El “señor de la basura” y el exalcalde de Orihuela intentan invalidar las escuchas de la trama Brugal para que no haya juicio

Este martes ha arrancado el esperado juicio del caso Brugal por el que se investiga a 34 personas por un posible amaño en el contrato de las basuras de Orihuela, y lo ha hecho sin sorpresas. Como estaba previsto, parte de los acusados han solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas por la Policía Nacional con autorización judicial como estrategia para dar al traste la base de las acusaciones que pesan contra ellos por una supuesta trama de cobros, sobornos, extorsión y tráfico de influencias en el epicentro de la comarca de la Vega Baja.

En concreto, ha sido el principal investigado, el empresario Ángel Fenoll -el conocido como 'señor de las basuras'- al que la Fiscalía Anticorrupción solicita 37 años y 8 meses de cárcel , y el que fuera alcalde de Orihuela por el Partido Popular durante la etapa de presunta corrupción que originó la operación Brugal, José Manuel Medina, quien se enfrenta a 12 años de prisión, los que han demandado a la sala séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, invalidar los pinchazos telefónicos.

El letrado de Fenoll, Mariano Bó, en sustitución del anterior abogado -quien renunció por enfermedad grave, retrasando el inicio del juicio varias semanas- ha protagonizado una extensa intervención en la que ha demandado la nulidad de todas las escuchas porque estas “son exentas de toda proporcionalidad, no respetando el principio de especialidad ni el de estacionalidad, y desde ese momento se produce una inquisitio generalis sobre el señor Fenoll y todos los que con él fueron investigados por acercarse simplemente al mismo, todos los aquí presentes”, ha dicho.

Bó ha añadido que las grabaciones actúan “en detrimento de la libertad fundamental” de los investigados y que suponen unas pruebas que pese a que “se tacharían después de supuestamente irregulares, ilícitas y manipuladas por la Policía y por el propio juzgado” acabarían siendo utilizadas “por el ministerio Fiscal para denunciar y posteriormente solicitar una intervención telefónica” que se prolongó durante tres años y tres meses -desde abril de 2007 a junio 2010-.

A este respecto, tanto Bó como el abogado del exregidor Medina, Germán Guillén, quien se ha sumado a la petición de que las escuchas no sean tenidas en cuenta ya que “la causa está viciada de nulidad en su totalidad”, han dejado constancia de que a su juicio el excesivo secreto de las actuaciones durante la fase de instrucción, con una duración de 36 meses -entre 2007 y 2010- les acabó perjudicando a sus clientes.

Todo en una mañana en la que la vista oral ha comenzado con 45 minutos de retraso sobre las 10 horas en una sala abarrotada donde los 34 acusados han renunciado a la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía, entre los que se encontraba la también exalcaldesa de Orihuela por el PP, Mónica Lorente, que se enfrenta a ocho años de prisión por fraude.

Por delante, esta rama del juicio del caso Brugal se prolongará hasta diciembre. Durante esta semana se seguirán planteando las cuestiones previas por las partes a las que tendrá que responder la semana que viene el Ministerio Fiscal y la siguiente la acusación particular del consistorio de Orihuela, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juicio se retoma con las declaraciones de los acusados y la práctica de pruebas a partir del 7 de mayo.

Las escuchas, decisivas

Con el inicio este martes del juicio del Brugal, comienza la investigación de unas presuntas irregularidades en la contrata de basuras de Orihuela que a su vez originó diferentes piezas separadas de supuesta corrupción en toda la provincia de Alicante, entre las que destaca el plan zona de residuos de la Vega Baja, por el está investigado entre otros el expresidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll; así como el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) para beneficiar al empresario Enrique Ortiz, implicado también en el caso Gürtel por el que se ha certificado la financiación ilegal del PP valenciano. De esta última rama la Fiscalía solicita diez años de cárcel para la ex alcaldesa Sonia Castedo y para su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos del PP.

El futuro de estos encausados podría depender de si la magistrada de la sala séptima de la Audiencia Provincial autoriza finalmente o no las grabaciones policiales. Ya en un auto de 2012 la Audiencia Provincial dio por buenos los pinchazos con respecto a las irregularidades en el PGOU. Pero los investigados llevan desde entonces reclamando que no se consideren como prueba. Sin éxito, el propio Fenoll lo volvió a intentar en el inicio del juicio en mayo de 2018 por una de las piezas derivadas del Brugal relativa a un presunto alzamiento de bienes en el grupo empresarial Autisa. El argumento, el mismo que el de este martes, que las grabaciones “fueron manipuladas por la Policía”.