La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) acordó este miércoles presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Diputación de Castellón por el impago de facturas por valor de 531.000 euros de la organización del torneo de golf Castellón Masters Costa Azahar en el año 2008.

torneo de golf Castellón Masters Costa Azahar

Ese año la SPTCV, ente público de la Generalitat que entonces gobernaba Francisco Camps, firmó un convenio con la Diputación de Castellón, cuyo presidente era Carlos Fabra, para la celebración de un torneo de Golf en el club de campo de Mediterráneo, en Borriol, según ha indicado la Generalitat.

De la organización de aquel torneo derivan unas facturas todavía impagadas, por lo que desde el Gobierno valenciano se ha instado en diversas ocasiones a la Diputación de Castellón, presidida por Javier Moliner, requiriendo que se atienda este pago, del que el ente provincial no se ha hecho cargo hasta la fecha y “se niega a asumir”, según las fuentes.

Por ello, previo asesoramiento de la Abogacía de la Generalitat, el consejo de administración de la SPTCV ha decidido emprender la vía legal e interponer un recurso contencioso-administrativo con el fin de poder cobrar estas facturas comprometidas en su día por las citadas administraciones.

El director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, Antonio Rodes, ha señalado que se han presentado varias reclamaciones a la Diputación de Castellón instando al pago de esta deuda pendiente, que no han tenido éxito, lo que muestra “una total deslealtad” con el Gobierno de la Generalitat.

“Ante esta total falta de compromiso por parte de la Diputación de Castellón -ha añadido Rodes- no nos queda más opción que recurrir a la vía judicial para poder saldar esta deuda pendiente, porque nuestra obligación como garantes de lo público es defender los intereses de todos los valencianos y valencianas”.

El actual Gobierno de la Generalitat ha respondido a los compromisos adquiridos en etapas anteriores, lo que ha supuesto “tensar gravemente” los recursos de la SPTCV, según Rodes, que ha dicho esperar que el resto de administraciones actúe “con la misma lealtad institucional”.