T-Mobilitat, la tarjeta que pretendía revolucionar el transporte público catalán y que solo acumula retrasos
El proyecto llamado a revolucionar el transporte público catalán no termina de arrancar. 2016 era el año escogido para que la T-Mobilitat iniciara su funcionamiento y tres años después el futuro de la tarjeta sigue siendo una incógnita. La Generalitat prevé ahora que en 2021 se pueda completar un proyecto que a día de hoy suscita más dudas que certezas.
La T-Mobilitat está basada en la Oyster Card londinense. Pretende aunar los más de cien títulos de viaje existentes en Catalunya en un único título unipersonal con tecnología digital, inicialmente contactless (sin contacto) y más adelante adaptable a otros formatos, como el móvil o las tarjetas de crédito. La nueva tarjeta, que sustituirá el cartón por el plástico, promete una personalización de los precios basada en la frecuencia de uso y los kilómetros recorridos y contemplará descuentos sociales y ambientales. También ofrecerá varias opciones de pago, entre las que destaca el postpago a través de domiciliación bancaria.
El proyecto de la T-Mobilitat nació hace más de un lustro. Más de 60 empresas se interesaron por el proyecto, que en 2014 se acabó adjudicando durante 15 años a SocMobilitat, una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Caixabank, Indra, Moventia y Fujitsu por 58,1 millones. A cambio, la empresa concesionaria se aseguraba una tarifa de gestión de dos céntimos por validación junto a ingresos publicitarios y un porcentaje de la venta de títulos.
A día de hoy, la información sobre el nuevo sistema de transporte que ofrece la Generalitat en su web presenta fechas desactualizadas: se indica que la prueba piloto empezaba en 2017, pero todavía no se ha llevado a cabo, como tampoco empezará este otoño la extensión de la tarjeta a todo el sistema de transporte. Consultados por eldiario.es, ni el departamento de Territorio ni SocMobilitat han querido comentar el futuro del proyecto. Sin embargo, fuentes conocedoras de las negociaciones sí ven “factible” que el proyecto cumpla con la última previsión y pueda estar en marcha en 2021.
La guerra por los datos
La llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento de la capital catalana en 2015 supuso la revisión del contrato. El motivo, la gestión de los datos de los pasajeros con el nuevo sistema de transporte, uno de los asuntos más polémicos de la T-Mobilitat. La exconcejala de Movilidad Mercedes Vidal recuerda que, tras una larga negociación, la Generalitat aceptó la gestión de los datos de los usuarios pasara de la empresa concesionaria a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), el ente público del transporte en el área de Barcelona.
“Con la renegociación del contrato ganamos control público sobre la protección de datos”, destaca Vidal. ¿Cómo funcionará la recopilación y gestión de datos de los usuarios del transporte público? La ATM registrará los desplazamientos de cada tarjeta y los guardará durante cinco años. A su vez, cada tarjeta está vinculada a los datos personales de los usuarios, de manera que las bases de datos identificarán todos los movimientos en transporte público.
Fuentes de la ATM justifican que esta recopilación de información es necesaria para poder ofrecer unas tarifas personalizadas en función de la frecuencia de uso y de la distancia recorrida por cada usuario. La modificación del contrato en 2017 blinda la gestión de esos datos y su uso comercial solo para las administraciones públicas, que quedan a cargo de la empresa pública AMB Mobilitat.
Pero desde colectivos críticos como T-Mobilitat.info, que aúna al movimiento Stop Pujades, Pirates de Catalunya, la organización Críptica y el sindicato COS en favor de la gestión pública del transporte, se lamenta que la cesión de datos será obligatoria para todo el que quiera usar el transporte público. “No existirá alternativa a dar tus datos. La excusa son los descuentos personalizados, pero existen muchas maneras de anonimizar tarjetas de viaje”, aseguran desde la plataforma.
Multas y compensaciones
Una vez modificado el uso de los datos, en marzo de 2017 la administración pública y la empresa concesionaria cambiaron el contrato original y retrasaron por primera vez el proyecto: prueba piloto en 2017, implementación de la T-Mobilitat en Barcelona en 2018 y en el resto de Catalunya, en 2019.
Estos plazos no se han cumplido. La concesionaria y la ATM se culpan mutuamente del retraso. La empresa achaca el retraso a los cambios en el contrato propuestos por las administraciones públicas, mientras que la Generalitat los vincula a falta de preparación de la concesionaria para llevar a cabo el proyecto. De ahí que el Govern multara con 120.000 euros a SocMobilitat por los retrasos.
Con todo, las compensaciones pactadas entre la ATM y concesionaria por los cambios en el proyecto compensan las cuantías de las multa impuesta. La ATM se comprometió a abonar un máximo de 12 millones de euros a la UTE por la modificación en la gestión de los datos, y otros 12 millones por el retraso asociado al mismo.
Asimismo, se especificó que el dinero saldría de los presupuestos de la ATM sin que la Generalitat o el Ayuntamiento tuvieran que desembolsar fondos propios. El nuevo calendario prevé la implementación de la T-Mobilitat en los 36 municipios más cercanos a Barcelona durante el primer semestre de 2020, en el resto de municipios controlados por la ATM en el segundo semestre y en toda Catalunya en 2021.
