El Bloc aparta a la cogerente de Divalterra, detenida en la operación de la Diputación de Valencia

La cogerente de Divalterra y detenida el pasado miércoles en el marco de la 'Operación Alquería', Agustina Brines, ha dejado su cargo al frente de esta empresa. El otro gerente, Xavier Simón, ya ha sido destituido por los socialistas. La Ejecutiva del Bloc, partido mayoritario de Compromís y al que pertenecía la arrestada, se ha reunido de urgencia este viernes para adoptar una decisión, horas después de que Ferraz decidiera suspender de militancia al presidente de la Diputación de Valencia y a otros dos detenidos.

La Permanente del Bloc -nombre de su órgano directivo- de este viernes ha sido bastante tensa, ya que el sector crítico de la formación se negaba a apartarla.

Según ha comunicado la secretaria general del Bloc, Àgueda Micó, Brines ha informado a su partido de que ha dado este paso hasta que pueda declarar ante el juez y queden aclaradas “todas las cuestiones que la vinculan a los últimos acontecimientos” de la empresa pública Divalterra, cuya causa está bajo secreto. La exgerente fue nombrada en 2015 a propuesta de Compromís.

Los contratos de altos directivos de la empresa pública Divalterra que han motivado esta operación, mediante una fórmula que evitaba la concurrencia pública y los méritos, son alcaldes socialistas de pequeños municipios como Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el presidente de la gestora del PSPV en la comarca de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; o el exsecretario de Organización del Bloc (partido que forma parte de la coalición Compromís) y concejal de Silla, Josep Melero. Este último tiene ciertas afinidades con el sector reacio a tomar la decisión.

Compromís -integrada por tres partidos- se reúne a lo largo de la tarde de este viernes para escuchar las explicaciones de Brines y tomar una decisión sobre su carnet de militante. Compromís también debe valorar la propuesta de Toni Gaspar como sucesor de Jorge Rodríguez al frente de la Diputación de Valencia, un apoyo que irá condicionado a una reforma drástica de la gestión y el posible cierre de la empresa pública que ha sido germen de varios casos de corrupción.