El Sindicato de Inquilinos negocia con Puigdemont para que JxCat permita aprobar la ley que limita los precios del alquiler

Negociaciones de última hora para que el Parlament pueda aprobar este miércoles la proposición de ley para limitar los precios del alquiler, una norma que en estos momentos está en el aire debido al desmarque a última hora de JxCat y al rechazo del PSC. El Sindicato de Inquilinos se ha reunido este martes con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont con el objetivo de JxCat vuelva al consenso con los grupos de izquierda y la Cámara dé luz verde a la normativa.

El Sindicato ha enviado a todos los grupos un cambio en la norma para que los convergentes retiren las enmiendas que presentaron en julio. Los posconvergentes rompieron así el acuerdo que habían alcanzado con los propios inquilinos, ERC, los 'comuns' y la CUP para la nueva ley. El grupo parlamentario incluso ignoró la llamada del president, Quim Torra, para retirar las enmiendas.

Los inquilinos se avienen a introducir excepciones a la limitación de precios para pequeños propietarios así como en relación con la repercusión en las rentas de las rehabilitaciones en las viviendas. El objetivo es que JxCat acepte los cambios, ya que debido a que el PSC se ha sumado a PP y Ciudadanos en el rechazo a la norma la nueva regulación depende de los votos de los posconvergentes.

La enmienda de JxCat que más descafeína el texto inicial es la que pide que la limitación de precios no se aplique a los propietarios con ingresos inferiores a 3.130 euros al mes –43.822 euros al año–, que equivalen a 5,5 veces la renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), indicador que se usa para acceder a ayudas sociales.

En su propuesta final, el Sindicato acepta que la limitación de precios no afecte a los propietarios con ingresos inferiores a 1,5 veces el IRSC, lo que en Barcelona equivaldría a 1.200 euros al mes. En el redactado inicial de la ley no se incluía ninguna excepción.

Asimismo, el Sindicato abre la puerta a permitir subidas en los arrendamientos que la norma actual no contemple siempre que los propietarios realicen reformas de calado en las viviendas y las justifiquen debidamente con facturas.

“Las enmiendas de JxCat eran poco claras en cuanto a las rehabilitaciones de las viviendas, nuestra propuesta las define muy concretamente”, ha valorado el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, que además ha explicado que Puigdemont se ha comprometido a trasladar al grupo parlamentario los cambios propuestos por la entidad para intentar que JxCat vote a favor de la normativa y evitar su naufragio.

Además, JxCat también quiere excluir a municipios como Salou, Tortoa y Figueres de los los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes con un mercado de vivienda más tensionado en los que el precio del alquiler no pueda rebasar el índice de referencia.

La nueva ley afectaría a todos los nuevos contratos en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de vivienda más tensionado, entre ellos casi todas las capitales de comarca y municipios del área metropolitana de Barcelona. En total, de los cambios podrían beneficiarse unos 5 millones de personas, el 70% de la población catalana.

Al margen de las nuevas excepciones para los propietarios con menores ingresos, la ley indica los nuevos contratos para viviendas que ya estaban alquiladas no podrán superar el precio acordado en el contrato anterior. En el caso de las viviendas que tuvieran un precio por encima de la media de su zona o sean viviendas nuevas, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el valor establecido en el índice de de precios de referencia. Es decir, se limitan las subidas y se fomenta la bajada para equilibrarse con el índice de referencia.

Con todo, la nueva norma tiene visos de terminar recurrida por el Gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional habida cuenta de que el Consell de Garanties Estatutàries ha advertido de que la ley invade competencias estatales por lo que resulta inconstitucional y antiestatutaria.