El Botànic pacta una estrategia integral de prevención del juego patológico y la limitación de las casas de apuestas

PSPV, Compromís y Unides Podem han llegado a un acuerdo respecto a algunas de las enmiendas que han registrado por separado al proyecto de Ley del Juego de la Comunitat Valenciana, tras una negociación que han enmarcado en la “normalidad legislativa” y que tiene como fin lograr una norma “de máximos” que sea “modelo” para el Estado. Han subrayado que hay un “absoluto acuerdo” en los ejes fundamentales y que el Botànic está “a prueba de bombas”.

Así lo han asegurado en una rueda de prensa conjunta en Les Corts ofrecida por los ponentes de la ley de PSPV (José Muñoz), Compromís (Graciela Ferrer) y Unides Podem (Ferran Martínez), que han justificado el número de enmiendas al texto de la Conselleria de Hacienda ante la “alarma social” generada por la proliferación de salas de apuestas y dado que la ley se redactó hace dos años, decayó por la disolución anticipada del parlamento y se ha mantenido el contenido para no retrasar su tramitación.

Las enmiendas pactadas, que serán presentadas y votadas en el debate en comisión como enmiendas de aproximación, se dividen en tres pilares: prevención, regulación del mercado y publicidad del juego.

Ferran Martínez ha explicado respecto al primero de ellos que proponen cambiar el nombre de la Ley del Juego, que pasaría a denominarse Ley del Juego y de Prevención de la Ludopatía en la Comunitat Valenciana. Tendría, además, un título dedicado a esa prevención y se incorpora a la comisión de seguimiento para el juego a representantes de la sociedad civil.

También se contempla una estrategia integral para la prevención del juego patológico bajo la dirección de Sanidad y con la implicación de otras consellerias.

En cuanto a la regulación del mercado, Graciela Ferrer ha explicado que han acordado que la distancia mínima entre locales de juego y bares que tengan máquinas tragaperras y centros educativos, sanitarios y recintos deportivos debe ser de 850 metros. En sus enmiendas individuales, el PSPV planteaba que fuera de 700 metros, mientras que Compromís y Unides Podem la establecían en 1.000.

Además, proponen la eliminación de máquinas de apuestas en recintos deportivos y en todos los locales de hostelería y una moratoria de cuatro años para nuevas autorizaciones tanto de locales como de explotación de máquinas tragaperras. Las restricciones, y la eliminación en el caso de las máquinas de apuestas, se efectuarán conforme vayan acabando las autorizaciones que están ahora mismo en vigor.

En el ámbito publicitario, José Muñoz ha apuntado que han intentado ser lo más rigurosos posible atendiendo a la seguridad jurídica y el ámbito competencial. Han acordado la restricción de la publicidad en el ámbito autonómico y de los operadores de juego que tienen autorización autonómica, así como la prohibición de toda publicidad estática que promueva o anuncie lugares de juego.

Plantean prohibir anuncios del juego en los medios públicos titularidad de la Generalitat e incentivos fiscales para los medios privados que realicen campañas de prevención y lucha contra la ludopatía.

Sobre el aumento de fiscalidad sobre el juego para reducir el importe de los premios como planteaba el PSPV, Muñoz ha explicado que queda viva por separado para ser debatida y ha defendido que el objetivo es compatibilizar una actividad que es legal y la seguridad jurídica de los locales sin que se produzca un juego patológico.