La ley catalana para limitar los alquileres, en el aire por el desmarque de JxCat y el rechazo del PSC

El segundo intento en un año del Parlament de Catalunya para limitar por ley el precio de los alquileres tiene riesgos de repetir fracaso. A menos de 24 horas para que la Cámara vote la normativa impulsada por el Sindicato de Inquilinos, los grupos a favor de la norma –ERC, 'comuns' y CUP– no tienen cerrado el apoyo de JxCat, que mantiene sus enmiendas pese a estar a favor de la ley, ni tampoco pueden sumar al PSC, que se opone a la regulación al igual que PP y Ciudadanos.

Conscientes de que los socialistas no se moverán ya que sobre la norma pesan serias dudas sobre su constitucionalidad, los partidarios de la nueva regulación han intensificado los contactos en las últimas horas con JxCat. El Sindicato de Inquilinos se ha reunido este martes por la mañana con Carles Puigdemont y por la tarde con representantes de JxCat y los grupos a favor de la norma en el Parlament. Los posconvergentes no han dado su brazo a torcer pese a las llamadas de Quim Torra de volver al consenso inicial.

JxCat, que inicialmente estaban a favor de la ley, mantiene sus enmiendas que descafeínan el espíritu y el fondo de la norma. La de mayor calado es la que contempla que la limitación de precios no se aplique a los propietarios con ingresos inferiores a 3.130 euros al mes –43.822 euros al año–, que equivalen a 5,5 veces la renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), indicador que se usa para acceder a ayudas sociales.

El Sindicato de Inquilinos ha presentado a Puigdemont y a JxCat una contrapropuesta para que la limitación de precios no afecte a los pequeños propietarios con ingresos inferiores a 1,5 veces el IRSC, lo que en Barcelona equivaldría a 1.200 euros al mes, pero los posconvergentes han insistido este martes en su enmienda.

Según fuentes parlamentarias, ha sido la alcaldesa de Girona y diputada de JxCat Marta Madrenas –expresidenta de los agentes de la propiedad inmobiliaria de su ciudad– y el conseller de Territorio, Damià Calvet, quienes han canalizado en las últimas semanas el rechazo de los posconvergentes al redactado original de la norma. En la reunión de este martes han intervenido los parlamentarios Elena Fort i Albert Batet.

“Las enmiendas mejoran el texto inicial”, ha defendido el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, que ha insistido en “encontrar el máximo consenso político y el punto medio” pese a que su grupo es el único de los cuatro que apoyaban inicialmente la norma que ha propuesto modificarla. El grupo decidirá este miércoles en una reunión interna su voto final.

Los grupos a favor de la norma han cargado contra JxCat por su desmarque en tiempo de descuento. “Menos enmiendas de última hora y más volver al consenso inicial”, ha sentenciado el portavoz republicano, Sergi Sabrià, socio de Govern de JxCat. Desde los 'comuns' el diputado David Cid ha afeado el papel parlamentario de “convergentes de pata negra” de JxCat, mientras que Carles Riera (CUP) ha acusado al grupo de Puigdemont de “quedarse fuera del sentido común y el consenso social” alrededor de la regulación de los alquileres.

La nueva ley afectaría a todos los nuevos contratos en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de vivienda más tensionado, entre ellos casi todas las capitales de comarca y municipios del área metropolitana de Barcelona. En total, de los cambios podrían beneficiarse unos 5 millones de personas, el 70% de la población catalana.

Al margen de las nuevas excepciones para los propietarios con menores ingresos, la ley indica los nuevos contratos para viviendas que ya estaban alquiladas no podrán superar el precio acordado en el contrato anterior. En el caso de las viviendas que tuvieran un precio por encima de la media de su zona o sean viviendas nuevas, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el valor establecido en el índice de de precios de referencia. Es decir, se limitan las subidas y se fomenta la bajada para equilibrarse con el índice de referencia.

Aunque finalmente Sindicato y JxCat lleguen a un acuerdo y la ley se apruebe en el Parlament este miércoles por la tarde, la regulación de los alquileres tiene otro obstáculo que superar. La norma tiene varios números para ser recurrida ante el Tribunal Constritucional por parte del Gobierno central –que podría pedir incluso su suspensión automática. El Consell de Garanties Estatutàries ya concluyó que la ley invadía competencias estatales por lo que era inconstitucional y antiestatutaria.

En este sentido, el diputado del PSC Ferran Pedret ha explicado que su partido se opondrá a la norma y ha lamentado que los grupos “jueguen con las expectativas de la gente por cálculos electorales”. “Si hay que regular, que se haga con efectos concretos en la vida cotidiana de la gente y no por intereses electoralistas”, ha aseverado Pedret.

De esta forma, la norma sobre los alquileres ha dividido no solo a los dos partidos que comparten el Govern catalán, sino también a socialistas y 'comuns', que gobiernan juntos en el Estado y en el Ayuntamiento de Barcelona, tal y como ya ocurrió en los cambios estatales en los alquileres aprobados hace un año y medio en los que finalmente Unidas Podemos aceptó no incluir la limitación de precios.

La norma ha generado un intenso debate social en Catalunya acerca de las políticas de vivienda que hacía tiempo que no se daba en una de las comunidades con los alquileres más desbocados, con Barcelona a la cabeza. La regulación del Sindicato de Inquilinos ha recibido el apoyo de más de 4.000 organizaciones, entre ellas los principales sindicatos, entidades sociales como Càritas o Cruz Roja e incluso la ANC y Òmnium. Entre los detractores de la norma se encuentran la patronal de la gran empresa, Foment del Treball, así como los agentes de la propiedad y los administradores de fincas, que alertan que la regulación puede producir efectos adversos a los esperados y reducir la oferta.

La controversia sobre la regulación de los alquileres ha llegado incluso al Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab). La Comisión de Defensa ha reclamado a la Junta de Gobierno del ente que rectifique y apoye la ley, y ha acusado a la sección de normativa de motivar “intensamente” el “falso debate” de la falta de instrumentos legales para acabar con las ocupaciones proponiendo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal.