La Justicia condena a la Generalitat a pagar 80 millones de euros a Renfe por la ampliación de la red de Cercanías

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la Generalitat a pagar 80,9 millones de euros a Renfe por la ampliación de los servicios de Cercanías que se han ido haciendo a petición del gobierno catalán en los últimos años, después del traspaso parcial de las competencias de 2010.

Así se desprende de una sentencia a la cual ha tenido acceso la agencia ACN. La compañía habría reclamado este importe al Departament de Territori, pero el ejecutivo catalán no lo habría abonado argumentando que buena parte de este coste corresponde al canon ferroviario que se paga por circular por la infraestructura de Adif, y que es competencia del ministerio de Transportes. El operador había reclamado el dinero tanto a nivel técnico como político y finalmente ha optado por la vía judicial. La resolución admite recurso de casación.

Tal como especifica la resolución de la sala del Contencioso-Administrativo del TSJC, se estima el recurso interpuesto por Renfe y reconoce su derecho a percibir de la Generalitat de Catalunya un total de 80,92 millones, a los que se tienen que incluir los intereses de demora.

Al contrario de lo que defiende el Govern, el tribunal asegura que Renfe “ha cumplido” con la ampliación de los servicios demandados por la Generalitat desde el traspaso de Cercanías. “Este plan (...) incluye la implantación de nuevos servicios de cercanías o regionales, el incremento de frecuencias, la mejora de los estándares de calidad del servicio, etc. Su financiación corresponde en exclusiva en la Generalitat”, indica el texto.

En este sentido, la sentencia recuerda que en un primer momento el Govern hizo una contribución financiera de 50 millones de euros que sirvió para financiar el denominado “Plan de Acción” hasta 2014. “Una vez consumido dicho importe los impagos de la Generalitat se han hecho insostenibles para la recurrente. A partir de 2016 la Administración demandada no ha efectuado ningún pago”, agrega. En este sentido, recuerda que tampoco se ha planteado ninguna reclamación ante la Administración General del Estado.

En cuanto a los cambios de precio del canon que se tiene que pagar para hacer uso de la infraestructura ferroviaria, uno de los orígenes del impago, el TSJC determina que es una cuestión “interna” a resolver entre administraciones, es decir, entre la Generalitat y el Estado, sin afectar a Renfe, que es una empresa pública.