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La Audiencia Nacional acuerda que Trapero siga la recta final el juicio por videoconferencia desde Barcelona por el coronavirus

Trapero, saliendo de la Audiencia Nacional

Oriol Solé Altimira

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El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los exaltos cargos de la conselleria de Interior acusados de rebelión no tendrán que acudir el lunes a la sede de Madrid de la Audiencia Nacional para seguir la recta final de su juicio. El tribunal de la Audiencia Nacional les ha permitido seguir la sesión del lunes, en la que la Fiscalía expondrá su informe final y previsiblemente rebajará la acusación de rebelión a sedición, desde Barcelona por videoconferencia.

En una providencia, el tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel acuerda que Trapero; el exsecretario general del departamento de Interior Cèsar Puig; y el exdirector general de los Mossos Pere Soler y sus respectivas defensas estén eximidos de comparecer físicamente en la sede de Madrid de la Audiencia Nacional.

Abogados y acusados podrán seguir el informe final de la Fiscalía por videoconferencia desde un “órgano judicial” de Barcelona. A día de hoy todavía no se sabe si los acusados y las defensas –formadas por los penalistas Olga Tubau, Cristóbal Martell y Fermín Morales– acudirán a la Ciudad de la Justicia o a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evitó este miércoles no suspender todos los juicios y dejó esta responsabilidad en manos de cada uno de los jueces, lo que fue tildado de “irresponsable” por parte de todas las asociaciones judiciales. La Comunidad de Madrid es uno de los focos más activos del coronavirus en España junto a Vitoria, La Rioja o la ciudad catalana de Igualada.

La sesión de este lunes es una de las más esperadas, ya que la Fiscalía debe confirmar, tal y como insinuó al inicio de la vista, que pasa a acusar al major y a los otros dos acusados de sedición –con la consecuente rebaja en la pena solicitada– en vez de los once años de cárcel por rebelión que pedía inicialmente. Para la intendente Teresa Laplana el Ministerio Público ya pedía cuatro años de cárcel por sedición.

En las sucesivas sesiones del juicio, que arrancó el pasado mes de enero, los testigos han apuntalado más la tesis defensiva del major que no la acusación de la Fiscalía. Incluso testigos propuestos por el Ministerio Público han negado que el major estuviera concertado con el Govern para impulsar el referéndum y la independencia. Los que sí lo han dicho han tenido que reconocer que era su “percepción” personal, no basada en hechos o documentos objetivos.

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