El hospital del Vinalopó, del modelo Alzira, celebra 10 años con la perspectiva de ser devuelto a la gestión pública

El hospital del Vinalopó, público de gestión privada, ha conmemorado este jueves sus diez primeros años de vida. El centro, que nació para dar cobertura a la mitad de la población de Elche, así como a Crevillent, Aspe y otros municipios, ha celebrado la efeméride con la perspectiva puesta en los planes del Consell de rescatarlo para la sanidad pública, ya que su concesión concluye en 2025.

El equipo directivo del centro reunió este ajueves a medios de comunicación para hacer un balance positivo en el que no hubo sitio para las críticas a la decisión del grupo Ribera Salud, qué gestiona este modelo inspirado en su momento en el hospital de Alzira, de trasladar a 35 sanitarias a Torrejón de Ardoz donde han trabajado como voluntarias para hacer test masivos serológicos de anticuerpos para conocer la prevalencia local de COVID-19. Un macroestudio desaconsejado por el gobierno de España, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria o expertos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, entre otros.

Sí que mencionó el gerente del departamento, Rafael Navarro, la afectación de la pandemia para asegurar que tanto el hospital como los centros de salud del Vinalopó “se encuentran actualmente en la fase de recuperación de la actividad asistencial” después de la suspensión temporal de la actividad demorable para poder hacer frente a la actividad urgente que se ha saldado, de momento, con 12 fallecidos por coronavirus.

Desde hace unas semanas, el Departamento de Salud del Vinalopó ha iniciado la desescalada coincidiendo en la última semana con la marcha de los trabajadores a Madrid. Pese a ello, el centro ha mantenido que su servicio en Elche no se ha visto mermado, que poco a poco está volviendo a la normalidad “y en coordinación con la Conselleria de Sanidad”, según señala en un comunicado.

Se trata de la misma conselleria que ha desautorizado recientemente los test masivos de Ribera Salud en Torrejón de Ardoz, como indicó su titular Ana Barceló quien, sin embargo, reconoció que tanto el hospital de Elche como el de Torrevieja, ambos en manos de la gestión privada y que han protagonizado la misma práctica, podrían quedar sin sanción pese a abrirles un expediente informativo.

Las relaciones entre el Gobierno valenciano y Ribera Salud han sido cambiantes desde que, con la llegada de Gobierno del Pacto del Botánico a la Generalitat Valenciana, se materializara la reversión del hospital de Alzira tras las presiones para cumplir el programa por parte de sus socios de Compromís.

Las promesas del Botànic II no han cambiado y en cierto modo se han reforzado con la incorporación de Unidas Podemos, en la línea de la coalición valencianista. Pero las incógnitas se mantienen. La salida, primero, de Carmen Montón de la Conselleria de Sanitat para ocupar la cartera de ministra, dio “esperanza” al modelo privado valenciano en que una nueva responsable no sería tan beligerante.

De hecho, no hay más que remontarse al octavo aniversario del Vinalopó y compararlo con los siguientes. En aquel acto de 2018, el equipo directivo cargó contra la exconsellera por “la falta de diálogo”. Después llegó la alicantina Ana Barceló y las malas -o ausentes- relaciones se han venido reconduciendo al tiempo que las críticas abiertas de Ribera Salud se iban apagando.

Recientemente, Ximo Puig ha dejado entrever que la reversión del hospital de Torrevieja, cuya concesión expira en octubre de 2021 y que, si se cumplen los plazos de Alzira, debería comunicar a la empresa la decisión de acabar con la concesión un año antes, es decir, en cuatro meses, va a pasar a ser “una cuestión a analizar” por la situación económica que se abre por la pandemia.

En el caso del hospital de Dénia (Marina Salud), participada en un 65% por DKV Seguros y un 35% por Ribera Salud, el Consell aseguraba antes de la crisis por el coronavirus que estaba en la última parte del proceso de la reversión, prevista para 2024. Un año después llega el vencimiento del Vinalopó y todo parece indicar que será el siguiente gobierno valenciano el que tenga que decidir, nada más entrar, si prorroga cinco años la concesión, como podría acabar ocurriendo en Torrevieja y Dénia, o sigue el camino de Alzira, que volvió a la gestión pública.