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La izquierda busca otro mandato en Castelló para completar el cambio de modelo de ciudad

Los representantes de Compromís (Enric Nomdedéu), PSPV (Amparo Marco) y Castelló en Moviment (Xavi del Señor), durante la firma del Pacte del Grau en 2015

Borja Ramírez

De las elecciones de 2015 surgió el Pacte del Grau -formado por PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo de Castelló en Moviment (CsenMov)- con un mandato claro por parte de los castellonenses: dejar atrás los 24 años de gobierno del Partido Popular, que habían convertido el nombre de la capital de la Plana en un sinónimo de corrupción expuesto en los medios de comunicación de todo el país. El Pacte del Grau, con la socialista Amparo Marco a la cabeza, ha devuelto a la ciudadanía la confianza en sus instituciones. Los últimos cuatro años se han traducido en avances en materia de transparencia, la apuesta por la educación, la lucha por la igualdad o la recuperación de la memoria histórica.

El terremoto político que supusieron los escándalos de corrupción en Castelló, y sus réplicas en el resto de la Comunitat Valenciana, supusieron el desmoronamiento de la hegemonía que el Partido Popular había mantenido en la provincia durante más de dos décadas. El popular Jose Luís Gimeno, que ostentó la alcaldía desde 1991 hasta 2005, se asoció, a los cuatro meses de abandonar el cargo, con dos conocidos empresarios de la construcción con intereses en el sector público y privado. El último alcalde popular, Alfonso Bataller (2011-2015), investigado por la trama Púnica, fue recientemente acusado por la Guardia Civil de amañar contratos municipales junto a Juan José Pérez Macián, aún en el Ayuntamiento.

Si extrapolamos los resultados que obtuvieron los partidos del Pacte en los comicios autonómicos del pasado 25 de abril, la mayoría progresista se revalidaría por un margen menor que el de 2015 frente a un bloque de derechas que ahora incluye a Vox. El PSPV-PSOE, que se sitúa como la fuerza más votada, podría ganarle las municipales -por primera vez desde 1991- a un Partido Popular de Begoña Carrasco en horas bajas. Compromís obtendría mejores resultados que en los últimos comicios, pero CsenMov –ahora Unides Podem- no lograría revalidar el resultado de hace cuatro años.

Un nuevo tipo de política

La firma del Pacte del Grau supuso la arriesgada apuesta por la conformación de un gobierno de coalición en minoría –suma de los siete concejales obtenidos por el PSPV-PSOE y los cuatro de Compromís- que requerían de los apoyos puntuales de los cuatro concejales de CsenMoviment, agrupación asamblearia compuesta por Podem y Esquerra Unida.  El pacto, además, incluía 480 puntos que el gobierno se comprometía a cumplir y la firma de un estricto “código ético” reflejo de su tiempo, que pondría, años después, a los socios de gobierno en un aprieto a cuenta de los valencianistas Ali Brancal y Enric Nomdedéu.

El balance de los últimos cuatro años se salda con 231 de estas promesas llevadas a cabo y otras 165 puestas en marcha, lo cual conforma más del 80% del total, según el consistorio. Por el camino han quedado, por falta de voluntad o tiempo, 84 promesas sin cumplir. La evaluación general por parte del equipo de gobierno ha sido muy positiva, con la aprobación de medidas como el polémico rescate del topónimo de la ciudad en su valenciano original. No obstante, admiten que todavía queda trabajo por hacer en cuestiones medioambientales, de accesibilidad o de vivienda.

Los socios de gobierno han puesto en valor el trabajo que desde el Consistorio se ha realizado para darle la vuelta a una administración que consideran estaba “prácticamente paralizada por un PP que solo perseguía en su proyecto tener el poder y como ejemplo está el Plan General, totalmente abandonado”.

Planificación urbana sostenible y de género

Los años del Grau también se han traducido en la aprobación de la parte estructural del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual apuesta por un nuevo modelo urbanístico centrado en la ciudad compacta. Entre los puntos fuertes del proyecto se encuentran la racionalización del uso del territorio y de los recursos, así como la posibilidad de un crecimiento contenido del suelo urbanizable capaz de dar respuesta a las necesidades reales de suelo residencial, industrial y terciario. El nuevo PGOU establece, además, la infraestructura verde como elemento vertebrador y cohesionador del territorio.

Uno de los puntos centrales del nuevo plan será la apuesta del Ayuntamiento por un modelo de plan general basado en la perspectiva de género. Tal y como explica Eva Álvarez, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y una de las técnicas externas que están evaluando la incorporación de la perspectiva, “el urbanismo de género no es hacer una ciudad para mujeres sino que al hacer una ciudad más femenina al final sale ganando la mujer, pero en el fondo se está beneficiando a toda la población, tiene un carácter global”.

Lucha contra los símbolos de la dictadura

Las políticas de la Memoria Histórica han sido uno de los puntos fuertes de estos últimos cuatro años en los que el Consistorio, a pesar de la férrea oposición de un Partido Popular que ha contado con la complicidad de Ciudadanos,  ha conseguido impulsar grandes avances en materia de políticas contra el olvido. Especialmente remarcable ha sido la apertura de las fosas comunes ubicadas en el Cuadro civil del Cementerio de San José en Castellón, así como la recuperación y devolución a sus familias de los restos de hasta diez represaliados del franquismo –siete de ellos todavía en proceso de localización-.

Durante el pasado año, el Ayuntamiento aprobó en pleno la retirada de la cruz franquista del parque de Ribalta a pesar de los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos. No obstante, y pese a que el decreto estaba ya publicado en el Boletín Oficial de la provincia, la retirada fue paralizada por orden judicial ante la denuncia de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos. Que finalmente se acabe por implementar esta y muchas otras medidas de la recuperación dependerá del futuro gobierno municipal que surja de las urnas el próximo 26 de mayo.

Revisión feminista de las fiestas

Una de las medidas con más mediáticas adoptadas por el Consistorio fue la prueba, durante las fiestas de la Magdalena de este año, de la opción de paradas “a demanda” -solo de bajada- para mujeres en los buses de horario nocturno. La medida de carácter feminista se puso a prueba en cuatro de las líneas nocturnas y estaba pensada para  que las mujeres que fuesen solas o acompañadas de otra mujer pudiesen solicitar bajar fuera de las paradas oficiales en el punto más cercano a su destino dentro del recorrido de la línea de autobús y evitar paradas alejadas de sus residencias o situadas en zonas desprotegidas o mal iluminadas.

La nota discordante sería el intento del Ayuntamiento en 2017 por impulsar la celebración de un Congreso Magdalenero con el objetivo de forzar una revisión y actualización de las fiestas, sacando adelante iniciativas que propiciasen la igualdad y repensasen el papel de las mujeres en las festividades. El intento acabó en fracaso y la fuerza de los sectores conservadores consiguió evitar la implementación de reformas.

La unidad del Pacte puesta a prueba

El último pleno del pasado 2018, en el que el Grupo Municipal Socialista dejaba caer con su abstención a la vicalcaldesa Ali Brancal, de Compromís, fue quizá el más tenso de los últimos cuatro años y en él se puso a prueba la unidad de los socios de gobierno. Ni las negociaciones ni la mediación del conseller de Educación, Vicent Marzà, consiguieron evitar la destitución y la puesta en peligro de la confianza del presente gobierno y, en palabras del alcaldable de Compromís, Ignasi Garcia, “también de los que vendrán”.

Brancal está implicada junto al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, en la querella presentada por el popular Juan José Pérez Macián - recientemente acusado por la Guardia Civil de amañar contratos municipales-, por una supuesta utilización en las últimas elecciones europeas del correo del Ayuntamiento para enviar propaganda electoral.

A principios de mes, la apertura por parte de la jueza del Juzgado de Instrucción número dos de Castellón de los catorce sobres aportados por el Partido Popular reveló que, tal y como manifestaban los populares, estos contenían papeletas electorales de los comicios de 2014.

Si se cumplen las proyecciones de las encuestas, y a pesar de la voluntad de Amparo Marco de gobernar en solitario, el Pacte del Grau se repetiría con un mejor resultado para PSPV-PSOE y Compromís y un ligero descenso en los apoyos de Unides Podem –que vería recortados sus concejales a la mitad-. Mientras, Ciudadanos, el gran beneficiado del bloque de derechas por las encuestas, intenta recomponer un partido hecho jirones; el PP maniobra para frenar la sangría y Vox continúa buscando la presencia que cree tener.  

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