Convergència, en pie de guerra contra la operación de Comín para comprar el Hospital General
La bronca entre los socios del Govern catalán a cuenta de los planes del conseller de Salut, el republicano Toni Comín, para sacar de la red de atención pública a los centros con ánimo de lucro sube de intensidad. La intención anunciada por Salud de comprar el Hospital General de Catalunya ha encontrado la mayor oposición en sus socios del PDEcat, que gobiernan en la ciudad donde está situado el centro, Sant Cugat.
La alcaldesa de la localidad, Mercè Conesa, ha cargado contra el conseller este lunes en una rueda de prensa en la que le ha recriminado “gobernar a golpe de titular”. Además, según la convergente, la decisión de lanzar una oferta de compra no cuenta con “el consenso de los alcaldes, agentes sociales y sindicatos del sector”. Con todo, Conesa ha asegurado: “no cuestionamos sino que pedimos que [el conseller Comín] no actúe de forma unilateral sin previo aviso a los alcaldes del territorio”.
Las críticas entre los supuestos socios se han extendido a una dura campaña en redes sociales, en la que el PDEcat sugiere que el conseller de ERC “somete el sistema sanitario a la ideología”, no cumple con el plan de gobierno y es poco transparente, entre otras.
Las acusaciones lanzadas por Conesa, alcaldesa en Sant Cugat, presidenta de la Diputació de Barcelona y, como tal, la voz más importante del PDEcat en el mundo local, se suman a otras hechas por otros destacados miembros del partido, como la portavoz de JxSí en la comisión sanitaria, Montserrat Candini.
La antigua Convergència no perdona a Comín que haya puesto en duda el modelo sanitario de su antecesor, Boi Ruíz, asegurando que su plan es de “desprivatizaciones”. Desde el PDEcat entienden que no se puede desprivatizar lo que nunca fue privatizado, y se quejan abiertamente del lenguaje empleado.
Pero las desavenencias entre los socios del Govern van más allá de eso. La compra del Hospital General supondría revisar la construcción de dos hospitales proyectados desde hace más de una década en Rubí y Cerdanyola, algo que no es visto con buenos ojos por los ayuntamientos de la comarca gobernados por Convergència o el PSC.
Cordón sanitario del ejecutivo
Más allá de las diferencias, ambos partidos han optado por proteger al Ejecutivo con un cordón sanitario respecto a las posturas del exterior. Tal y como hizo la semana pasada, este martes la portavoz del Govern, Neus Munté, ha vuelto a mostrar un apoyo sin grietas del Ejecutivo a Comín.
Desde el gobierno, ha explicado, consideran que la propuesta del conseller Comín de comprar el Hospital General de Catalunya “tiene recorrido”. Evitando entrar en disputas, Munté ha respondido a los periodistas que “el objetivo del gobierno es poder dar la mejor asistencia sanitaria en el territorio”. Con todo, sí ha matizado que hay que hacerlo “buscando el máximo consenso”.
Los sindicatos piden tener toda la información
La oferta de compra anunciada por Comín no cuenta, todavía, con el consenso de los sindicatos. Por su parte, UGT ve “de buena gana” la propuesta si finalmente se traduce en papel. “Ganaríamos todos ya que pasaríamos a tener un convenio SISCAT, que es mejor salarialmente y a nivel de condiciones”, asegura Carles Herrera, delegado sindical en el Hospital General. “Una asistencia de calidad y pública sería algo por lo que valdría la pena empezar a trabajar”, comenta convencido Herrera.
Más receloso se muestra Jaume Gabarró, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO de Catalunya, aunque confía en encontrar soluciones que generen consenso. “De entrada el anuncio de la compra nos generó escepticismo de que acabe sucediendo. Ya me gustaría que el Hospital General fuera un hospital público pero necesitamos tener toda la información al respecto”, apunta.
“Cada uno habla de lo suyo [dice en alusión a la información facilitada desde las distintas administraciones] por eso queremos proponer que todos los agentes implicados nos sentemos en una misma mesa y que se ponga encima de esta todo lo que hay”, avanza Gabarró. Según él, la mayor preocupación del sindicato en este momento es la incertidumbre sobre qué pasará con el personal del hospital a partir del 31 de diciembre, que es cuando termina el contrato del centro con el Servicio Catalán de la Salud.
