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CATALUNYA

Anna Gabriel anuncia que se quedará en Suiza y no acudirá a declarar ante el Supremo

La exdiputada de la CUP asegura en entrevistas a medios suizos que su intención es instalarse en el país helvético y que pedirá asilo si el juez Llarena reclama su extradición

El abogado de Gabriel comunica al Supremo que no acudirá a su citación porque en la causa por rebelión "no existe derecho a un juicio justo"

La defensa de Puigdemont en Bélgica considera que la salida de Gabriel le beneficia porque Suiza también reclamará pruebas de violencia para extraditarla

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Anna Gabriel (CUP) vota: "Un día no podrán más y entonces lo podremos todo"

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel votando en el referéndum del 1-O

Anna Gabriel no acudirá este miércoles a declarar ante el Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado este martes en sendas entrevistas a la radio televisión suiza y al periódico Le Temps. Su defensa, ejercida por el abogado y exdiputado de la CUP Benet Salellas, también lo ha comunicado formalmente al juez Pablo Llarena. "Como no tendré un proceso justo en casa, he buscado un país que pueda proteger mis derechos", ha declarado la exdiputada de la CUP.

Gabriel y el equipo jurídico que la acompaña en la ciudad suiza de Ginebra optaron por quedarse en el país alpino este lunes, después de que el magistrado Pablo Llarena impusiera una fianza de 60.000 euros para dejar en libertad a Marta Rovira. La decisión será comunicada por la CUP en una rueda de prensa en Barcelona este martes, en la que la Gabriel prevé intervenir por vídeoconferencia.

Este martes Gabriel ha comunicado formalmente al Tribunal Supremo que no acudirá a su citación como investigada prevista para este miércoles ordenada por el juez Pablo Llarena. En un breve escrito de dos párrafos, el letrado Benet Salellas considera que "no existe derecho a un juicio justo" para Gabriel en la causa por rebelión y que sus derechos fundamentales se verían "gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente" su participación en el caso.

La exdiputada queda a la espera ahora de que el juez Pablo Llarena pueda activar una petición de extradición a la justicia suiza. "La extradición sería ilegal. No hay ninguna base para sostener que he cometido un delito de rebelión y tenemos todas las bases para sostener que es una persecución política", ha aseverado Gabriel a la televisión suiza. Ha explicado además que su intención es instalarse en Ginebra y buscar trabajo en Suiza. De producirse una orden de extradición, ha añadido, pediría asilo al país helvético. 

El equipo jurídico que da apoyo a Gabriel se mantenía a la espera de conocer la decisión del juez sobre los encausados que han declarado este lunes. La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha quedado en libertad, pero la imposición de una fianza para Rovira ha acabado decantando a los cupaires en la idea de que Gabriel se mantenga en Suiza ante el riesgo de acabar en prisión. Los anticapitalistas consideran además que la actuación del Supremo es una "persecución política" contra el independentismo, y así quieren demostrarlo internacionalmente.

El objetivo de la exdiputada y los suyos optando por la vía suiza es abrir un segundo frente para la justicia española en otro país europeo, después de que Puigdemont y los exconsellers que le acompañan consiguieran desde Bélgica que España retirase la euroorden contra ellos. El caso de Suiza tiene diferencias de calado con el de Bélgica, pues el sistema de órdenes europeas no existe al no ser un país comunitario. El equipo de Gabriel considera que España necesitaría demostrar que hubo violencia para conseguir una extradición.

En Suiza no existen los delitos de rebelión y sedición por los que se investiga en el Supremo a Gabriel, pero sí el de secesión. Sin embargo, como ocurre en España con los delitos políticos, la secesión en Suiza implica el empleo de violencia. Los abogados de la exdiputada consideran que este es el punto débil de la justicia española y el que podrían aprovechar para hacer que toda la causa quedase cuestionada en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Gabriel se encuentra en Ginebra ya hace un mes, al menos desde el pasado 21 de enero, y durante todo este tiempo se ha dedicado a preparar su defensa internacional. Para ello los anticapitalistas han trabajado con el abogado Olivier Peter, conocido en España por ser el letrado que consiguió la derogación de la llamada 'doctrina Parot' que se aplicaba contra miembros de ETA condenados por delitos de terrorismo.

Su abogado en España, Benet Salellas, hará tándem con Peter en la defensa de Gabriel, que tendrá un obvio componente internacional y, además, seguirá la estrategia ya comenzada por su compañera Mireia Boya de plantear el juicio en términos políticos. "La persecución política al independentismo toma nuevas formas y alcanza nuevos espacios", aseguró Gabriel este domingo en el primer mensaje enviado desde que revelara que estaba en Suiza.

Estrategia complementaria a Puigdemont

La defensa de Puigdemont y los exconsellers en Bélgica considera que la salida de Gabriel le beneficia porque Suiza reclamará pruebas de violencia para extraditarla, algo que, a su juicio, España no podrá acreditar. Además, entiende que la diversificación de frentes introduce aún más tensión en el sistema judicial español, que tendrá que lidiar con dos sistemas judiciales europeos diferentes para acreditar los delitos que imputa a los políticos catalanes.

Si desde Bruselas creen que la estrategia de la CUP es complementaria con la suya, también observan el riesgo de que Llarena reactive las euroórdenes, volviendo a comenzar el proceso que quedó abortado cuando el magistrado optó por retirar la petición el pasado diciembre. En el caso de los exconsellers, a los delitos de rebelión y sedición se les suma, entre otros, el de malversación, que siempre ha sido un delito por el que Bélgica podía detenerlos a petición de España, aunque el Supremo perdería entonces la capacidad de enjuiciarles por los delitos más graves.

Sobre Gabriel, sin embargo, no pesa este riesgo de ser acusada de malversación, ya que no ocupó cargos ejecutivos durante la legislatura. Este factor hace que el caso de la exdiputada tenga que ver solo con los delitos políticos de la rebelión y sedición. La elección de Ginebra, como la de Bruselas por los exconsellers, tiene además una dimensión simbólica: es la ciudad en la que se emplaza la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, además de ser la sede histórica de Cruz Roja o de la Sociedad de Naciones.

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