El acusado de 'Taula' que renunció a su abogada acepta una pena menor en la pieza de los 'zombis' que no trabajaban

El acusado que renunció inopinadamente a su abogada en el juicio de la pieza separada B del 'caso Taula', relativa a los 'zombis' contratados por la empresa pública de la Diputación de València, ha aceptado este miércoles una pena de siete meses de cárcel en una vista oral celebrada ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

Francisco Javier Cañizares, que cobró 108.344,60 euros de la empresa pública Imelsa a pesar de trabajar para el PSPV-PSOE, renunció a su defensa al inicio del juicio celebrado en enero de 2023, alegando una “indefensión absoluta” mientras que otros acusados alcanzaban un pacto de conformidad. “Me fue asignado un abogado contratado por el PSPV-PSOE con una estrategia más dedicada a exculpar a otros inculpados”, afirmó ante el disgusto de su letrada.

El tribunal decidió escindir al acusado de la causa y celebró el juicio con el resto de acusados en el banquillo. El expresidente de la Diputación de Valencia, el popular Alfonso Rus, y el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', fueron condenados a cinco años de prisión en la pieza B.

La renuncia de Francisco Javier Cañizares a su abogada propició una situación llamativa. El juicio al acusado se ha celebrado este miércoles ante la misma sección de la Audiencia de Valencia. Su nueva defensa ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por la que el acusado reconoce los hechos que se le imputaban y asume una pena inferior a dos años de prisión que le evita su entrada en prisión. También se le impone la devolución de los fondos que cobró de la empresa pública.

Cañizares ya reconoció en la primera vista oral que, lejos de trabajar en Imelsa, se ocupaba de tareas de mantenimiento para el PSPV-PSOE.