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Así presionan fondos inversores a vecinos de València: “Nos echaron una hoja por la puerta para que nos fuéramos de casa”

El edificio en el que reside Sara

Carlos Navarro Castelló

Valencia —

“Hace un par de años nos echaron una hoja por debajo de la puerta en la que una financiera nos decía que teníamos que irnos de casa, algo que por supuesto no hicimos y menos con cuatro niños”.

Así relata Sara, vecina de la calle Vicente Brull 67, en el Cabanyal, el calvario que viene sufriendo junto a su pareja y sus cuatro hijos desde que el BBVA se quedó con la vivienda en la que estaba alquilada.

Según explica Sara, “dejamos de pagar el alquiler al anterior propietario cuando nos dijo que había hipotecado el piso, pero nadie del banco nos dio nunca un número de cuenta para hacer efectivos los pagos, por lo que a los meses tuvimos un juicio todos los inquilinos del edificio por impago”.

Con todo, el juez no dio la razón a la entidad bancaria puesto que los inquilinos tenían contrato en vigor: “posteriormente llegó la carta de la financiera que se ha quedado la hipoteca del BBVA en la que nos decían que abandonáramos la casa”.

Sara comenta que ellos solo quieren seguir en su casa y pagar un alquiler justo, pero “en la finca solo quedamos nosotros y una mujer mayor y no nos dan otra opción, solo quieren que nos vayamos”.

El caso de Jesús es muy similar. Lleva toda la vida viviendo en la misma calle que Sara, pero en el número 88. El piso es un alquiler de renta antigua a nombre de sus padres al que se ha subrogado y que se va prorrogando de año en año: “hace unos meses metieron una hoja por debajo de la puerta en la que decían que la empresa Barcelona Ocean View, parte del Grupo Vértice, había comprado todo el edificio y nos daban un nuevo número de cuenta para ingresar los alquileres, así como los contratos”.

Sin embargo, al no ser una notificación formal, Jesús optó por hacer los ingresos (60 euros al mes) en el juzgado, para que constara y que la empresa no pudiera acogerse a un supuesto impago.

“La única comunicación formal que he tenido con esta compañía es la carta certificada que me mandaron para pedirme los contratos de alquiler, bajo amenaza de iniciar un proceso de desahucio si no lo remitía”, asegura.

Jesús procedió a mandar toda la documentación y desde entonces, asegura que no ha vuelto a tener noticias. Según explica, “en el edificio tan solo quedan cuatro pisos habitados en régimen de alquiler de un total de ocho viviendas y a cada uno le dicen una cosa: a la de arriba le han amenazado con echarle, a la de enfrente que no se preocupe que van a arreglar escalera y a poner ascensor y a mí me finalizaba el contrato en febrero, por lo que como no han dicho nada se ha renovado un año más”.

Para este vecino del Cabanyal, “lo peor es la incertidumbre y la angustia que te crea esta situación porque realmente no estás seguro de lo que va a pasar el día de mañana y si es mejor buscar ya una alternativa y abandonar la casa o aguantar”.

Desde Espai Veïnal Cabanyal alertan de que el caso de Sara no es aislado. La entidad ha detectado en los últimos meses “un proceso en el que fondos financieros adquieren edificios enteros antiguos o en mal estado, pero en los que viven personas pagando alquileres bajos, con el objetivo de rehabilitarlos y venderlos o alquilarlos como alojamiento turístico”.

Para la entidad se trata de un claro caso de gentrificación, puesto que “en muchos casos estas operaciones supone el desalojo de las personas que llevan toda la vida viviendo en esas casas, que además tienen dificultades para encontrar otros alquileres a precios asequibles”.

Mapeo de desalojos

Desde el colectivo EntreBarris, del que forma parte Espai Veïnal Cabanyal, han elaborado un mapa interactivo en el que han señalado en el el último año 40 casos de desalojos por diversos motivos principalmente en Orriols, Benimaclet, Ciutat Vella, Cabanyal i Russafa.

Según Fran Azorín, miembro de la entidad, “las causas fundamentales de estas expulsiones son subidas de alquiler o no renovación del contrato. En segundo término, tenemos otros procesos de acoso como son los conflictos de convivencia con los pisos turísticos existentes, las presiones inmobiliarias y la falta de mantenimiento de los las viviendas”.

Además asegura que “el futuro del 95% de los pisos serán destinados o han sido destinados en apartamentos turísticos después de la expulsión”.

Sobre el mapa creado, Azorín explica que “con esta plataforma queremos visibilizar el avance de la desaparición de la función social de la vivienda hacia una hotelización del parque de viviendas; también pretende ser una herramienta de denuncia y apoyo de las personas que están sufriendo esta realidad, junto a las comisiones de afectados de la red EntreBarris presentes en los barrios y que hacen un acompañamiento directo”.

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