankia (7%), Building Center (6%) y Altamira del Banco Santander (5,2%). 

La Unidad Anti-Desahucios actúa siempre que tiene indicios de que se está incumpliendo este punto de la legislación, a menudo alertada por los movimientos en defensa del derecho a la vivienda o por los propios afectados. “Lo que estamos viendo es que hay un incumplimiento importante por parte de los grandes propietarios, una situación similar a cuando se aprobó la ley 24/2015, cuando hubo dificultades y resistencias”, explica Lucía Martín, concejala de Vivienda del consistorio. 

Las entidades, consultadas por elDiario.es, rechazan con carácter general haber incumplido la normativa y aseguran que ante un desahucio de una familia vulnerable siempre suelen ofrecer una alternativa. Fuentes de Blackstone, que rebajan los requerimientos a 60 en su caso, aseguran que "en muchos casos" cuando reciben la carta del consistorio la oferta de alquiler social "ya está hecha a la familia e incluso suscrito el contrato". A veces, añaden, los inquilinos no cumple con los requisitos necesarios, no remiten la información solicitada o a menudo están "en proceso de recepción y evaluación" de esa documentación.

Desde entidades como Sareb o Banc Sabadell también aseguran que "siempre" plantean un alquiler social ante esas casuísticas. "En todos los casos ofrecemos un alquiler social de acuerdo con la ley", abundan fuentes del Sabadell. Añaden asimismo que es "muy probable" que algunas de esas cartas del consistorio correspondan a pisos de carteras que el banco se ha vendido estos últimos dos años, con lo que suelen remitir la información a los nuevos titulares.

Algunos requerimientos acaban con una respuesta "positiva" y el alquiler social "se acaba formalizando", se recoge en el informe. Así ha sido en 53 casos que se han traducido en contratos y que han afectado a 201 personas, 79 de ellas menores de edad. En el otro extremo están los expedientes sancionadores, que el Ayuntamiento abre cuando entiende que la propiedad persiste en el incumplimiento. A día de hoy hay 17 tramitados que suman un total de 564.680 euros. En el resto, se trata de casos en los que se está de alguna forma negociando.  

Desde finales de 2019, además, en Catalunya está vigente un decreto que obliga a esos grandes propietarios a ofrecer una alternativa de alquiler social incluso cuando estén ocupando un piso, siempre que puedan acreditar que llevan más de seis meses. Esta y otras modificaciones sucesivas no han impedido sin embargo que se hayan seguido produciendo desahucios debido a que los jueces entienden que deben seguir tramitando aquellas denuncias que les llegan, al margen de si se ajusta a la normativa lo que los propietarios ofrecen a los inquilinos.

El 40% de desahucios, parados en la puerta

La Unidad Anti-Desahucios, creada en 2015 por Colau para perseguir las irregularidades en materia de vivienda –desde los pisos vacíos hasta el acoso inmobiliario– tiene en su balance haber logrado que se paren el 90% de los lanzamientos de los que ha tenido constancia. Así ocurrió con esos 443 desahucios detectados entre mediados de septiembre y octubre. 

El informe detalla que en el 60% de los desalojos paralizados se consiguió “gracias a la mediación municipal antes del día de lanzamiento”. “Es una cuestión de máxima importancia, ya que las familias en ese caso no se enfrentan a la situación de angustia extrema que supone el desahucio con presencia judicial y la policía en la puerta”, prosiguen los responsables de la unidad. El otro 40% se pararon en la puerta, a menudo junto a la presencia decisiva de los movimientos sociales.

En cuanto al perfil de las familias, de esos 443 casos (que afectaban a 1.211 personas), la gran mayoría vive en situaciones de pobreza extrema. El 80%, según sus datos, subsiste con menos de 800 euros mensuales, “con lo que es totalmente inviable pagar un alquiler”, concluyen. 

En plena segunda ola de contagios, la concejal Martín exige una vez más al Ejecutivo central que apruebe una moratoria para evitar todo tipo de desahucios. "Nos hemos encontrado con resistencias muy evidentes de una parte del Gobierno. El ministro [de Fomento] que decía que no había desahucios y claro que había... O la de Economía. Nos hemos encontrado con ello muchas veces y sigue pasando", denuncia.

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18 de noviembre de 2020 - 12:10 h

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