El accidente de metro, la ZAL y la comunicación neoliberal
A raíz de la investigación periodística sobre el accidente del metro de Valencia supimos que el gobierno valenciano del PP había utilizado los servicios de una empresa de Comunicación (H&M Sanchis) para construir y difundir una verdad oficial sobre lo sucedido, para borrar la memoria colectiva sobre el accidente, esconder la versión de los hechos que perjudicaba a los responsables políticos de 43 muertes y 47 heridos y limpiar su imagen. Se trataba del diseño y la implementación de la #estrategiadelsilencio, de armar la estructura de un fraude, de una gran mentira a la ciudadanía para protegerse desde el poder.
No es nada nuevo, ni mucho menos. La ciudad de Valencia está sembrada de víctimas de esa política nefasta, sin principios, sin ética, y de su cómplice directo, la comunicación neoliberal. La del todo vale, solo es cuestión de precio.
No es la primera vez que en un conflicto que sacude a la sociedad valenciana interviene H&M Sanchis. No puedo evitar recordar el caso de La Punta, con más de 100 familias expulsadas de manera forzosa y acelerada de su tierra, de los hogares que levantaron sus antepasados y les vieron nacer. Casi 750.000 metros cuadrados arrasados de huerta cultivada y habitada, calificada por la propia administración que la destruyó como suelo no urbanizable de especial protección agrícola, de alto valor ecológico.
La destruyó un proyecto con nombres y apellidos pero que aún espera condena para los responsables, un convenio inicial firmado por los socialistas Josep Borrell y Joan Lerma y la alcaldesa de Valencia por el PP Rita Barberá. Un proyecto en cuyo desarrollo participaron la Autoridad Portuaria de Valencia, el ministerio de Fomento -con Camps como delegado del Gobierno dirigiendo a la policía que contenía con fiereza a los afectados mientras se ejecutaban los derribos forzosos-, el gobierno de la Generalitat Valenciana –ya en tiempos del PP- y el Ayuntamiento de Valencia.
La destruyeron contra el vecindario, contra la opinión pública, contra el criterio de la Agencia Europea del Medio Ambiente, contra los informes técnicos de la Universitat Politécnica de València y de la Universitat de València, contra las organizaciones sociales y populares defensoras del patrimonio, la cultura y el medio ambiente, contra las casi 118.000 firmas de la ciudadanía favorables a la protección de la huerta, contra el informe del Consell Valencià de Cultura, contra más de 12.000 alegaciones al proyecto inicial, contra la advertencia de los expertos que anunciaban que no era el lugar adecuado por su ubicación y dimensiones y demasiado valioso como para dedicarlo a una zona logística portuaria minúscula y antieconómica mientras en Sagunt había millones de metros de polígono industrial vacíos. Todo dio igual.
El proyecto de la ZAL enterró la huerta bajo el hormigón, pero más de una década después no ha llegado a ocuparse y ha sido anulado por sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y del Tribunal Supremo, años después de que sus antiguos habitantes hayan sido expulsados o hayan fallecido del dolor del destierro y la ciudad haya perdido un espacio natural de un valor incalculable.
Los tribunales obligan ahora a reiniciar el proceso de planeamiento desde cero y el organismo que inició y lideró el desarrollo de este inmenso desastre argumenta ahora, en palabras de Aurelio Martínez, actual presidente de la Autoridad Portuaria, que para devolver la huerta a su estado original se le debería reintegrar al puerto el coste del despropósito. Es como si te entraran a robar a casa y para recuperar lo robado tuvieras que pagar al ladrón el desplazamiento, las horas de trabajo y los daños y perjuicios.
Una vez más, como con el accidente del metro, la administración se niega a asumir que se equivocó que, en este caso, se equivocó a sabiendas y que -como tantas voces le advirtieron-, causó para nada, para tener un puñado de solares vacíos, muchísimo dolor, muchas vidas rotas y la pérdida de un patrimonio y un paisaje inigualable.
Y también allí, en aquella batalla para salvar La Punta, del lado de la Autoridad Portuaria, estuvo H&M Sanchis y su comunicación neoliberal. Esta vez el método fue #estrategiadedescrédito. Lo contó, sin ningún pudor, para mi sorpresa, uno de los directivos de esta agencia en un curso de especialización de la UNED sobre planes de comunicación. No se me olvida cómo explicó, sin pelos en la lengua, que la agencia H&M Sanchis había trabajado para el puerto de Valencia, para la campaña de expropiaciones de la ZAL, y que su estrategia de comunicación, que expuso como ejemplo de un método a seguir, había consistido en desacreditar a la masa crítica, a las organizaciones como Per l’Horta, a la asociación vecinal y otras que se opusieron firmemente a la ZAL.
Nos explicó que construyeron un relato adhoc, para situar a la opinión pública en contra de quienes nos oponíamos y desarmar de ese modo la potencia de nuestras acciones y mensajes. Lo decía satisfecho a pesar de que en realidad la administración no consiguió ganarse a la opinión pública. Simplemente ejerció su poder.
El puerto, decían, era el progreso, la modernidad, el futuro, la defensa sensata de los intereses de las personas de bien. Quienes nos oponíamos éramos los enemigos del progreso, las desarraigadas insolventes, los indocumentados, las antisistema. “No se puede ir en contra del progreso” decían algunos compañeros de la prensa. ¿Pero de qué progreso? Habrá gente que aún se acordará de aquel mantra del puerto que los medios repetían de forma acrítica: el progreso, el progreso.
Recuerdo también que en aquella clase de la UNED dije en voz alta que no utilizaría tales métodos en el ejercicio de mi profesión y el directivo de H&M Sanchis hizo uso de su método #estrategiadedescrédito, también en el aula, y me contestó que, si no era capaz de dejar a un lado mis principios, no era una buena profesional.
Estaba explicándonos unas estrategias de comunicación al más puro estilo neoliberal, ajenas a cualquier sentido de la ética, al servicio de quien paga, sin importar las consecuencias. Una comunicación sin la cual los gobiernos corruptos o aquellos que gobiernan contra la ciudadanía y a favor de los intereses de las grandes fortunas o corporaciones no podrían sobrevivir.
Durante la destrucción de La Punta, gran parte de la prensa valenciana publicó los mensajes prefabricados en los despachos de la agencia. Quienes pisamos La Punta en aquellos años a diario con el ánimo de contribuir a defenderla, estábamos perplejas de cómo hasta periodistas y cabeceras con sensibilidad social y medioambiental reproducían textos y titulares oficiales. El mensaje del puerto era sencillo y claro: el puerto es el progreso para la ciudad de Valencia, para que sobreviva el puerto es necesario construir la ZAL en la huerta, quien se opone a la ZAL se opone al progreso. Mentiras repetidas en diferentes formatos día tras día por parte de importantes medios valencianos.
Recuerdo tener que recurrir a malabarismos para que el mensaje de Per l’Horta llegara a la opinión pública. No teníamos agencia, éramos apenas dos profesionales de la comunicación, sin presupuesto, apoyando de manera voluntaria, pero con la convicción, el coraje, el impulso de quien se sabe defendiendo una causa justa.
La autoridad portuaria no escatimó recursos. Para difundir acciones de protesta tuvimos que ser cautas porque la información saltaba de algunos medios a las fuerzas de seguridad, antes de ser publicada. Apostamos por una comunicación horizontal y personal, y en todos los medios encontramos profesionales, a título personal, aliados y aliadas.
Aún así fue muy triste, que un caso tan grave como el de La Punta, nos obligara, para conseguir repercusión en medios locales, a organizar performances y acciones de guerrilla de la comunicación. Despliegues de pancartas desde el Miguelete, cartas de adhesión de personajes de prestigio internacional, sinergias con otros movimientos sociales de éste y de otras comunidades autónomas y países, quejas al defensor del pueblo, incursiones en foros municipales para desplegar pancartas de protesta, encierros o una inscripción efímera de más de 300 metros sobre el suelo de La Punta con la palabra “PATRIMONI” y un vuelo fotográfico para obtener imágenes aéreas y dar difusión. Y especialmente, presentar una ILP, la primera del PV que casi triplicó el número de firmas necesarias y que el PP se negó a tramitar en les Corts.
A La Punta vino la secreta, que no pasó desapercibida, y la brigada de información emitía informes sobre quienes conformábamos la resistencia ciudadana. Teníamos al puerto de Valencia, al Ayuntamiento y al ministerio de Fomento enfrente, pero no tuvimos miedo y tuvimos la confianza suficiente. Conseguimos sacudir a la opinión pública con un mensaje claro y potente sobre el valor de la huerta y la necesidad de proteger este enorme valor que distingue nuestra ciudad y le aporta oportunidades de sostenibilidad y una vida saludable, a pesar de una ciudad dormida, y sin facebook, sin twitter, sin whatsapp, sin apenas ediciones digitales de periódicos. Mucho antes, además, del 15M.
Y el Supremo y la ciudadanía nos dieron la razón. Pero perdimos todos porque perdimos la huerta y el vecindario de La Punta perdió su casa, sus tierras y, sobre todo, un modo de vida que era patrimonio de esta ciudad.
La comunicación neoliberal viene siendo colaboradora necesaria de las políticas antidemocráticas. Pero mientras la sociedad mayoritariamente asume la necesidad de una gestión pública, transparente y de calidad para otros servicios públicos, no se defiende la relevancia de la comunicación institucional como servicio público, un derecho constitucional, que debería ser protegido de los intereses y sobre todo de los métodos del mercado.
