El medio ambiente pagará el mayor precio de la ampliación del Puerto

El medio ambiente, representado tantas veces de color verde, se viste de rojo. Y es que han vuelto a saltar las alertas con el proyecto de ampliación del Puerto de València. Las cuentas no salen. El precio ecológico a pagar será mucho más alto que las dudosas repercusiones económicas que pueda conllevar. Con esto, el medio ambiente se prepara, apoyado por movimientos ciudadanos, para otro asalto; en este caso, al otro lado del cuadrilátero, se encuentra la postura de seguir con la política expansiva del Puerto, sustentada por actores como la Autoridad Portuaria de València (APV), la compañía MSC o los empresarios. Aun así, no se sabe cuántos golpes más podrá soportar.

La crisis de 2008 supuso un freno en la marcha del proyecto. Hoy, la ampliación del Puerto reemprende el camino de la destrucción del territorio, unas obras presupuestadas con aproximadamente 1.400 millones de euros de inversión público-privada. La polémica va en todas las direcciones y llega hasta el acceso norte, que se pretende resolver con un túnel submarino, infraestructura rechazada por colectivos vecinales y ecologistas.

Las ampliaciones anteriores han pisado fuerte y han dejado huellas de gran magnitud ambiental en el paisaje. La regresión de las playas al sur de Pinedo o El Saler, la desaparición de la playa urbana de Natzaret, así como la eliminación de la huerta de La Punta, con el objetivo de construir una zona logística, son las huellas del crimen. Los pasos de la destrucción del territorio llegan hasta el Parc Natural de L’Albufera, donde se ha producido una importante regresión de la zona de costa. Por su parte, el tramo entre El Cabanyal y Pinedo es testigo de la mala calidad del aire, que se verá agravada por las emisiones de un mayor número de camiones, barcos y grúas.  

Pero en el ring no solo compiten movimientos ciudadanos contra empresarios; el combate se produce entre los intereses del Puerto y los de la ciudad y su entorno. Diversos actores interpretan su papel en este escenario conflictivo. La determinación de la APV se enfrenta a la movilización de plataformas ciudadanas y expertos, como arquitectos, ingenieros o economistas, que exigen un debate más profundo sobre los costes y los beneficios, mientras que los responsables de la APV justifican la necesidad de ampliación aludiendo al riesgo de un colapso de capacidad a medio plazo. La Cámara de Comercio defiende la iniciativa como un motor para la economía local, que generará empleo de calidad y potenciará el sector logístico, así como Aurelio Martínez, presidente del Puerto, argumenta que se solucionará buena parte del tránsito de vehículos de la ciudad.

Las esferas empresariales apuntan el efecto significativo en la economía valenciana, pero el disparo lo recibe el medio ambiente, puesto que las externalidades superan la inversión; las víctimas colaterales son los barrios de la ciudad, con mayor pérdida es su calidad de vida. Para curar las heridas, el colectivo Comissió Ciutat-Port incide en la gran cantidad de costes sociales y medioambientales, ya que no solo se trata de los 400 millones provenientes del sector público, sino también de la construcción del túnel, que aumentaría la factura. El optimismo de los empresarios es contrarrestado con la duda de que incremente la ocupación. En los últimos años, aunque se maquille para hacer la idea más atractiva, el perfil del Puerto ha pasado a ser el de un hub, un punto de trasvase de contenedores, que se traduciría en una actividad económica con mínimo valor añadido.

En este mar de dudas, aparece la pregunta de si puede llevar a cabo una obra pública sustentada en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de hace doce años. El informe se efectuó antes de la modificación de la ley que regula las evaluaciones ambientales, en un contexto en el que no se había declarado la situación de emergencia climática, que debería tenerse en cuenta en las políticas de transporte y territorio. El nuevo proyecto portuario modifica el anterior, puesto que requiere prolongar el dique de abrigo y el traslado de la terminal de cruceros, por lo que, según un análisis de la Comissió, excede a lo autorizado en la DIA existente, razón por la cual se exige una nueva.  

La controversia se viste con diferentes colores políticos. En el PSPV-PSOE, tanto Ximo Puig, presidente del Consell, como Arcadi España, conseller de Obras Públicas, han mostrado su predisposición para estudiar fórmulas que permitan juntar en la misma ecuación la compatibilidad de la ampliación del recinto con la sostenibilidad y la protección del medioambiente. Pero el rojo no combina con el azul, ya que el PP ha alegado que el bloqueo al proyecto significaría favorecer al Puerto de Barcelona. Por su parte, la APV y Puertos del Estado (entidad dependiente del Ministerio de Fomento) respaldan el proyecto. Por otro lado, el izquierdo concretamente, la presión ejercida por actores sociales ha conseguido moldear posturas, como la de Joan Ribó, que, junto con la consellera Mireia Mollà y el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, ha reclamado un replanteamiento del proyecto ante la situación de emergencia climática, que pasa por la tramitación de una nueva DIA, lo que frenaría el ritmo de los plazos establecidos y conduciría a que MSC repensara su inversión de más de mil millones.

Desde Acció Ecologista-Agró, insisten en que la protección del territorio, al ser competencia del gobierno valenciano, le obliga a tomar medidas, unas que puedan evitar la posibilidad de acabar con cajas vacías, que guardan dentro un exceso en inversión pública, como el edificio Veles e Vents. Si se hace un balance, el medio ambiente obtiene más pérdidas que ganancias. Y es que atacarlo tendrá un precio demasiado alto. Mientras se construyen nuevas infraestructuras, se destruye la ciudad, lo que ha de cambiar si quiere conservar el verde con el que siempre se ha representado, aunque las acciones humanas dibujen un futuro más negro cada vez. Las necesidades en el área metropolitana de València no han de pasar por el Puerto, sino por una mejor red de transporte para que la capital llegue a buen puerto, uno que esté lejos de las polémicas que han atracado en el muelle, donde las aguas siguen revueltas.